Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de «mentir» al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su queja por la difusión de sus datos personales, con el objetivo de «denigrar» al Tribunal Supremo (TS) y a la Unidad Central Operativa (UCO), al tiempo que ha pedido al instructor que le requiera el teléfono móvil que cambió una semana después de que se le encausara.
En un escrito, el abogado de González Amador responde a la petición del magistrado Ángel Hurtado, que emplazó a las partes a hacer alegaciones después de que García Ortiz denunciara ante el CGPJ, por un lado, que se habían difundido datos personales suyos y de otras personas por la notificación que hizo el TS de un informe de la UCO y sus anexos y, por otro, que la Guardia Civil había excedido el mandato judicial para elaborar dicho informe.
Respecto a esto último, reprochó que la UCO aportara al TS el tráfico de llamadas entrante y saliente de sus líneas de teléfono personal y oficial desde las 23.50 del 7 de marzo de 2024 hasta las 00.01 del día 15 de ese mes, cuando el juez fijó el marco temporal entre el 8 y el 14 de marzo; y que le entregara un registro excesivamente detallado de las conexiones de sus tarjetas a los terminales, sin cumplir tampoco el periodo de tiempo establecido, en este caso desde 2020 hasta el pasado 23 de octubre.
«No existe ni transmisión de diez meses de llamadas, ni transmisión de datos de diez meses de actividad diaria y profesional, ni infracción legal alguna, sino puro ruido destinado a construir un nuevo relato a partir de una falsedad», asegura la representación legal de González Amador, en alusión a la segunda queja formulada por el fiscal general.
Al hilo, explica que la UCO detalló las conexiones de las tarjetas de las dos líneas de teléfono de García Ortiz a los IMEI, «un número exclusivo de cada terminal», «como el DNI de nuestros teléfonos móviles», para averiguar «cuántos y qué terminales» usó en ese tiempo, «especialmente en el periodo de los hechos investigados», porque eso «podría permitir llegar físicamente a esos terminales y efectuar la extracción de las copias de los mensajes que existiesen».
Con todo, recalca que «esa información de los IMEI no está asociada ni expresa información de llamadas, SMS, localización, identificaciones de usuario, números marcados, fecha, hora, duración de una comunicación o etiqueta de localización alguna, sino que cualquier actividad –sin especificarse cuál– hace que el IMEI quede registrado, aportándose exclusivamente ese registro de IMEI en formato Excel».
La acusación particular considera que el objetivo de García Ortiz al acudir ante el CGPJ es «denigrar con falsedades al órgano instructor y a la fuerza actuante (UCO)» en las pesquisas.
«Es una más de las ya incontables falsedades transmitidas por el investigado como consecuencia del grado de maduración alcanzado por la instrucción que nos ocupa, enmarcándose en una campaña de denigración extraprocesal que ya se ha extendido a la fuerza actuante, al órgano instructor y a las partes», sostiene.
Pide que García Ortiz ceda su teléfono móvil
Además, pide a Hurtado que ordene a García Ortiz que entregue al TS copia del escrito enviado al CGPJ «para su toma de conocimiento de las falsedades transmitidas por el fiscal general del Estado», así como el teléfono móvil que usó hasta el pasado 23 de octubre y las copias de seguridad de su cuenta personal de ‘gmail’ y del WhatsApp asociado a su número de teléfono personal.
Respecto a ese teléfono móvil, el abogado de González Amador indica que, «según la información que consta en las bases de datos de la sección de informática de la Fiscalía General del Estado», García Ortiz «no habría entregado su antiguo terminal».
Advierte asimismo de que «esta conducta de destrucción de dispositivos y eliminación de datos» anteriores al 16 de octubre de 2024, cuando el Supremo abrió causa a García Ortiz, «se reproducirá en cuantos miembros de la Fiscalía General del Estado sean llamados a declarar al procedimiento o a los que se les soliciten sus dispositivos, lo que constituye ya un hecho notorio y conocido por toda la carrera fiscal».
Hurtado trasladó la queja de García Ortiz a las partes para que, en su caso, formulasen alegaciones, «en la medida que pueda verse afectado su derecho a la tutela judicial efectiva, caso de tales datos que se han de incorporar al sumario, en virtud de lo acordado en una resolución jurisdiccional, fueran omitidos».
González Amador le responde que «el acceso de todas las partes al contenido del sumario –y especialmente de la víctima de los hechos objeto de instrucción (…)– configura instrumentalmente y de forma elemental el derecho de defensa de las partes, que debe ser tutelado judicialmente de forma efectiva».
«En el caso que nos ocupa, no existe limitación legal alguna que deba aplicarse para el acceso al resultado de la diligencia de instrucción necesaria y proporcional acordada (…) tras el boicot de la instrucción protagonizada por el investigado», dice.
