Un preso diabético a punto de morir por supuesta negligencia médica huye de la cárcel y denuncia la grave desatención que ha vivido
Juan Antonio Rodríguez Flores con su hijo. Actualmente es un prófugo de la Justicia. Asegura que solo regresará a la cárcel si se le garantiza una adecuada atención médica. Foto: FI.

Un preso diabético a punto de morir por supuesta negligencia médica huye de la cárcel y denuncia la grave desatención que ha vivido

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04/11/2024 05:33
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Actualizado: 03/11/2024 16:54
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Juan Antonio Rodríguez Flores, de 43 años, casado y padre de tres hijos, asegura que su vida ha sido destrozada en prisión. No ha sido por la dureza de la pena que cumple, como preso, por un delito económico, ni por el sistema penitenciario en general.

Asegura que el daño proviene directamente de algunos directivos de los centros donde ha estado, y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias es, subsidiariamente, responsable.

Hace aproximadamente un mes, durante uno de los permisos que solía disfrutar sin problemas, tomó una decisión drástica: no volver a la prisión. Desde entonces, se ha mantenido escondido en un lugar que mantiene en secreto.

Está prófugo, y según relata a Fuentes Informadas, ha sido víctima de una serie de malos tratos y negligencias por parte de ciertos responsables penitenciarios. Hasta el momento de su fuga, había disfrutado de 16 permisos sin ningún incidente, pero la falta de atención médica adecuada ha sido el motivo determinante de su huida.

Rodríguez Flores padece diabetes y una úlcera en el pie, y afirma que en prisión estuvo a punto de perder la vida debido a lo que considera una cadena de negligencias y desidia médica. Esta situación le ha dejado secuelas permanentes. Ingresó en la cárcel el 16 de diciembre de 2018, con una condena de ocho años por un delito económico.

En aquel momento, era un hombre sano y deportista, pero hoy tiene reconocido un 75% de discapacidad por la Comunidad de Madrid. Afirma que esto se debe a la atención médica deficiente que ha recibido en los diferentes centros penitenciarios en los que ha estado.

Él defiende que, como cualquier persona, el preso tiene derecho a recibir atención médica adecuada. No obstante, asegura que sus necesidades médicas fueron repetidamente ignoradas.

Uno de los episodios más graves comenzó con un golpe en la pierna, que con el tiempo derivó en dolor intenso y síntomas como fiebre y mareos. Pasaron semanas hasta que finalmente le diagnosticaron una septicemia, una infección grave que ya se había extendido por su cuerpo.

Fue entonces cuando, por primera vez, lo trasladaron a la unidad de presos del hospital Gregorio Marañón, donde ingresó en estado crítico y pasó varios días en coma. Allí le diagnosticaron diabetes y lograron detener la infección.

Sin embargo, al recibir el alta, el informe médico detallaba la necesidad de una dieta rigurosa y una medicación constante, aspectos que, según él, no fueron controlados en la cárcel.

Un grupo de enfermeras de un centro de salud de Madrid tratan la herida que el interno, diabético, tiene en su pie. A la derecha, estado en que se halla la uña del interno. Foto: FI.

FALTA DE SEGUIMIENTO MÉDICO

Sostiene que esta falta de seguimiento agravó su condición y terminó con secuelas como un glaucoma, sordera parcial y una cojera debida a una prótesis de titanio en el fémur, que le implantaron después de que la infección afectara gravemente su pierna.

Según su testimonio, fue esta falta de atención médica lo que le llevó a tomar la decisión de no regresar al centro de Navalcarnero tras su último permiso.

Dice que, durante las visitas a médicos de la prisión, solo le recetaban analgésicos para el dolor, que seguía empeorando sin un tratamiento adecuado. Juan Antonio cuenta que había estado semanas quejándose sin que se le atendiera de forma eficaz.

