Hay frases que, troceadas para un titular, suenan a herejía. Y hay frases que, pronunciadas en el Salón de Actos del Colegio de la Abogacía de Madrid, ante profesionales que pisamos los juzgados de violencia cada semana, son simplemente una descripción —incómoda, pero descripción— de una parte de la realidad.
Las palabras del magistrado David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, pertenecen a esa segunda categoría.
Y por eso escribo.
Quien suscribe es abogada en ejercicio. He defendido a mujeres en sede de violencia ante este mismo magistrado. He visto a clientas mías obtener lo que pedíamos y he visto a otras no obtenerlo.
He visto, también, lo que el juez Maman ve cada mañana al entrar en su despacho: una sala de espera donde conviven el dolor verdadero y la estrategia procesal disfrazada de denuncia. Por eso me niego a sumarme al linchamiento.
La morralla procesal que nadie quiere ver
Cualquier letrado que pise con regularidad un juzgado de violencia sobre la mujer sabe que, junto a los casos verdaderos —y son muchos, son graves y merecen toda la protección del sistema—, entra también, día tras día, una cantidad nada desdeñable de procedimientos cuya finalidad real no es la protección de la víctima, sino la obtención de una posición procesal ventajosa: sacar al marido del domicilio en menos de 24 horas, blindar la atribución del uso de la vivienda, neutralizar la custodia compartida por la vía del artículo 92.7 del Código Civil, fijar una pensión sin apenas contradicción, marcar el terreno antes incluso de presentar la demanda de divorcio.
Esto no lo digo yo desde un despacho. Lo dicen los autos de archivo, los sobreseimientos, las sentencias absolutorias y las testificales que se desmoronan en el juicio oral.
Lo saben los fiscales que retiran la acusación cuando los hechos se sostienen sobre el aire. Lo saben los abogados de oficio que pasan tardes enteras intentando reconstruir un relato cambiante. Y lo sabe, por supuesto, el juez que tiene que decidir, en horas, si una persona duerme esa noche en su casa o en la calle.
Negar que existe esa morralla procesal —porque morralla es la palabra exacta— no es defender a las víctimas.
Es lo contrario: es enterrarlas. Cada denuncia instrumental que entra por la puerta resta tiempo, recursos y credibilidad a las denuncias auténticas.
Cada orden de protección concedida a quien la usa como palanca de divorcio le quita oxígeno a la mujer que llega de verdad amenazada. Quien finge no verlo no protege a nadie; protege únicamente su propia comodidad ideológica.
El juez que dice lo que muchos callan
Las palabras del magistrado Maman, dichas en una jornada formativa para abogados sobre la reforma de la LO 1/2025, han sido descontextualizadas hasta el ridículo.
No habló de las víctimas. Habló de un patrón procesal. Y ese patrón existe. Lo conocen los decanatos, lo conocen las secciones de violencia de los colegios profesionales y lo conocen, sobre todo, los propios jueces, que en privado lo comentan a diario y en público se ven obligados a callar por miedo a la hoguera mediática.
Que el primer titular de un juzgado de violencia que se atreve a verbalizar lo que todos saben sea inmediatamente acusado de machismo institucional dice mucho —y nada bueno— del estado del debate público en este país.
La crítica del juez no iba contra las mujeres: iba contra una arquitectura legal que, en ciertos supuestos, premia la denuncia precoz frente a la denuncia fundada. Y eso es perfectamente discutible en sede académica, que es exactamente donde lo dijo.
Lo que he visto yo en su sala
Permítaseme bajar al barro de los expedientes, que es donde se mide a un juez. He llevado varios procedimientos ante el magistrado Maman defendiendo a la mujer.
En todos ellos he encontrado lo mismo: un juez que escucha, que pregunta, que no concede automatismos pero que tampoco los niega por sistema. Un juez que busca la verdad material, no la verdad cómoda. Un juez que no da la razón a la mujer porque sí, ni se la quita porque sí.
El caso más reciente lo recuerdo con especial claridad. Mi clienta, madre de dos menores, llegaba a la vista en una situación procesal extraordinariamente desfavorable: tanto el Ministerio Fiscal como la defensa del padre solicitaron expresamente que no se le concediera régimen de visitas.
Dos voces, en principio antagónicas en cualquier procedimiento, coincidían en cerrarle la puerta. Yo defendí lo contrario, con los pocos mimbres que tenía. Y el juez Maman, contra el criterio del Fiscal y contra el criterio de la parte contraria, otorgó las visitas a mi clienta.
