La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) emitió ayer un comunicado en el que hizo un llamamiento a los órganos de gobierno de la judicatura para que adopten medidas firmes que garanticen el trato adecuado a las víctimas en los juzgados, en clara referencia al interrogatorio que realizó el titular del Juzgado de Instrucción 47, Adolfo Carretero, a la actriz Elisa Mouliaá, la mujer que denunció al exdiputado Íñigo Errejón por agresión sexual.
La organización, formada por 170 mujeres juezas, destaca la importancia de que jueces y juezas actúen conforme a los estándares éticos y las buenas prácticas diseñadas para evitar la victimización secundaria de quienes acuden al sistema judicial.
El comunicado subraya que, además de los conocimientos jurídicos necesarios para el ejercicio de la función judicial, es imprescindible que los profesionales de la justicia desarrollen habilidades en el manejo de situaciones de conflicto y vulnerabilidad.
La AMJE pone en valor los esfuerzos realizados en los últimos años para reforzar la formación y la publicación de directrices claras, como la Guía de Buenas Prácticas sobre la Declaración de las Víctimas de Violencia de Género, elaborada por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según AMJE, la guía establece que no se debe tratar a las víctimas de manera que se les haga sentir culpables o cuestionar la veracidad de sus testimonios de manera apriorística. Este tipo de conductas, señala, constituyen maltrato institucional y suponen dejar a las víctimas desamparadas frente al sistema. «Cuando se incumplen estas premisas, al igual que cuando se resuelve al margen de la norma, se consuma una injusticia que tiene devastadoras consecuencias no solo para la persona afectada, sino para toda la sociedad», advierte el comunicado.
La asociación también critica que algunos miembros del Poder Judicial ignoren deliberadamente las buenas prácticas que han sido establecidas y que, en los últimos días, se hayan observado actitudes que vulneran los derechos de las víctimas.
En este contexto, la AMJE considera condenable que se difundan declaraciones de las víctimas en los medios de comunicación, recordando que esta prohibición tiene como fin principal la protección de las personas afectadas.
Por último, la AMJE insta a los órganos de gobierno de la judicatura a garantizar que el comportamiento de jueces y juezas cumpla con los estándares establecidos. Y reclaman medidas efectivas para evitar que se repitan estas situaciones que, según denuncian, perjudican la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
