Este miércoles se ha conocido la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Una situación ante la que las principales asociaciones de fiscales no han tardado en posicionarse.
Ante esta noticia, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha asegurado que hoy «es un día triste para nuestra carrera y la institución quye representamos en cumplimiento de los principios de imparcialidad y legalidad».
«La imputación de García Ortiz arroja, lamentablemente, dudas sobre su actuación al frente de la FGE», ha destacado. Dudas que afectan «de manera intolerable a la institución».
Así pues, denuncia Dexeus que “nunca hubiésemos imaginado que la institución podría encontrarse en una situación tan crítica y lamentable en la que quien la dirige se encuentra investigado en causa penal”.
En este sentido, Dexeus asegura que “sin perjuicio de defender el principio de presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz – como el de cualquier otro ciudadano- la AF considera que no puede mantenerse en el cargo si valora la dignidad de la carrera fiscal, de la fiscalía, de la institución garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos”.
Una condición de investigado que afecta a todos los fiscales, según la AF
“Los fiscales tenemos una serie de incompatibilidades específicas así como un código ético propio que nos exige un plus de imparcialidad y de probidad”- ha declarado.
Una realidad que se encuentra reflejada en el propio reglamento fiscal. “Nuestro reglamento, aprobado en 2022, prevé la posibilidad de que el fiscal ordinario sea separado del cargo en el caso de que se le incoe una causa penal y ello en beneficio de la apariencia de imparcialidad y de honradez de la institución.”- ha explicado.
Situación que también ha valorado la decana, en relación a la labor de los fiscales. «¿Qué apariencia de imparcialidad podrá tener el fiscal que emita informes en las actuaciones referidas al FGE, si este es su superior jerárquico y sigue dependiendo del mismo?. Lo que se va a valorar en los tribunales es la actuación concreta del FGE y si se ha excedido en las funciones que representa. Que el fiscal general se ampare detrás de la institución es inadmisible”, han denunciado.
En esta línea que apunta la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, el comunicado emitido por la Comisión Ejecutiva también denuncia que “la condición de investigado de quien dirige el Ministerio Fiscal genera una tensión sin precedentes en la institución y erosiona la credibilidad de la actuación de quienes la representamos, cerca de 3000 hombres y mujeres, diariamente con vocación,”. Y denuncian que “revertir esta anomalía, recuperar el respeto a nuestro trabajo, requiere la dimisión como paso inevitable e imprescindible”.
