El catedrático de Derecho Civil y abogado, Lorenzo Prats lanzó el pasado viernes una contundente advertencia durante el VI Simposio de Mediación, organizado por la Asociación Española de Mediación (ASEMED) en la Universidad CUNEF: los abogados y litigantes que intenten sortear la mediación mediante subterfugios y mala fe se enfrentarán a serias consecuencias procesales, económicas y disciplinarias.
Uno de los cambios más importantes en la regulación de la mediación contenida en la Ley Orgánica de Eficiencia Procesal, que modifica la ley de mediación vigente –y que entrará en vigor el próximo 3 de abril– es el papel del mediador como garante de la buena fe procesal.
«El mediador ya no es solo un facilitador del acuerdo, sino que tiene la obligación de certificar si las partes han negociado con una verdadera intención de resolver el conflicto», explicó Prats.
La nueva normativa exige que, al finalizar el proceso de mediación, el mediador tiene que emitir un certificado en el que se indique si las partes han actuado con el propósito real de alcanzar un acuerdo.
En este documento deberá constar si: Ambas partes han participado activamente en el proceso de mediación; si ha existido una verdadera actitud negociadora o si alguna de las partes ha acudido solo para cumplir el trámite; y si una de las partes ha mostrado pasividad o ha rechazado sin justificación la mediación, lo que puede ser considerado como una actuación de mala fe.
«Este certificado es clave porque puede determinar si una demanda es admitida a trámite o si la parte que ha boicoteado la mediación se enfrenta a sanciones», subrayó el catedrático durante su intervención.
Según Prats, el nuevo marco legal otorga a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) una función clave para evaluar si las partes han actuado de buena fe en el proceso de mediación.
“Porque no basta con acudir a una sesión de mediación solo para cumplir el requisito. La ley exige que haya una verdadera disposición negociadora”, subrayó el catedrático.
Consecuencias de eludir la mediación con trucos procesales
Prats fue tajante al enumerar las repercusiones de intentar evitar la mediación con estrategias fraudulentas. «Quien crea que puede burlar la mediación con formalismos o simples apariencias debe saber que las consecuencias pueden ser muy graves», subrayó.
En primer lugar, la demanda podría ser inadmitida si el letrado de la Administración de Justicia, tras revisar el certificado del mediador, concluye que no ha habido un verdadero intento de negociación.
“Si no hay una voluntad real de alcanzar un acuerdo, la demanda no pasará el filtro. No basta con decir ‘he ido a la mediación’, hay que demostrar que se ha negociado de buena fe, con la intención de llegar a un acuerdo«, explicó.
Otra consecuencia clave es la pérdida de derechos procesales para la parte que no actúe con buena fe. «Si un litigante acude a juicio tras haber despreciado la mediación, puede perder el derecho a reclamar costas incluso si gana el pleito. La ley protege a quien intenta resolver el conflicto, no a quien lo agrava”, destacó Prats.
Los abogados tampoco quedan exentos de responsabilidad. «Si un letrado aconseja a su cliente que no negocie o que solo acuda a la mediación para cumplir el expediente, su conducta podría ser denunciada ante el colegio profesional», señaló el catedrático.
Esto podría traducirse en sanciones disciplinarias para los abogados que obstruyan el proceso de mediación con tácticas dilatorias.
Por último, el catedrático advirtió que eludir la mediación con argucias procesales también puede afectar la reputación de los abogados.
«El abogado que sistemáticamente evite la mediación y aconseje a sus clientes no negociar será cada vez menos valorado. La justicia está cambiando y los abogados deben adaptarse», afirmó.
“El mensaje es claro: la mediación ya no es un simple trámite. Es una obligación legal y ética. Y quien la eluda con trucos tendrá que asumir las consecuencias”, destacó Prats.
Cambio en el modelo de negocio de la abogacía
El catedrático de derecho civil también reflexionó sobre el impacto de la mediación en el modelo de negocio de la abogacía. Explicó que, tradicionalmente, el ejercicio de la profesión ha estado muy vinculado a la litigación, pero el auge de la mediación exige un cambio de mentalidad.
“El abogado debe entender que su trabajo no consiste únicamente en presentar demandas. También debe asesorar a su cliente en la resolución extrajudicial de conflictos”, señaló.
Para el experto, la mediación no es una amenaza para la abogacía, sino una oportunidad. Los letrados pueden desempeñar un papel fundamental como mediadores o asesores en procesos de resolución alternativa de conflictos.
Prats concluyó su intervención destacando que la mediación ha pasado de ser una opción a una obligación legal en muchos casos. Sin embargo, su efectividad depende de que se aplique correctamente, sin que las partes busquen atajos para evitarla.
“Si queremos que la mediación funcione, debe existir un verdadero compromiso de las partes y de los abogados. Solo así podremos reducir la litigiosidad y mejorar el acceso a la justicia”, concluyó.
Lorenzo Prats es, además, vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia y ha sido asesor de dos ministros de Justicia socialistas, entre 2004 y 2007, Juan Fernando López Aguilar y Fernando Fernández Bermejo, una posición desde la que apoyó sin ambajes el papel que ahora va a asumir la mediación, y el resto de los métodos alternativos de solución de conflictos, en nuestro sistema de Justicia.
