El magistrado Francisco Gutiérrez Ramos es el coportavoz de los 136 jueces de violencia sobre la mujer –todos los exclusivos y 20 mixtos– que han suscrito un comunicado denunciando la que se avecina y proponiendo soluciones. Foto: UPO.
Francisco Gutiérrez, juez de Violencia sobre la Mujer: «Nos están lanzando a un colapso sin medios y sin personal»
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04/3/2025 05:35
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Actualizado: 04/3/2025 10:11
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El próximo 3 de octubre, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asumirán una ampliación de competencias que transformará por completo su funcionamiento.
A partir de ese momento, además de los casos de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, también deberán asumir los delitos sexuales cometidos contra cualquier mujer, independientemente del vínculo con el agresor.
Esta medida, anunciada por el Gobierno sin una planificación realista, ha provocado una auténtica rebelión entre los jueces de violencia sobre la mujer de toda España, que se han unido en un nuevo «¡Fuenteovejuna!» reivindicativo.
Francisco Gutiérrez Romero, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Sevilla y coportavoz, junto con su compañera, Cira García Domínguez, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Getafe, Madrid, en la representación de 116 de los 121 jueces exclusivos en esta materia en España –los 5 que restan no están cubiertos– y a 20 juzgados con competencias compartidas que se han puesto en movimiento.
Gutiérrez Romero es muy directo: “Nos están lanzando a un colapso sin medios, sin personal y sin reconocimiento. Llevamos años con una carga de trabajo brutal, y ahora nos imponen nuevas competencias sin reforzar los juzgados ni considerar las implicaciones”, afirma.
«En esto», subraya, «estamos unidos todos. Tanto miembros de todas las asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente como los no afiliados. Aquí no hay fisuras de ningún tipo».
Una ampliación sin medios y con riesgo de colapso
Hasta ahora, los delitos sexuales cometidos fuera del ámbito de pareja han sido competencia de los Juzgados de Instrucción. Sin embargo, con la reforma prevista, esos casos pasarán a ser asumidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el mencionado mes de octubre.
“El problema no es solo que se nos amplíe el trabajo, sino que no hay medios para asumirlo. Calculamos que va a haber un aumento de entre el 26 % y el 40 % en la carga de asuntos, dependiendo de cada partido judicial”, explica Gutiérrez.
Los efectos pueden ser devastadores. “En muchos juzgados ya no tenemos tiempo material para atender a todas las víctimas de violencia de género. Si a eso le sumamos las agresiones sexuales y otros delitos de índole sexual, la situación será insostenible. Muchas víctimas no podrán ser atendidas como se debe y los procedimientos se van a ralentizar aún más”, advierte.
A esto se suma un factor clave: la especialización. “Investigar un caso de agresión sexual es completamente distinto a tramitar una denuncia de violencia de género dentro de la pareja. Sin la formación y los medios adecuados, podemos encontrarnos con una justicia menos eficaz y con el riesgo de que las víctimas se sientan desprotegidas”, recalca.
Un sistema que ignora la especialización de los jueces de violencia
Uno de los principales problemas que denuncian los jueces de violencia sobre la mujer es la falta de reconocimiento de su especialización. Aunque llevan años trabajando en una materia compleja y con formación específica, siguen sin ser considerados especialistas dentro del escalafón judicial.
“El sistema no nos reconoce como especialistas. Nuestros juzgados son considerados mixtos, lo que significa que a efectos de concursos y ascensos no tenemos prioridad frente a otros jueces que no han trabajado en esta materia. Así, cuando queremos acceder a la segunda instancia ,en una Audiencia Provincial, nos adelantan jueces sin experiencia en violencia de género”, explica Gutiérrez.
La solución, según los jueces de violencia sobre la mujer, pasa por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). En concreto, proponen la modificación de los artículos 329 y 330 para cambiar la forma en que se considera su jurisdicción y su acceso a las Audiencias Provinciales.
Sobre el artículo 329 piden su modificación para ser reconocidos como especialistas en la materia, al igual que ocurre con los jueces de familia. “Si llevas años en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, tu experiencia debe contar como mérito en los concursos de ascenso”, argumenta Gutiérrez.
Y lo mismo sucede sobre el 330, para que el acceso a las plazas en las secciones de la Audiencia Provincial se haga en base a esa especialización. “Ahora mismo, esas plazas las ocupan jueces que no han trabajado nunca en violencia de género. Es un sinsentido”, critica.
Una justicia de dos velocidades
Otro de los grandes problemas que esta ampliación de competencias agravará es la desigualdad entre los distintos juzgados de violencia sobre la mujer.
“En Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga tenemos juzgados exclusivos, pero en el resto de España hay 314 juzgados mixtos que llevan violencia de género junto con otros asuntos. Esto genera una justicia de primera calidad en las grandes ciudades y otra de segunda en el resto del país”, denuncia Gutiérrez.
Además, muchos jueces de violencia trabajan en condiciones precarias. “No tenemos complementos salariales adecuados, las guardias en muchos casos no se pagan y la sobrecarga de trabajo es insostenible. La salud mental de los jueces de violencia sobre la mujer se está viendo afectada de manera preocupante”, señala.
Estos jueces han presentado, hasta la fecha, dos informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con datos sobre la sobrecarga de trabajo y la necesidad de reforzar los juzgados antes de ampliar sus competencias. Informes que han recibido las vocales Esther Erice y Esther Rojo.
Sin embargo, la respuesta ha sido decepcionante. “Nos dijeron que no nos preocupáramos, que estaban trabajando en ello, pero la realidad es que no han hecho nada. Ni han creado el grupo de trabajo prometido ni han adoptado ninguna medida concreta”, critica.
Medidas de presión si no hay soluciones
Ante la falta de respuesta institucional, los jueces de violencia han decidido tomar medidas.
“Lo primero es que la ciudadanía sepa lo que está pasando. Vamos a llevar nuestra reivindicación al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Igualdad e incluso a la Unión Europea si es necesario”, explica Gutiérrez.
Si no hay cambios, están preparados para adoptar medidas de presión. “Vamos a fijar límites a las audiencias, cumplir estrictamente los horarios y exigir condiciones laborales dignas. No podemos seguir aceptando esta sobrecarga sin reconocimiento ni mejoras”, advierte.
La única esperanza, según este magistrado, es la proposición de ley presentada por el Partido Popular en el Senado. “Si vuelve al Congreso y se aprueba, se podría modificar la LOPJ para que se nos reconozca como órganos de naturaleza penal y como especialistas. Eso cambiaría muchas cosas”, explica.
Pero el tiempo corre y el riesgo de colapso es cada vez mayor. “En octubre entra en vigor la reforma que ampliará nuestras competencias. O se toman medidas ya o el sistema colapsará, con las víctimas como principales perjudicadas”, concluye Gutiérrez.
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