El proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad ya está en la Cámara Baja desde hace un mes. Foto: Confiegal.
La nueva ley de sostenibilidad empresarial: ¿una revolución para la transparencia o un desafío estructural?
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17/12/2024 09:36
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Actualizado: 17/12/2024 14:19
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El Gobierno ha dado un paso significativo hacia la transformación del modelo económico español con la presentación del Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, que transpone la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), recogida en la Directiva (UE) 2022/2464, y que ya está en el Congreso de los Diputados.
Pero, ¿qué implicaciones reales tiene esta normativa en el tejido empresarial español? ¿Estamos ante una herramienta decisiva para el futuro sostenible de las compañías o un desafío que podría sobrepasar a muchas empresas, especialmente a las pequeñas y medianas?
Este nuevo marco legal supone un cambio estructural en la manera en que las empresas deben informar sobre su impacto en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG). No es una cuestión menor: la transparencia en sostenibilidad ya no será una opción voluntaria ni un recurso de marketing corporativo; será una exigencia verificable.
La obligatoriedad de esta normativa se extiende a todas las grandes empresas, independientemente de si cotizan en bolsa o no. Para las PYMES cotizadas, los requisitos serán menos estrictos, pero el reto persiste. Las microempresas, en cambio, quedan exentas.
Aun así, cabe preguntarse: ¿están preparadas las medianas empresas para afrontar esta ola regulatoria que exige una exhaustiva transformación interna?
El doble prisma: materialidad financiera y de impacto
Uno de los pilares más innovadores de la ley es el enfoque de doble materialidad, un concepto que, aunque técnico, redefine cómo se evalúan los impactos sostenibles.
Desde una perspectiva financiera, las empresas deberán analizar cómo factores externos —como el cambio climático o los riesgos sociales— afectan su situación económica, sus resultados y su valor a largo plazo. Pero no termina ahí.
La materialidad de impacto añade una segunda dimensión: ¿cómo influyen las actividades, productos y servicios de la empresa en el planeta y en la sociedad?
Este enfoque obliga a las empresas a rendir cuentas de sus acciones, no solo desde una lógica económica, sino ética. Una fábrica contaminante, un modelo de negocio que afecta los derechos laborales o un producto que genera residuos insostenibles, ¿podrán seguir ignorando sus consecuencias?
La normativa exige también que la información presentada sea sometida a una verificación independiente. No será suficiente con ofrecer datos; habrá que demostrarlos. La responsabilidad de esta tarea recaerá en auditores o prestadores acreditados, cuya supervisión será clave para evitar fraudes o maquillajes de datos.
El proceso será progresivo: comenzará con un alcance limitado, pero evolucionará hacia una verificación rigurosa. En este sentido, el papel del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) será crucial, ya que supervisará la calidad del proceso y regulará el registro de los verificadores.
El papel de la inteligencia artificial
La implementación de esta ley llega en un momento en el que la inteligencia artificial (IA) emerge como una posible aliada. Automatizar la recopilación y análisis de datos será clave para las empresas que busquen cumplir con las exigencias de manera eficiente.
Herramientas basadas en IA no solo acelerarán estos procesos, sino que también facilitarán la detección temprana de irregularidades y errores, garantizando datos más precisos y fiables.
Pero antes habrá que solucionar las dudas sobre la privacidad y la ciberseguridad. Una vez que se hayan disipado podría ser una puerta de entrada para la transformación digital de la auditoría y la transparencia corporativa.
Vientos europeos
La aprobación de esta normativa no es un hecho aislado. Se enmarca en un compromiso europeo más amplio, con el objetivo de lograr la neutralidad climática en 2050, en línea con el Acuerdo de París.
Las empresas deberán informar no solo sobre la resiliencia de sus modelos de negocio frente a riesgos de sostenibilidad, sino también sobre sus planes concretos para alcanzar la neutralidad climática.
Pero, mientras los gigantes empresariales cuentan con los recursos necesarios, ¿cómo se adaptarán las PYMES? Aunque la normativa puede parecer onerosa, también ofrece oportunidades significativas: mejora de la confianza de inversores y consumidores, acceso a financiación sostenible y fomento de la innovación y eficiencia.
Las empresas que lideren este cambio no solo cumplirán con la ley, sino que reforzarán su competitividad en un mercado global cada vez más exigente.
La ley también tiene implicaciones para las multinacionales extranjeras con actividad en la Unión Europea, obligando a sus filiales o sucursales a cumplir con estos estándares. España, al posicionarse entre los primeros países en transponer la directiva, busca consolidarse como referente en sostenibilidad y transparencia.
Dudas en el camino
El camino hacia un modelo económico más sostenible está trazado, pero las preguntas persisten: ¿Serán las empresas capaces de adaptar su cultura y prácticas a esta nueva realidad? ¿Qué impacto tendrá esta ley en la lucha contra el cambio climático y la desigualdad social?
Una cosa es segura: la sostenibilidad ya no será una simple declaración de intenciones. Las empresas estarán obligadas a demostrar, con cifras y hechos, cómo afectan al mundo que las rodea.
En un tiempo en que la transparencia es sinónimo de confianza, el verdadero reto será si estas normas se cumplen con rigor o si se convierten en un mero ejercicio burocrático.
El futuro de la responsabilidad empresarial se juega aquí. .
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