El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este miércoles una ampliación de la queja que envió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la difusión de datos personales en el marco de la investigación que el Tribunal Supremo (TS) dirige en su contra, donde denuncia que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia civil ha excedido el mandato judicial, por ir más allá del límite temporal que fijó el instructor, y que va del 8 al 14 de marzo de 2024.
El motivo de la queja, que se presentó inicialmente el pasado lunes, son los documentos adjuntados al último informe entregado por la UCO al TS, relativo al tráfico de llamadas telefónicas realizadas y recibidas por el fiscal general del Estado.
Los referidos documentos contienen datos personales –números de teléfono, direcciones postales y DNI– tanto del fiscal general del Estado como de un escolta, así como de otro fiscal, un abogado y un periodista, entre otras personas.
García Ortiz sostiene que, como consecuencia de lo que percibe como un constante descuido del TS en el tratamiento de sus datos personales, se ha puesto en riesgo su seguridad y la de su familia.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, en este nuevo escrito –dirigido a la presidenta del CGPJ y del TS, Isabel Perelló– el jefe del Ministerio Público detalla que, de las dos líneas de teléfono analizadas, se aporta de forma injustificada un desglose de la actividad en tiempo real que considera un minutaje desmesurado de su vida, incluso estando imputado.
Precisa que en una de las líneas se cubre toda la actividad desde el día 7 de marzo de 2024 a las 23.23 horas hasta el día 15 de marzo de 2024 a las 00.01 horas, lo que supone 7.105 anotaciones; mientras que de la otra se aportan los tiempos de conexión desde el 5 de diciembre de 2023 a las 9.59 hasta el 24 de octubre de 2024 a las 00.00 –más de 10 meses–, unas 8.000 anotaciones.
INFORMACIÓN IRRELEVANTE PARA LA CAUSA
En conjunto, García Ortiz recrimina que el Supremo ya ha dado traslado a las partes de unas 240.000 anotaciones relativas a su actividad diaria y profesional desde que se iniciaron las pesquisas –el pasado 16 de octubre–, una información que, a su juicio, incluye multitud de datos relevantes para su intimidad y vida familiar que, en cambio, son innecesarios para la investigación.
García Ortiz sostiene que, como consecuencia de lo que percibe como un constante descuido del TS en el tratamiento de sus datos personales, se ha puesto en riesgo su seguridad y la de su familia.
En este sentido, señala que ha llegado a recibir llamadas y correos electrónicos ofensivos, por lo que explica que ha tenido que cambiar de línea telefónica y cerrar cuentas personales de ‘email’ que estaban operativas hasta hace menos de un mes.
Con todo, el jefe del Ministerio Público reprocha a la UCO que haya excedido el mandato judicial y al instructor, Ángel Hurtado, que no haya adoptado medida alguna para salvaguardar su intimidad, por lo que insta al CGPJ a hacerlo ahora.
Precisamente este miércoles, el CGPJ ha iniciado actuaciones previas para estudiar las reclamaciones realizadas tanto por García Ortiz como por su antecesora inmediata, Dolores Delgado, ya que su número de teléfono es uno de los que consta en el informe de la UCO.
