Esta semana el Gobierno presentaba un anteproyecto de Ley Orgánica para reformar tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con el objetivo de, entre otras cuestiones, promover la igualdad de oportunidades en el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, y reforzar las plantillas de jueces y fiscales.
Esta iniciativa se produce en un contexto de creciente tensión en el ámbito judicial.
Tras una primera lectura del texto, y sin perjuicio de las modificaciones que puedan ir realizándose a lo largo del íter legislativo, debo reconocer que, efectivamente, se plantean algunas medidas que pueden considerarse positivas.
Por un lado, se anunció la instauración de un sistema de becas bien dotadas económicamente para sufragar de manera integral el coste de estudiar la oposición.
Esta medida fortalece el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a las Carreras, que, junto a los principios de mérito y capacidad, constituyen los verdaderos pilares democratizadores de la Función Pública.
La verdadera democratización de la justicia no solo consiste en garantizar el acceso igualitario, sino en cimentarlo sobre un sistema que premie el esfuerzo y el talento, asegurando que quienes lleguen a estas posiciones lo hagan por su preparación y capacidad demostrada.
Por otro lado, la reforma prevé objetivar la antigüedad requerida para alcanzar, respectivamente, las categorías de Magistrado y Fiscal.
Esta es una cuestión relevante, ya que afecta directamente a las aspiraciones profesionales de los integrantes de nuestro colectivo. En la actualidad, no solo no existe certidumbre sobre los años necesarios para ascender, sino que este periodo de tiempo varía a lo largo de los años mediante un procedimiento opaco.
Sin embargo, también se plantean otras cuestiones que generan profunda preocupación. Actualizar las vías de acceso a la Carrera o el modelo de examen puede tener sentido para adecuarlo a la realidad de cada momento.
No obstante, esta actualización debe preservar y, en la medida de lo posible, reforzar el sistema de reclutamiento de jueces y fiscales, de modo que se asegure la excelencia y calidad de aquellos aspirantes que superen el proceso selectivo.
No debemos olvidar que quienes lo logren estarán llamados a ejercer algunas de las más altas responsabilidades del Estado.
Además, de manera sorpresiva, se proyecta la recuperación de la anacrónica figura del traslado forzoso al alcanzar la categoría de Magistrado o Fiscal, sin explicar qué se persigue con ello ni cómo beneficiaría esta medida al Sistema Judicial.
Este cambio supondría un evidente alto coste para la conciliación de la vida personal y familiar de jueces y fiscales, implicando mudanzas abruptas a destinos indeseados, desarraigo familiar o costes económicos adicionales, entre otros desagravios, y afectaría exclusivamente a los integrantes de menor escalafón, ya de por sí en peores condiciones profesionales y económicas.
Todo ello, además, choca frontalmente con la garantía de inamovilidad prevista en el artículo 117.1 de la Constitución Española.
En definitiva, con una auténtica voluntad política, esta reforma podría convertirse en una oportunidad para mejorar el sistema de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal y reforzar las plantillas de jueces, magistrados y fiscales.
Sin embargo, es imprescindible que se lleve a cabo blindando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y sin menoscabar las aspiraciones profesionales de los actuales miembros de estas carreras.
Cabe destacar que esta reforma ha suscitado un enfado colectivo, especialmente entre quienes se encuentran preparando estas oposiciones o las acaban de superar.
No debemos olvidar que los opositores provienen, en su inmensa mayoría, de familias normales, con una profunda cultura del esfuerzo.
Estos aspirantes realizan un enorme sacrificio personal, acompañado de un compromiso familiar inquebrantable, para alcanzar sus metas.
Por ello, resulta incomprensible la introducción de medidas regresivas y ataques injustificados que erosionan los principios de igualdad y excelencia que deberían guiar cualquier reforma de esta naturaleza.