En la mayoría de prisiones, explica, los médicos tienen un horario limitado de consultas y los internos deben hacer largas colas para ser atendidos. Sin embargo, lograr una cita no es sencillo, ya que solo atienden a los primeros quince de la fila.

Tras sufrir un mareo, fue ingresado en el hospital y los médicos lograron estabilizarlo, aunque con secuelas graves debido a la tardanza en el tratamiento. Desde entonces, su vida en prisión ha sido una lucha por recibir atención médica adecuada.

Cuando estuvo hospitalizado, recibió un diagnóstico de diabetes y los médicos le advirtieron sobre la necesidad de seguir una dieta y un tratamiento estricto.

Sin embargo, al regresar al centro penitenciario, Rodríguez Flores asegura que el «caos reinante» en el sistema penitenciario hacía imposible seguir ese tratamiento, y sus condiciones empeoraron rápidamente.

Desesperado, decidió no regresar a Navalcarnero hasta que su úlcera, que sigue tratando fuera, haya mejorado lo suficiente.

La situación se complica, según relata, debido a la actitud de algunos directivos de las prisiones, quienes muestran desprecio hacia aquellos internos que presentan quejas o interponen recursos judiciales.

Este “castigo” no escrito, cuenta, es conocido entre los reclusos. Juan Antonio, que además ha aprovechado su tiempo en prisión para estudiar Derecho con buenas calificaciones, ha experimentado en carne propia este estigma.

A modo de ejemplo, recuerda un episodio en el que, poco antes de salir de permiso, fue trasladado a otra cárcel sin previo aviso, lo que le hizo perder ese permiso que ya había sido aprobado.

TRASLADOS CONTINUOS DE PRISIONES

Además de sus problemas de salud, Rodríguez Flores ha sufrido constantes traslados entre prisiones en Madrid, una práctica que, según él, se usaba para obstaculizar su derecho a reclasificación, al menos cada seis meses.

Desde que superó la infección, su diabetes sin control le ha causado otras afecciones, como glaucoma, pérdida parcial de audición y la necesidad de una prótesis de titanio en el fémur, que se dañó debido a la infección inicial.

Todo ello, afirma, es resultado directo de la falta de atención médica adecuada en prisión.

En sus palabras, la situación de la atención sanitaria en prisión es insatisfactoria. Cuenta que solo ha podido acceder a citas en el hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares gracias a la intervención de su familia. Pero incluso en esas ocasiones, a veces no era trasladado por excusas como la falta de escolta policial, lo que complicaba aún más su situación médica.

Declara que quiere cumplir los dos años restantes de su condena, pero teme las represalias que pueda sufrir al regresar, como el aislamiento o la cancelación de futuros permisos.

«Solo me quedaban dos años, pero mi salud es lo primero», afirma.

Está dispuesto a reincorporarse la próxima semana, siempre y cuando la situación médica en el centro le permita seguir cuidando de su salud, ya que teme no recibir la atención necesaria para tratar la úlcera que aún tiene en el pie.

Admite que cometió un error que lo llevó a esta condena, y que asume la privación de libertad como una consecuencia. No obstante, le indigna que, además de esta pena, deba enfrentar otra que considera injusta: el deterioro de su salud.

Este «castigo adicional» no debería haber sucedido, subraya.

Recuerda especialmente el tiempo pasado en la prisión de Alcalá Meco, bajo la dirección de José Comerón, conocido entre los internos como “Don Pepe”.

Opina que la gestión de este director ha sido desastrosa. Menciona la fuga de un preso peligroso conocido como “El Pastillas” y el suicidio de un enfermero, a quien, según este interno fugado había tratado con desprecio.

ese a los problemas en el centro, Comerón continúa en su puesto, lo que Rodríguez Flores atribuye a su relación cercana con el secretario general de Prisiones. Este trato, denuncia, es solo una de las tantas situaciones que él y otros presos enfrentan en el sistema penitenciario.

A pesar de los riesgos que implica, está dispuesto a regresar a la prisión para cumplir con su condena.

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