La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) acaba de pedir la dimisión del Fisca General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, tras haber sido imputado por el Tribunal Supremo esta misma mañana. En concreto, por un presunto delito de revelación de secretos del que le acusa Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Esta imputación se trata de una medida inédita, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.
Según detallan en un comunicado, al conferirle la condición de investigado, se da lugar a la pérdida de consideración de jurista de reconocido prestigio que exige el artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Consideran incompatible su cargo con ser imputado por la Sala Segunda.
A su juicio, ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público. «No es posible que pueda continuar ni un minuto más en este puesto, dirigiendo la institución en toda España, pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier Fiscal y en cualquier asunto».
Mantenerle en el cargo es «deteriorar gravemente nuestro Estado de Derecho»
«Mantener un Fiscal General del Estado con la condición de investigado como posible responsable de un delito es deteriorar gravemente nuestro Estado de Derecho», han declarado.
El artículo 145 del Reglamento del Ministerio Fiscal establezca establece que «la persona titular de la FGE podrá acordar motivadamente, con arreglo a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, previa audiencia del interesado y de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal, la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal”.
Para APIF, esto significa que cualquier Fiscal en España podría ser suspendido en el ejercicio de su función si se sigue un procedimiento penal contra él, salvo que sea Fiscal General del Estado. «Esta situación no tiene ningún sentido».
De modo que consideran que es urgente modificarlo para incluir una nueva causa de cese al FGE.
