"El coste de la mediación debe asumirse igual que el de otros profesionales del proceso judicial, como abogados, procuradores o peritos", afirma Jesús Lorenzo Aguilar. Foto: Confilegal.
Jesús Lorenzo Aguilar, ASEMED: «Que nadie espere que la Ley de Mediación se convierta en la ‘ley del burofax'»
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15/2/2025 00:45
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Actualizado: 15/2/2025 09:40
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La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que introduce la mediación como requisito previo obligatorio antes de presentar demandas en los ámbitos civil y mercantil en España, entrará en vigor el 3 de abril de 2025. Estamos en el final de la cuenta atrás.
Esta normativa tiene como objetivo aliviar la carga de trabajo de los tribunales promoviendo soluciones extrajudiciales y fomentando una cultura de resolución pacífica de conflictos. A partir de su implementación, será necesario intentar métodos alternativos de resolución de controversias, como la mediación, antes de acudir a la vía judicial.
Es importante destacar que, aunque la mediación será un paso obligatorio previo, las partes no están obligadas a alcanzar un acuerdo mediante este método; simplemente deben intentarlo antes de proceder judicialmente. Porque busca agilizar los procesos y reducir los costos asociados a los litigios tradicionales.
De esto ha versado el VI Simposio de Mediación que tuvo lugar ayer en el marco de la Universidad CUNEF organizado por ASEMED, la Asociación Española de Mediación, de la que Jesús Lorenzo Aguilar es su director general. Un evento mixto, presencial-telemático, que concentró a 200 especialistas en mediación de toda España en el que abordaron, desde diferentes ángulos, todos los detalles esenciales de este cambio de paradigma en el sistema judicial.
Jesús Lorenzo Aguilar cerró este evento.
¿Cuál es la principal conclusión que se ha extraído de este VI Simposio de Mediación?
La necesidad de ordenar los protocolos y procedimientos de mediación. Es fundamental establecer guías claras que permitan a los profesionales de la mediación trabajar con seguridad y eficacia.
Junto con las partes involucradas, los mediadores son el eje central del proceso, pero para desempeñar su función correctamente, necesitan herramientas adecuadas, como guías, protocolos y soluciones informáticas que les faciliten su labor.
¿Por qué es esto importante?
¿Cómo podremos gestionar seis millones de procedimientos? La única manera es mediante el uso de la tecnología para agilizar los procesos, mejorar su gestión y garantizar la eficiencia en la resolución de conflictos.
Además, es esencial una normalización que permita a los tribunales evaluar los procedimientos con criterios objetivos. Sin embargo, más allá de estas cuestiones técnicas, debemos cambiar el enfoque de la mediación.
Debemos dejar de centrarnos solo en los mediadores y mirar hacia los ciudadanos. Nuestra labor consiste en ser el puente que les ayude a alcanzar acuerdos beneficiosos para ambas partes.
No obstante, en ocasiones nos encontramos con ciudadanos que no han recibido un buen asesoramiento o que han sido aconsejados con intereses particulares. Por eso es clave lo que señalaba Lorenzo Prats: si un abogado asesora mal a su cliente y se niega a participar en una mediación sin justificación, esto puede traer consecuencias procesales.
No solo podría no cumplirse el requisito de procedibilidad, sino que también podría derivar en condenas en costas y en responsabilidades profesionales, tanto éticas como disciplinarias. Y esto no lo dice solo la Ley 1/2025, sino también el Estatuto General de la Abogacía. Los abogados tienen la obligación de informar correctamente sobre la mediación y sus implicaciones legales.
«Es esencial una normalización que permita a los tribunales evaluar los procedimientos con criterios objetivos».
¿Quién paga la mediación?
El coste de la mediación debe asumirse igual que el de otros profesionales del proceso judicial, como abogados, procuradores o peritos. No podemos permitir que se convierta en un obstáculo cuando, en realidad, representa un gasto mínimo en comparación con el coste total de un procedimiento judicial.
