El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado definitivamente este jueves la multa de 1.060 millones impuesta en 2009 por la Comisión Europea al fabricante de microprocesadores Intel por abuso de posición dominante y que fue durante una década la mayor sanción de la UE por un caso de monopolio.
El fallo de hoy, que desestima el recurso de casación presentado por el Ejecutivo comunitario, pone fin a una larga batalla judicial sobre una multa que tardó 10 años en ser superada, cuando el Ejecutivo comunitario impuso otra de 2.400 millones de euros a Google también por abuso de posición dominante.
En concreto, Bruselas acusó a la tecnológica estadounidense Intel de haber abusado de su posición de dominio en el mercado de microprocesadores x86 al conceder descuentos por fidelidad a sus clientes y a un distribuidor de ordenadores de mesa.
El conflicto parecía inclinarse del lado de la Comisión Europea en una sentencia de 2014 que rechazó los argumentos de Intel contra la multa, pero el TJUE ordenó en un fallo emitido tres años después revisar el caso.
«test del competidor igualmente eficiente» sobre Intel
Ya en 2022, el tribunal europeo de primera instancia dio la razón por primera vez a la compañía estadounidense y este jueves, en el último capítulo de la saga, el TJUE confirma la anulación de la multa en una sentencia que rechaza todos los argumentos de Bruselas.
En particular, los jueces validan el análisis hecho en primera instancia sobre el llamado «test del competidor igualmente eficiente» que había efectuado la Comisión para sustentar la multa y que «adolecía de vicios de procedimiento, de errores de Derecho y de una desnaturalización de las pruebas».
En todo caso, Bruselas reabrió el caso en septiembre del pasado año con la imposición de una multa de 376 millones a Intel que se correspondía a unas prácticas anticompetitivas desarrolladas por la compañía únicamente entre noviembre de 2022 y diciembre de 2006.
Las autoridades comunitarias acusan a Intel de realizar pagos durante este periodo de tiempo a tres fabricantes de ordenadores (HP, Acer y Lenovo) a fin de «detener o retrasar el lanzamiento de productos específicos que contienen microprocesadores x86 de formas competidoras», así como de «limitar los canales de venta disponibles de estos productos».
Según la interpretación de los servicios europeos de Competencia, esta práctica concreta no quedó anulada por la sentencia de 2017 por la Justicia europea, pero también esta decisión ha sido elevada a los jueces comunitarios por Intel y el caso todavía debe ser resuelto.
