La acción popular nació en la Antigua Roma en el periodo entre 753-509 a.C., es decir, hace casi 28 siglos o 2.778 años. Ilustración: Confilegal.
La «actio popularis», o acusación popular, permitió a los ciudadanos de la Antigua Roma denunciar la corrupción
La «actio popularis«, lo que hoy conocemos como acusación popular en España –en cuya Constitución está consagrada– es una de las creaciones jurídicas más destacadas de la Antigua Roma.
Fue un mecanismo que permitió a cualquier ciudadano intervenir en defensa de los intereses colectivos.
Este es un derecho que es consecuencia directa de los principios de «res populi» y «res publica». La «res populi» (literalmente «la cosa del pueblo») refleja la idea de que ciertos bienes e intereses pertenecen al conjunto de los ciudadanos.
Aunque menos elaborado que el concepto de «res publica», es su base filosófica: sin la existencia de un pueblo organizado y con intereses compartidos, no habría «res publica».
La «res pública» es el sistema político y jurídico que protege la «res populi».
Como explicó Marco Tulio Cicerón –filósofo, escritor, abogado y político ((106 a.C-43 a.C.)–, su esencia radica en la justicia y el consenso.
Este sistema abarcaba tanto instituciones como valores, y se sostenía sobre la idea de que el bienestar de la colectividad debía prevalecer sobre los intereses individuales.
Lo expresó claramente en su obra «De re publica» (I, 39): «La república es cosa del pueblo; y el pueblo no es cualquier agrupación de hombres, sino la asociación de una multitud unida por el acuerdo en el derecho y por la utilidad común«.
Como derecho, la «actio popularis» permitía a cualquier ciudadano actuar en defensa del interés general, incluso si no era directamente un afectado. Este principio se basaba en la idea de que la «res publica» pertenece al pueblo y que, por tanto, cualquier daño a lo colectivo es un daño al ciudadano como parte de esa colectividad.
La «actio popularis», hija directa de la «res populi» y la «res publica», marcó un hito en la concepción de la participación ciudadana en asuntos públicos y contra la corrupción.
Al analizar su naturaleza y contexto histórico, se puede entender cómo la acción popular o acusación popular –como la definimos en nuestros días– fue más que una herramienta jurídica: era la manifestación práctica de la ideología romana que colocaba al ciudadano como guardián del bien común.
Como derecho, la «actio popularis» permitía a cualquier ciudadano actuar en defensa del interés general, incluso si no era directamente un afectado. Este principio se basaba en la idea de que la «res publica» pertenece al pueblo y que, por tanto, cualquier daño a lo colectivo es un daño al ciudadano como parte de esa colectividad.
Convertía, como ocurre en nuestros días con nuestra acusación popular, a cada ciudadano en un potencial vigilante del buen funcionamiento del sistema político y legal.
DENUNCIAS CONTRA POLÍTICOS QUE ABUSABAN DEL PODER
Uno de los casos más emblemáticos se produjo durante la República tardía, cuando ciudadanos comunes podían denunciar a políticos corruptos.
Por ejemplo, Cicerón utilizó la actio popularis para acusar a Cayo Verres, gobernador de Sicilia, de malversación y abuso de poder. Los ciudadanos que se sentían agraviados podían unirse en una acción colectiva, lo que daba voz a muchos y aumentaba la presión sobre las autoridades para actuar.
Actuó como abogado, el proceso se originó gracias a ciudadanos que invocaron la «actio popularis» para defender a la provincia.
Cicerón alababa este mecanismo como una extensión del ideal republicano de justicia y participación ciudadana. En «De officiis» (II, 21), escribe: «Nada tiene mayor importancia que la confianza pública, que se preserva mediante la equidad y las leyes que nos rigen». La «actio popularis» reforzaba la confianza en las instituciones, al permitir que los ciudadanos fueran defensores activos de la justicia.
Plinio el Joven advertía sobre los posibles abusos de este derecho. En sus cartas, menciona casos en los que individuos utilizaban la «actio popularis» no por el bien común, sino por venganza personal o para obtener prestigio político.
La acción popular también se utilizaba para proteger bienes públicos, como templos o caminos. Los ciudadanos podían presentar acciones legales para evitar el deterioro o el mal uso de estos recursos.
En este contexto, Tito Livio relata cómo los romanos se movilizaban para asegurar que las infraestructuras del Estado se mantuvieran en buen estado y no fueran desviadas para usos privados. En su obra «Ab Urbe Condita» (Libro VIII) Livio cuenta cómo los ciudadanos actuaban para garantizar que los recursos del Estado no fueran malgastados o desviados para beneficio privado.