Algunos abogados han manifestado su preocupación por el impacto que esto puede tener en su modelo de negocio. Pero la mediación no pretende sustituir su labor, sino complementarla. Nosotros siempre hemos defendido que la mediación sin abogados no tiene sentido. Su participación es clave para garantizar la seguridad jurídica de las partes y del proceso.
Lo que ocurre es que la mediación exige una mayor cercanía con los clientes, y algunos profesionales prefieren la distancia que ofrece el estrado. Pero esto ha cambiado. El derecho debe ser más humano.
Las personas que atraviesan conflictos legales no son números ni estadísticas. Son seres humanos con preocupaciones reales, que a menudo sufren ansiedad e incertidumbre.
Un juicio puede durar meses o años y generar frustración, impotencia y, en muchos casos, un profundo sentimiento de pérdida cuando se recibe una sentencia desfavorable. La mediación ofrece una alternativa para evitar ese desgaste emocional y económico.
¿Entienden los abogados el requisito de procedibilidad que impone la Ley 1/2025, la condición previa que debe cumplirse antes de que una acción judicial pueda ser admitida y tramitada en los tribunales?
Creo que lo entenderán con el tiempo, pero en la práctica sabemos que muchos abogados solo se preocupan por la ley cuando su entrada en vigor es inminente. Es probable que, dos o tres días antes de que la norma empiece a aplicarse, muchos la lean apresuradamente y se den cuenta de los cambios que implica.
Como consecuencia, veremos demandas que no serán admitidas a trámite debido al desconocimiento de la norma. Pero este es el ritmo frenético de la abogacía: se estudia la ley cuando ya no queda más remedio.
Supongo que también esperan que muchos traten de camuflar el requisito de procedibilidad, ¿no?
Por supuesto. Siempre habrá intentos de sortear la mediación con atajos burocráticos. Yo lo he advertido en varias ocasiones: Que nadie espere que la Ley de Mediación se convierta en la ‘ley del burofax’
Un burofax no es prueba suficiente de haber intentado la mediación. Sin embargo, muchos asesores recibirán presiones, especialmente de grandes clientes institucionales, que buscan minimizar costes y procedimientos.
Algunos intentarán enviar un «email» certificado de 50 céntimos y presentarlo en el juzgado como prueba de haber cumplido con el requisito. Pero esto no será válido si no cumple con los requisitos de un intento real de mediación.
Si una entidad presenta miles de solicitudes de mediación, estas deben gestionarse correctamente. La notificación debe garantizar los derechos del destinatario y otorgarle un plazo adecuado para responder. No se puede enviar un SMS sin saber si el número pertenece realmente a la persona en cuestión.
Si el destinatario no responde o no lo hace correctamente, tendrá un problema ante el juez. Se evaluará si ha habido un intento serio de mediación y si se ha actuado con buena fe.
«La mediación es parte del sistema legal y debe respetarse. Nadie debería intentar sortearla con trampas».
¿Está de acuerdo con el magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, en crear un turno de oficio de mediadores pagados por la Administración?
Nosotros ya hemos implementado un turno de oficio de mediadores, aunque sin financiación estatal. Desde hace más de una década ofrecemos un servicio para personas sin recursos.
Llevamos a cabo programas de mediación penitenciaria desde 2014 sin recibir ni un euro de financiación. Recientemente, hemos lanzado la «Módulo Escuela Juan Sebastián Elcano» para formar facilitadores de paz dentro de las cárceles. Por supuesto que estamos de acuerdo.
¿Se intentarán buscar subterfugios para esquivar la mediación?
Sin duda. Pero existen múltiples organizaciones comprometidas con proteger el sistema. No solo ASEMED o la Asociación Madrileña de Mediación, sino también el Colegio de Procuradores y otros colegios de abogados que defienden la ética profesional.
La mediación es parte del sistema legal y debe respetarse. Nadie debería intentar sortearla con trampas. ¿Una pareja que va a divorciarse realmente se quejará por pagar 200 euros en mediación? No. Y al final, el abogado y el procurador seguirán cobrando por su trabajo.
Lo que se debe valorar es cuánto cuesta la tranquilidad de una persona que evita un juicio largo y angustiante. Y la respuesta es clara: vale mucho más que lo que cuesta una mediación.
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