El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha informado un nuevo protocolo, junto al Defensor del Pueblo y la Iglesia, para poner en marcha este sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abuso sexual en la Iglesia Católica que ya hayan prescrito. Un acuerdo histórico entre Iglesia y Estado en favor de las víctimas que entrará en vigor el próximo 15 de abril.
«Un marco institucional de colaboración para la organización y funcionamiento del sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica que han prescrito o para los que se ha extinguido la responsabilidad penal».
Este es el objeto del nuevo acuerdo firmado entre el ministerio de Félix Bolaños, la Iglesia Católica, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en búsqueda de un sistema de reparación de las víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica.
Un acuerdo firmado entre las tres entidades que, en sus primeras cláusulas, pone de relieve la necesidad de «reconocer y promover la dignidad y la memoria de las víctimas de abusos sexuales habidos en el seno de la Iglesia Católica, y asegurar la justicia y la reparación efectiva».
Ello, partiendo del «reconocimiento de la verosimilitud de los hechos denunciados».
Protocolo que define quiénes son las víctimas que estarán apoyadas por este nuevo sistema.
En concreto, se establece que «tienen la condición de víctima aquellas personas que, en el momento de producirse los hechos, fueran menores de edad, o tuviesen una circunstancia modificativa de su capacidad»,
Además, en el caso de que esa persona hubiera fallecido, «su causahabiente podrá presentar la solicitud de reconocimiento de esa condición en su nombre y solicitar la correspondiente reparación».
Un protocolo contra los abusos sexuales que entrará en vigor en abril
Una nueva vía de reparación para los casos en los que ya no es posible la vía judicial, acordada el pasado 8 de enero, entrará en funcionamiento el 15 de abril.
Las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán acudir al nuevo mecanismo mixto, si bien, a partir de esa fecha, deberán optar entre el sistema Iglesia-Estado o el propio PRIVA.
El procedimiento se iniciará con la presentación de la solicitud por parte de la víctima ante la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que la remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.
Una vez analizado el caso y oídas las partes, la Unidad de Víctimas elaborará, en un plazo máximo de tres meses, una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación, que podrá ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica.
Dicha propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA), que deberá evaluarla en un máximo de dos meses.
Si existe conformidad entre la Iglesia y la víctima, la propuesta adquirirá carácter definitivo y se remitirá a la Comisión Asesora PRIVA para su ejecución.
En caso de disconformidad, se convocará una Comisión Mixta, con representación de las instituciones firmantes y de asociaciones de víctimas, que tratará de alcanzar un acuerdo por consenso en el plazo de un mes; de no lograrse, prevalecerá la valoración del Defensor del Pueblo.
La Iglesia católica deberá cumplir las medidas reparadoras, y, en caso de incumplimiento por parte de la diócesis, instituto o entidad responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su ejecución.
