El Ministerio de Justicia y laIglesia Católica han hecho público un acuerdo para indemnizar integralmente las víctimas de abusos sexuales producidos en el seno de la Iglesia que ya no pueden acceder a la vía jurisdiccional o no quieran acudir al PRIVA, el Plan que desarrollaron conjuntamente la Confederación Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos.
Será la Iglesia quien garantizará esta reparación, ya sea económica o de cualquier otra naturaleza, con un sistema mixto de reconocimiento y reparación entre Iglesia-Estado, que contará en todo momento con la participación de las víctimas.
En este mecanismo se designa al Defensor del Pueblo como la institución encargada de elaborar las propuestas de dicho mecanismo.
El acuerdo ha sido rubricado este jueves por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, en el Palacio de Parcent, sede del Ministerio.
Sin embargo, para que la colaboración se formalice en los términos acordados entre Ministerio, CEE y Confer, se deberá contar con la firma del Defensor del Pueblo, que se firmó el lunes 30 de marzo de 2026.
Cómo se procederá en caso de querer denunciar estos hechos
El nuevo mecanismo de reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (UT), que dispondrá de los medios y recursos necesarios para su funcionamiento. Será la encargada de la recepción de solicitudes, la comunicación entre las partes o la notificación de las propuestas.
Dicha unidad dará traslado de las peticiones a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo (UVPD), quien revisará individualmente cada caso para así realizar una propuesta de resolución y, dependiendo de la gravedad de los hechos, de reparación (que podrá ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica).
Una vez tenga la valoración del Defensor del Pueblo, la decisión se enviará a la comisión asesora de la Iglesia del plan PRIVA (Plan de Reparación Integral a las víctimas de Abuso) que evaluará y emitirá un informe.
Si entre la comisión asesora de la Iglesia y la víctima hay conformidad, la resolución del adquirirá carácter definitivo. En caso de disconformidad entre las partes, se convocará una Comisión Mixta, siempre con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime.
Si, a pesar de ello, continuaran las diferencias, será la Unidad de Víctimas del Defensor la encargada de adoptar la resolución definitiva.
Un año, prorrogable otro más, para solicitar la reparación
Las víctimas tendrán un año, prorrogable otro más, para la presentación de las solicitudes de reparación. Este plazo empezará a computar desde la firma del convenio. Además, el Ministerio promoverá las modificaciones precisas para la aplicación de exenciones fiscales a las reparaciones que se reconozcan a las víctimas.
El acuerdo alcanzado establece que la Iglesia católica deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras en plazo. Si no lo hicieran la diócesis, el instituto o entidad religiosa responsable, la CEE y la Confer garantizarán su cumplimiento.
La CEE ha relevado que la Iglesia Católica ha pagado ya «casi dos millones»
Desde que se propulsó el Plan Priva, el presidente de la CEE ha revelado que la Iglesia Católica española ha pagado ya casi dos millones de euros» en indemnizaciones a víctimas.
Según los datos de la comisión del plan Priva, la cuantía total de propuesta de indemnizaciones ha sido de 1.858.420 euros.