«El oficio del juez no se ejerce en Twitter ni en una rueda de prensa: se ejerce en una sala con togas, expedientes y vidas reales encima de la mesa. Y en esa sala, el juez Maman ha demostrado, expediente a expediente, que no resuelve por consigna. Resuelve por convicción y por prueba».
¿Por qué? Porque escuchó. Porque leyó el expediente entero. Porque entendió que, igual que existen mujeres que acuden al juzgado a la caza de una orden, existen también madres a las que el sistema está a punto de arrebatar a sus hijos sin razón suficiente.
Y porque sabe —lo sabe quien tiene oficio— que una madre es una madre, y que separarla de sus hijos exige algo más que la inercia procesal de dos partes que, por motivos distintos, querían lo mismo.
Esa resolución, que no fue noticia, retrata al juez Maman mucho mejor que cualquier vídeo recortado de cuarenta segundos.
Un magistrado machista no concede visitas a una madre cuando Fiscalía y defensa se las niegan. Un magistrado machista se acoge al criterio mayoritario y se ahorra el problema. Maman no lo hizo. Maman escuchó, valoró y resolvió en conciencia. Eso, en un juzgado de violencia, se llama hacer Justicia con mayúscula.
Yobana: la trinchera tiene un precio
Permítanme un paréntesis necesario. No puedo seguir escribiendo sin nombrar a mi compañera Yobana Carril, quien, durante años, ha sido la voz más valiente, más incómoda y más solitaria en la defensa de la igualdad real ante la Ley en este país.
Yobana fue de las primeras en señalar que la violencia no tiene género, que toda víctima merece la misma protección y que toda persona violenta merece el mismo reproche, con independencia de su sexo.
Lo dijo cuando casi nadie se atrevía. Lo defendió en los juzgados, en los platós, en los foros académicos y, sobre todo, expediente a expediente, frente a hombres destrozados por aplicaciones perversas de una ley pensada con buena intención y ejecutada, demasiadas veces, con miopía ideológica.
Esa trinchera tiene un precio, y Yobana lo ha pagado. Insultos, amenazas, linchamientos digitales, el desgaste físico y emocional de pelear durante años contra un sistema que castiga al disidente antes de escucharlo.
Hoy, el peso del estrés acumulado de tantas batallas reales —de tantos padres separados de sus hijos, de tantas vidas hundidas por una denuncia instrumental, de tantos juicios ganados a contracorriente—, han apagado los ojos de Yobana.
Tengo el privilegio profesional —y el deber moral— de continuar defendiendo aquí muchos de los casos y de las causas que ella abrió camino. Sin Yobana, hablar hoy en España de igualdad real ante la Ley sería bastante más difícil.
Y porque jueces como David Maman, que se atreven a verbalizar lo que ella lleva veinte años denunciando, no aparecen de la nada: aparecen cuando alguien, antes, ha tenido el coraje de abrir la puerta.
La hoguera y el oficio
La ministra de Sanidad ha calificado sus palabras de machistas. Un letrado ha advertido con la recusación. Las redes han hecho el resto.
Pero el oficio del juez no se ejerce en Twitter ni en una rueda de prensa: se ejerce en una sala con togas, expedientes y vidas reales encima de la mesa. Y en esa sala, el juez Maman ha demostrado, expediente a expediente, que no resuelve por consigna. Resuelve por convicción y por prueba.
Se puede discrepar de su forma de expresarse. Se puede pedirle más prudencia retórica en intervenciones públicas. Se puede incluso reprocharle el uso de ciertos términos que en un foro académico habrían admitido más matiz.
Lo que no se puede es convertir a un magistrado en chivo expiatorio por haber dicho en alto lo que la abogacía comenta en voz baja desde hace años.
Silenciar al juez que describe la realidad no hace que la realidad desaparezca. Solo hace que la siguiente víctima auténtica encuentre un sistema más saturado, menos creíble y peor preparado para distinguirla del ruido.
Por eso, y con todas las matizaciones que se quieran, mi apoyo al juez David Maman es absoluto.
Porque defender a las víctimas de verdad empieza, precisamente, por no llamar víctima a quien no lo es. Y eso, mal que le pese a quien hoy pide su cabeza, es exactamente lo que hace —cada mañana, en su sala— el juez David Maman.
