El magistrado de las Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, ha dictado hoy un auto en el que incoa las correspondientes diligencias previas.
Ha requerido a Álvaro García Ortiz para que designe abogado y procurador que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión.
En la misma resolución, da traslado a las acusaciones populares personadas, que son Fundación Foro Libertad y Alternativa, Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que, en el plazo común de cinco días, se pronuncien sobre su posible agrupamiento como permite el artículo 109.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Según Europa Press, será la misma Abogacía del Estado la que se haga cargo de la defensa del fiscal general del Estado en este procedimiento judicial.
Por otro lado, el instructor deja pendiente de pronunciamiento, que resolverá en resolución aparte, las diligencias que ha pedido practicar Alberto González Amador (acusación particular) así como la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que ha solicitado Manos Limpias.
Hay que recordar que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha tomado la decisión de personarse en la causa como acusación. Consideran que, al no renunciar García Ortiz a su cargo, se privaba a la Sala Segunda del Tribunal Supremo de contar con un Ministerio Fiscal que actúe bajo al principio de imparcialidad, tal como impone la Constitución Española.
La Asociación ha tomado la decisión de que sea el despacho de Frago & Suárez Abogados el que los represente. Juan Antonio Frago, ahora abogado, es exfiscal y, en su día, fue presidente de APIF. El equipo está formado también por Verónica Suárez García, Alvaro Bernad Sánchez y Napoleón Cánovas Fernández.
