Un total de 143 jueces destinados, o con experiencia, en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han suscrito un manifiesto, que han hecho público hoy, en el Día Internacional de la Mujer, en el que denuncian que la especialización judicial prevista en la ley para esta materia continúa sin aplicarse casi 7 años después de su aprobación.
En el documento, los firmantes, con destinos en toda España, sostienen que la reforma impulsada en la Ley 5/2018, para reforzar la formación específica en violencia de género “nació con un objetivo inequívoco: blindar la capacitación y la formación especializada de quienes trabajan en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y priorizar la experiencia en los destinos judiciales más sensibles”.
Sin embargo, denuncian que esa previsión normativa sigue sin materializarse. “Han pasado más de 7 años desde la aprobación de la ley y, en la práctica, la realidad es contundente: las pruebas selectivas que debían convertir a jueces y juezas en ‘especialistas’ no se han desarrollado”, señalan en el manifiesto.
Sin acceso a las secciones especializadas
Según explican, la falta de desarrollo normativo tiene consecuencias directas en la carrera profesional de quienes trabajan en estos órganos judiciales.
“Quienes llevamos años en primera línea en esta materia tenemos ‘absolutamente vedada’ la posibilidad de acceder a las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales”, afirman los firmantes.
Estas secciones son precisamente las que resuelven los recursos y juzgan los delitos más graves relacionados con la violencia de género.
En la práctica, sostienen, las plazas continúan convocándose y cubriéndose con normalidad, pero a menudo terminan ocupadas por magistrados que no han trabajado previamente en esta materia.
El motivo es que el criterio determinante termina siendo la antigüedad reconocida en el orden penal, que no se computa de la misma forma para los titulares de los juzgados de violencia sobre la mujer.
El impacto de una resolución del Supremo
El manifiesto identifica un punto de inflexión en una resolución del Tribunal Supremo de 2020 que pasó a considerar estos juzgados como órganos mixtos.
Según explican, ese cambio provocó que los jueces destinados en ellos dejaran de estar plenamente integrados en el orden penal –desde 2005–, lo que ha tenido “consecuencias directas nefastas en antigüedad, méritos y promoción profesional”.
“En términos sencillos: nulas opciones de ascenso y menos puertas abiertas, incluso para quienes acumulan experiencia específica desde hace décadas en Juzgados de Violencia sobre la Mujer”, advierten.
Comparación con otras especialidades
Los firmantes también subrayan el contraste con otras reformas recientes. Recuerdan que la especialidad en violencia contra la infancia y la adolescencia, incorporada en la Ley Orgánica 1/2025, se implementó dentro del plazo previsto de cuatro meses.
En cambio, la especialización en violencia sobre la mujer continúa pendiente pese al incremento constante de competencias desde la creación de estos juzgados en 2005.
Un problema “conocido pero postergado”
El manifiesto asegura que el problema es conocido desde hace años por las instituciones implicadas —Consejo General del Poder Judicial, asociaciones judiciales, ministerios de Justicia e Igualdad, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Defensor del Pueblo o el grupo de expertos del Consejo de Europa GREVIO—, pero denuncian que no se ha solucionado.
“El problema, por tanto, no es desconocido, sino postergado: ni especialidad ni reforma legal”, sostienen.
El documento concluye con una reflexión dirigida a la sociedad y, especialmente, a las víctimas: “¿Puede hablarse de consenso en la lucha contra la violencia de género si la especialización real se queda en el papel?”.
