Tal como informó el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a partir del próximo 3 de octubre, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asumirán nuevas competencias en delitos sexuales fuera de la pareja, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital femenina.
Lo que sobre el papel debía significar un refuerzo en la protección de las víctimas, se va a convertir, según denuncian 123 jueces y magistrados de violencia sobre la mujer, en la antesala de un “colapso» que ya anunciaron en marzo pasado.
En un comunicado conjunto, jueces y magistrados de toda España recuerdan que ya el 8 de marzo de este año advirtieron de las “nefastas consecuencias” de cargar con más competencias unos órganos que llevan años sobrecargados.
“Lo anunciamos, lo comunicamos, pero de nada sirvió”, sostienen.
Promesas incumplidas
El Ministerio de Justicia prometió entonces la creación de un 50 % más de plazas en las secciones de Violencia sobre la Mujer, además de recursos adicionales.
«La realidad es muy distinta. No sólo no se ha creado ese 50% de plazas prometido – en la mayoría de los partidos judiciales nada se crea-, sino que a día de hoy ni siquiera se han dotado a los Juzgados de los refuerzos que también se prometieron hasta que se crearan esas plazas, el 1 de enero de 2026», afirman.
En su lugar, se han establecido comisiones de servicio “sin relevación de funciones”, es decir, jueces que, además de su propio trabajo, deberán asumir parte del excedente de asuntos de los juzgados especializados.
“Nada que implique su presencia física en los mismos. Nada”, remarcan en el comunicado.
“Esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible. No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente”, afirman.
Deficiencias estructurales
A las carencias de personal se suma la falta de infraestructuras y servicios de apoyo: muchas sedes judiciales no están adaptadas para atender con dignidad a las víctimas y a sus hijos, y no se han reforzado ni los equipos de forenses ni las oficinas de atención ni los servicios de asistencia jurídica gratuita.
Los magistrados recuerdan también los fallos recientes en los sistemas de control telemático, como las pulseras de proximidad, que aumentan la sensación de vulnerabilidad de las víctimas.
«La realidad es que, tal y como ha ocurrido con los problemas técnicos de las pulseras de detección de proximidad, los jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer asumiremos hasta donde podamos todas esas carencias para asegurar, en la medida en que el tiempo y las fuerzas nos lo permitan, el buen trato y la protección de las víctimas», subrayan.
Fue advertido
El tono del comunicado es contundente: “Esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible. No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente”.
El escrito lleva la firma de jueces y juezas de toda España —desde A Coruña hasta Zaragoza, pasando por grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla— y se presenta como un último aviso a la ciudadanía y a la Administración: “está todo advertido desde hace meses».