En cuestiones relacionadas con la moralidad colectiva, los ciudadanos tenían el derecho de intervenir. Plinio el Joven, en sus Cartas (Epístolas II, 11) documentó cómo este mecanismo se usaba para denunciar comportamientos que socavaban los valores romanos, como la negligencia en ritos religiosos o actos que la comunidad consideraba inmorales.
Por otro lado, Plinio el Joven advertía sobre los posibles abusos de este derecho. En sus cartas, menciona casos en los que individuos utilizaban la «actio popularis» no por el bien común, sino por venganza personal o para obtener prestigio político.
Esta crítica resalta un dilema todavía vigente: cómo equilibrar el acceso universal a la justicia con la prevención de su mal uso.
CÓMO SE ARTICULABAN JUDICIALMENTE LOS CASOS
La presentación de una «actio popularis» ante los tribunales romanos seguía un proceso estructurado. Primero, el ciudadano que quería interponer una denuncia debía presentarse ante el pretor (uno de los ocho tipos de jueces de la antigua Roma), que era quien evaluaba si tenía base. Este juez podía admitir o denegar la denuncia.
Si eran varios los denunciantes, el pretor seleccionaba al más adecuado para representarlos, de una forma muy similar a como se hace ahora en España cuando existen varias acusaciones populares en una causa.
Una vez que se aceptaba la denuncia, se convocaba al demandado para que se defendiera. El juicio incluía tanto las pruebas testificales como documentales aportadas por ambas partes, por el denunciando y los denunciantes, quienes actuaban como defensores del bien común.
Tras escuchar ambas partes, el pretor emitía su sentencia. En algunos casos, este fallo podía incluir multas o sanciones destinadas a reparar el daño causado a la comunidad.
ORIGEN DE LA «ACTIO POPULARIS»
Los primeros indicios de lo que eventualmente se convertiría en la «actio popularis» se remontan a la época monárquica de Roma (753-509 a.C.).
Durante este período, ya existían formas rudimentarias de apelación al pueblo. Un ejemplo notable es el caso de Horacio, quien durante el reinado de Tulio Hostilio, el tercer rey de Roma, apeló directamente al pueblo para evitar la pena de muerte.
Este evento sugiere que, incluso en los albores de la civilización romana, existía la noción de que el pueblo podía intervenir en asuntos de justicia.
Con el advenimiento de la República, en 509 a.C., la «actio popularis» comenzó a tomar una forma más definida. La mayoría de los historiadores coinciden en que fue durante este período cuando realmente nació y se desarrolló este concepto legal.
La Lex Valeria estableció el derecho de los ciudadanos romanos a apelar ante la asamblea popular contra decisiones de los políticos, sentando así las bases para una participación más activa del pueblo en los procesos judiciales.
La transición de la monarquía a la república trajo consigo un mayor énfasis en la participación ciudadana, lo que proporcionó el terreno fértil para el florecimiento de la «actio popularis».
Un hito crucial en la historia de la «actio popularis» fue la promulgación de la Lex Valeria de Provocatione, alrededor del año 499 a.C.
Esta ley es considerada por muchos expertos como el punto de institucionalización formal de la «provocatio ad populum» (apelación al pueblo), un antecedente directo de la «actio popularis».
La Lex Valeria estableció el derecho de los ciudadanos romanos a apelar ante la asamblea popular contra decisiones de los políticos, sentando así las bases para una participación más activa del pueblo en los procesos judiciales.
La causa popular alcanzó su cenit durante el siglo I a.C., particularmente bajo el liderazgo de Julio César.
Julio César la utilizó como un recurso político para posicionarse como defensor del pueblo frente a la oligarquía del Senado Romano, la élite; así, promovió juicios públicos contra senadores y cargos públicos acusándolos de corrupción o malversación de fondos públicos.
Este período vio una expansión significativa en el uso y la importancia de la «actio popularis». Se convirtió en una herramienta poderosa para que los ciudadanos comunes desafiaran a las autoridades y defendieran lo que consideraban el bien común.
LA ACCIÓN POPULAR EXISTE EN ESPAÑA DESDE EL SIGLO XIII
Con la desaparición del Imperio romano no desapareció la acción popular en España. El rey Alfonso X el Sabio –rey de Castilla– incluyó la acción popular en el Código de las Siete Partidas, en el siglo XIII, uno de los primeros textos legales en reconocer este concepto.
En 1882, Manuel Alonso Martínez, ministro de Gracia y Justicia del Gobierno en ese momento, la incluyó de forma expresa en el artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –actualmente vigente–: «Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta Ley».
La Constitución española de 1978 la contempla en su artículo 125: «Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular».
En este sentido, España representa un caso singular. Ningún país europeo contempla la acción popular. La acción penal es exclusiva del Ministerio Fiscal. Sólo en el estado de Baviera existe una forma limitada de acción popular que pemite denunciar leyes inconstitucionales, pero no se aplica a procesos penales.
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