Telefónica ha ganado un arbitraje de 379,8 millones de dólares (357,9 millones de euros) más intereses del 5% por concepto de compensación por los daños ocasionados contra la República de Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El tribunal del Ciadi ha considerado «que Colombia incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones de Telefónica», con la condena a pagar la referida cantidad, a la que también se añadirá el pago de intereses compuestos anualizados desde 2018, en el entorno al 5% anual (alrededor de 120 millones de euros), así como las costas judiciales, que pueden rondar los 22 millones.
De esa forma, los ingresos extraordinarios de Telefónica en Colombia por este laudo rondarán los 500 millones de euros.
Colombia «incumplió con su obligación de otorgar un trato justo»
El tribunal arbitral internacional compuesto por un panel de tres miembros ha considerado que el país sudamericano «incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones» de la multinacional española.
Representación legal
La representación de Telefónica la ha ejercido el despacho White & Case, con sede en Washington y en Madrid, mientras que el estado de Colombia contrató los servicios del bufete parisino Dechert, por encargo de la Dirección de Inversión Extranjera, Servicios y Propiedad Intelectual, Colombia y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Bogotá.
El equipo de White & Case que ha llevado el caso ha sido liderado por el socio de Arbitraje Internacional Rafael Llano (Ciudad de México), junto con los socios Juan Manuel de Remedios (Madrid), Marièle Coulet-Diaz (Ciudad de México) e Ignacio Madalena (Madrid).
Origen de la disputa
La disputa surgió de la aplicación por parte del Estado colombiano de diversas medidas para obtener la reversión de activos relacionados con el negocio de telecomunicaciones de Telefónica en Colombia.
Como consecuencia de dichas medidas, Telefónica se vio forzada a pagar al Estado colombiano la cantidad de 379,8 millones de dólares (357,9 millones de euros) en 2017.
Entonces, «Telefónica argumentó que las medidas que llevaron a dicho pago, incluyendo las adoptadas por parte de la Corte Constitucional colombiana y otras entidades, fueron implementadas en violación del APPRI (Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones)».
