La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Justicia a indemnizar con 4.000 euros al fiscal Ignacio Stampa por el daño moral sufrido, derivado de la prolongación injustificada de unas diligencias de investigación de la Fiscalía que afectaron su carrera profesional, impidiéndole optar a un destino definitivo en la Fiscalía Anticorrupción, en el que había venido sirviendo durante los últimos años en comisión de servicios.
La sentencia es la respuesta al recurso contencioso-administrativo interpuesto por Stampa frente a la desestimación del recurso de reposición del Ministerio de Justicia. Ha sido resuelta por el tribunal de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, formada por José Félix Méndez Canseco, como presidente, y los magistrados Francisco Díaz Fraile, ponente, Lucía Acín Aguado y Ana María Sangüesa Cabezudo.
Orígenes del caso Stampa
Ignacio Stampa presentó en 2021 una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Justicia, del que depende la Fiscalía General del Estado, en la que solicitó 185.202,76 euros por perjuicios en su carrera y 60.000 euros por daño moral.
El fiscal alegó que la actuación de la Fiscalía General del Estado en el marco del «Caso Tándem» perjudicó su acceso a un concurso de traslado a la Fiscalía Anticorrupción.
El principal argumento de Stampa radicaba en la demora injustificada de las diligencias de investigación número 32/2020 de la Fiscalía Superior de Madrid, en las que fue investigado por un presunto delito de revelación de secretos.
Según el recurrente, la prolongación artificial de las diligencias perjudicó su participación en el concurso a una de las 9 plazas en liza, al mantenerlo en una situación de desigualdad frente a otros aspirantes en el proceso de selección para la Fiscalía Anticorrupción, lo que afectó negativamente a su imagen profesional y a sus oportunidades laborales.
Las irregularidades, argumenta Stampa, fueron impulsadas por la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, con la intervención de otros órganos del Ministerio Fiscal. Y alega que buscó apartarle del “Caso Tándem”, una macrocausa judicial que investiga las actividades ilícitas del excomisario de policía José Manuel Villarejo, quien habría dirigido una red de espionaje y corrupción desde su empresa privada, Cenyt, mientras aún pertenecía al Cuerpo Nacional de Policía.
La sentencia de la Audiencia Nacional, sin embargo, no reconoce la existencia de desviación de poder, como pretendía el fiscal demandante, ya que el procedimiento en cuestión era una reclamación de responsabilidad patrimonial y no un recurso contra actos administrativos concretos.
Decisión judicial y fundamentos
El tribunal de la Audiencia Nacional ha considerado probado que la prolongación innecesaria de las diligencias de investigación perjudicaron al fiscal, dado que ya se habían formulado dos propuestas de archivo en octubre de 2020, pero estas no fueron aceptadas de inmediato, manteniendo la investigación abierta hasta febrero de 2021.
Esta situación coincidió con la resolución del concurso de traslado a la Fiscalía Anticorrupción, lo que, según el tribunal, generó un daño moral que el recurrente no estaba obligado a soportar.
En consecuencia, el tribunal ha resuelto a favor de Stampa, concediéndole la indemnización mencionada de 4.000 euros por el perjuicio moral sufrido.
No obstante, desestima la mayor parte de la reclamación, al considerar que las notas de prensa sobre el caso y la baja laboral del demandante no eran imputables a un anormal funcionamiento de la Fiscalía.
Esta resolución establece un precedente en cuanto a la responsabilidad patrimonial de la Administración por demoras injustificadas en investigaciones del Ministerio Fiscal. La sentencia deja claro que los retrasos en la resolución de procedimientos administrativos pueden dar lugar a indemnización, aunque también señala los límites de estas reclamaciones.
El ponente del caso, Francisco Díaz Fraile, emitió un voto particular en la que dejó constancia de su discrepancia con la sentencia. La demanda debió desestimarse «por ausencia del requisito de la antijuricidad del daño al haberse dejado consentida la resolución del concurso de traslado a la Fiscalía Anticorrupción».
El fallo puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo en un plazo de 30 días desde su notificación.
