Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado total apoyo al Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, tras haber sido imputado esta mañana por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos del que le acusa la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Asimismo, han explicado que están muy preocupados por la «presión y el desgaste al que, no sólo figura el FGE, sino la institución del Ministerio Público en su conjunto» a la que están «siendo sometidos». Una presión que seguramente «se verá notablemente incrementada en los próximos meses» tras la decisión del Supremo. Por lo que han llamado a la prudencia y a la moderación respetando «la presunción de inocencia y a la función constitucional ejercida por los fiscales».
«Nuestra postura se funda en nuestro leal y firme compromiso de defensa de una institución constitucional de capital importancia como es el Ministerio Fiscal», ha detallado el secretariado de la UPF en un comunicado.
Por otro lado, UPF ha mostrado respeto a la decisión judicial tomada por el Alto Tribunal teniendo en cuenta, «como muy bien indica la resolución en su motivación, que dicho pronunciamiento en modo alguno implica desvirtuar la presunción de inocencia de la que goza, como cualquier ciudadano, el Fiscal General del Estado».
Pero han mostrado, «de forma sosegada pero firme» su «total discrepancia con la argumentación que ha llevado al TS a tomar la decisión de atribuir la condición de investigado al FGE».
Defienden que la nota informativa de la fiscalía de fecha 14 de marzo de 2024, se enmarcaba en la obligación del Ministerio Fiscal de proporcionar a la ciudadanía una información veraz conforme al artículo 4.5 del Estatuto del Ministerio Fiscal. «Venía a aclarar las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación con anterioridad a dicha nota. Sin aportar o revelar ningún dato que no fuera ya conocido por la opinión pública».
