La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha avanzado este miércoles que el Gobierno se encuentra trabajando actualmente en un decreto para ampliar el número de jueces especializados en violencia sobre la mujer.
Es la respuesta del Ejecutivo a la alerta lanzada por 136 jueces de Violencia sobre la Mujer –exclusivos y mixtos de toda España– el pasado lunes quienes advirtieron de un futuro «colapso total» si asumían todos los delitos contra la libertad sexual de las mujeres a partir del 3 de octubre.
«Lo que tenemos es que reforzar y en eso está el Ministerio de Justicia (…). Precisamente, se está trabajando en un decreto para ampliar el número de jueces y de juezas especializados en violencia y hacerlo más eficaz», ha asegurado Redondo en un Desayuno Informativo organizado por Europa Press, sobre los juzgados especializados en violencia que están incluidos en la Ley de Eficiencia en la Justicia.
La ministra ha recordado que el Convenio de Estambul que establece que la violencia de género y las violencias sexuales tienen que ser tratadas de la misma manera. También ha detallado que este decreto pretende ampliar la plantilla y el número de juzgados precisamente para asumir un 15% más de carga de trabajo.
Preguntada por si la justicia española es machista y por si el interrogatorio a la actriz Elisa Mouliaá, ha dicho que confía que sea una «excepción».
Además, ha señalado que, a su juicio, hay que abrir la justicia a todo tipo de ciudadanos que quieran ser jueces. «Pero, sinceramente, creo que son situaciones aisladas terriblemente penosas, pero, por otra parte, maravillosamente rechazadas por la inmensa mayoría. Yo creo que ahí está la gran diferencia», ha defendido.
En esta misma línea, la ministra ha celebrado que la sociedad española ha construido un futuro de igualdad, «donde determinadas actitudes son absolutamente reprobables». «Y ya no estamos dispuestos a soportar ese tipo de interrogatorios sin alzar la voz», ha destacado.
También ha alertado de las redes sociales, «un instrumento enormemente perjudicial para la igualdad». Así, ha agregado que el machismo ha entrado en las redes «con una gran potencia y, sobre todo, dirigido a los más jóvenes».
Igualmente, Redondo ha insistido en la necesidad de mejorar el sistema para que una mujer se sienta acompañada «desde el mismo momento en el que alza la voz y dice lo que le está pasando, no desde la denuncia».
Además, ha apelado nuevamente a los entornos de las víctimas de violencias machistas, para que sean los que denuncien cuando las propias mujeres no pueden.
EL PRESUPUESTO PARA EL PACTO DE ESTADO «NO CORRE PELIGRO»
Respecto al nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Redondo ha aclarado que la dotación del mismo, de 1.500 millones de euros para cinco años, «no corre peligro, aunque no haya Presupuestos Generales del Estado».
«Espero que haya Presupuestos Generales del Estado, pero, en principio, modificaciones presupuestarias se están haciendo constantemente y el pacto está garantizado. Es un acuerdo sobre una prioridad que vamos a mantener y haremos todos los ajustes necesarios para que esos recursos vayan donde tienen que ir», ha explicado.
En cualquier caso, Ana Redondo ha hecho hincapié en que el Pleno de la Cámara Baja, a excepción de VOX, acordó la renovación del Pacto de Estado. «Yo hace una semana vi desfilar, por la escalinata del Congreso de los Diputados, a los representantes de VOX, uno por uno, mientras todo el hemiciclo, todo el hemiciclo, se ponía en pie para aplaudirnos mutuamente. Ese es un momento que no olvidaré tampoco».
Durante su intervención, la ministra ha señalado que la renovación del Pacto de Estado «ha hecho que, por primera vez, el cordón sanitario frente a la extrema derecha, que es un auténtico peligro para la igualdad, funcionara y toda la Cámara se pusiera en pie mientras los parlamentarios de VOX salían de la institución». «Creo que hay que tener muy presente ese simbolismo», ha subrayado.
El Pleno del Congreso aprobó la semana pasada el dictamen para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que aprobaron los grupos en comisión el 17 de febrero, con el único voto en contra de Vox. En total, obtuvo 315 votos a favor y 33 en contra.
El documento cuenta con 462 medidas y es resultado de los trabajos que se iniciaron la pasada legislatura y que se retomaron el pasado mes de mayo. Contempla medidas sobre violencia vicaria, digital y económica.
