La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 establece que estos jueces asumirán la instrucción de delitos como agresiones sexuales, abusos, acoso sexual, mutilación genital femenina y matrimonios forzados, entre otros, que hasta ahora son competencia de los jueces de instrucción. Foto: Confilegal.
136 jueces de Violencia sobre la Mujer alertan: la ampliación de competencias sin recursos llevará al colapso judicial
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03/3/2025 10:05
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Actualizado: 03/3/2025 22:58
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«El efecto inmediato de la reforma va a ser el colapso total de unos Juzgados ya de por sí sobrecargados». Con esta contundente advertencia, 136 jueces de Violencia sobre la Mujer (121 exclusivos y 15 mixtos) advierten sobre la que se avecina una vez que entre en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que les impone nuevas competencias sin dotación de medios. Lo que, afirman, pone en riesgo la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas.
La norma, publicada el pasado 3 de enero, obliga a estos órganos especializados a asumir la instrucción de delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso sexual, incluso cuando no haya vínculo afectivo previo entre víctima y agresor.
Este cambio responde a lo establecido en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (LO 10/2022) y al Convenio de Estambul.
Según los jueces, se ha aprobado sin garantizar previamente los recursos necesarios para hacerlo viable: «se hace sin haber dado cumplimiento a las exigencias que esos mismos compromisos internacionales y dicha Ley Orgánica establecen en orden a asegurar que estos órganos especializados puedan asumir dicho aumento de competencias: la previa dotación de recursos materiales y personales«.
Una reforma “a coste cero” que amenaza con colapsar los juzgados
El comunicado critica que el Ministerio de Justicia haya planteado la reforma sin asignación presupuestaria, confiando en la «reconversión de Secciones de Instrucción en Secciones de Violencia sobre la Mujer».
Sin embargo, los jueces advierten que esta medida entrará en vigor el 3 de octubre de 2025, tres meses antes de la fecha prevista para la puesta en marcha de dichas secciones, lo que generará una sobrecarga inmediata sin los refuerzos prometidos.
Según sus estimaciones, la carga de trabajo de estos juzgados aumentará «al menos un 20%», agravando una situación ya insostenible.
En la actualidad, solo en cinco ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia) los Juzgados de Violencia sobre la Mujer funcionan con servicio de guardia.
En el resto de los 88 órganos exclusivos, «se resuelven todos los asuntos penales que reciben durante la mañana, además de los asuntos civiles de familia de los que también conocen».
En los 350 juzgados mixtos, estos casos se tramitan junto a juicios de tráfico, reclamaciones de cantidad y otras materias.
Falta de medios y riesgo para las víctimas
Los jueces denuncian que esta ampliación de competencias se suma a un sistema ya precarizado, en el que faltan equipos de valoración forense y asistencia a la víctima, los sistemas de control telemático y de asistencia letrada son deficientes, no hay forenses de guardia y las salas Gesell necesarias para la exploración de menores son insuficientes.
El comunicado pone el foco en la atención directa a las víctimas, que requiere tiempo y dedicación: «Empezando por la toma de declaración de una víctima que necesita tiempo y comprensión para exponer su relato, que no entiende de prisas, ni las merece».
Los jueces advierten que, con la nueva carga de trabajo, «si esa mañana se recibe una causa de agresión sexual o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, todo lo demás pasaría a segundo plano», lo que afectará gravemente la capacidad de respuesta del sistema judicial.
Un “paso atrás” en la lucha contra la violencia de género
El colectivo judicial advierte que esta reforma puede generar «espacios de desprotección y riesgo para las mujeres víctimas de dicha violencia y sus hijos e hijas, ante la imposibilidad material de poder atender de manera pormenorizada y detallada cada asunto civil y penal».
Según los jueces, diversos estudios han demostrado que «los Juzgados más congestionados son los más proclives a rechazar las peticiones, precisamente por esa sobrecarga que sufren», lo que podría traducirse en una menor protección efectiva para las víctimas.
El comunicado concluye con una advertencia clara sobre el impacto de esta medida: «Cuando todo es importante y urgente, nada es preferente».
Y recalcan que «quienes desempeñamos nuestra labor en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con una implicación que traspasa lo meramente profesional, consideramos de suma importancia que la ciudadanía, y singularmente las mujeres que necesitan de un sistema judicial eficaz para encontrar una salida a la tiranía de la violencia, conozcan el desolador y peligroso escenario que se vislumbra con la nueva asunción de competencias».
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