Los representantes ministeriales no concedieron nada a los jueces de violencia sobre la mujer, que habían advertido del riesgo de colapso. Foto: Confilegal.
Las alertas de colapso de los jueces de violencia sobre la mujer no hacen mella en el Ministerio de Justicia
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26/3/2025 00:50
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Actualizado: 26/3/2025 12:04
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Las tres magistradas que representaban a los 136 compañeros al frente de los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer regresaron ayer a sus destinos –Madrid, Sevilla y Málaga– con una profunda frustración tras su reunión con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo.
La cita, que tuvo lugar ayer a las 18.30 –una hora después de la cita prevista–, pretendía ser un punto de inflexión para abordar las múltiples carencias del sistema judicial especializado en esta materia.
Sin embargo, se saldó sin compromisos concretos, sin soluciones reales y sin respuestas claras sobre la implementación de los cambios, contemplados por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ni por el inminente Real Decreto que reestructurará la planta judicial para que los Juzgados de Violencia sobre la mujer asuman las nuevas competencias en materia de violencia sexual.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció el 8 de marzo de 2025, con motivo del Día Internacional de la Mujer, un incremento del 50% en la plantilla de jueces especializados en violencia sobre la mujer.
Entonces declaró que esta medida busca que las secciones de violencia sobre la mujer aborden todas las formas de violencia machista con jueces especializados, proporcionando «más entornos seguros y más protección».
Cinco días antes, este colectivo había advertido que las reformas contenidas en dicha Ley Orgánica iban a conducir a un «colapso» al tener que asumir la instrucción de delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso sexual, incluso cuando no haya vínculo afectivo previo entre víctima y agresor.
«Nos volvimos con las manos vacías”, resumieron fuentes de este colectivo.
TRES MAGISTRADAS FRENTE A DOS MAGISTRADOS Y UNA FISCAL
A la reunión acudieron tres magistradas: Cira García (Madrid), Miriam Quintero (Sevilla) y María del Carmen Gutiérrez (Málaga). Frente a ellas, Olmedo, acompañado por Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, y Fernando de la Fuente Honrubia, asesor del Gabinete del Secretario de Estado de Justicia.
Tanto Olmedo como De la Fuente Honrubia son magistrados; Sofía Puente es fiscal.
Dos de ellos eran, por lo tanto, compañeros de carrera. Puente, una «prima hermana». Hablaban el mismo idioma. Y se supone que la empatía tenía que ser mayor que con cualquier otro funcionario o político.
Sin embargo, ese bagaje profesional no se tradujo en una comprensión real de los problemas que enfrentan a diario quienes están al frente de estos juzgados de violencia sobre la mujer. Así, al menos, lo percibieron las tres representantes de los jueces de violencia sobre la mujer.
Según relataron después las magistradas en ejercicio a sus compañeros, el encuentro evidenció un profundo desconocimiento por parte del Ministerio de la sobrecarga de trabajo, las deficiencias de personal y medios que sufren, y la urgencia de adoptar medidas ante la inminente entrada en vigor —en octubre— de las nuevas competencias en violencia sexual.
Si bien reconocieron que las cifras proyectadas por el Consejo General del Poder Judicial del aumento de la carga de trabajo –un 12,9 %– para estos juzgados, que se convertirán en Secciones– no eran realistas.
Las del Ministerio se elevaban a entre un 15 y un 20 %.
SIN ESPECIALIZACIÓN Y SIN MORATORIA
Sobre la mayor parte de sus reivindicaciones, según las jueces de violencia sobre la mujer, desde la cartera del ramo fueron categóricos: no son competencia del Ministerio de Justicia.
La reconocida especialización de los jueces en esta materia, que permitiría concursar a plazas superiores o acceder a la carrera profesional por esa vía, fue descartada porque —según dijeron— depende exclusivamente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debe poner en marcha una prueba de especialización.
Las jueces también propusieron la creación de secciones específicas o al menos una disposición legal que lo permitiera, como un artículo 88 bis. El Ministerio lo descartó por completo, y de forma tajante: “La violencia sexual la llevarán los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, sí o sí”.
Las mejoras retributivas y el reconocimiento de la penosidad de las guardias tampoco fueron atendidas, al no ser “el momento adecuado” ni disponer de margen presupuestario.
La problemática de los recursos materiales e infraestructuras necesarias (como calabozos adecuados, salas seguras o refuerzos de personal) se derivaron a las 12 Comunidades Autónomas, a quienes corresponde la competencia en medios.
Y tampoco se avanzó en la petición de una moratoria para aplicar las nuevas competencias hasta que se implanten los tribunales de instancia, cuya puesta en marcha está prevista para diciembre en las grandes ciudades.
La respuesta volvió a ser terminante: «esto va hacia adelante y se irá implementando sobre la marcha».
La única competencia que el Ministerio sí asumió fue la revisión de la planta judicial a través del Real Decreto que están preparando —en silencio y sin participación judicial—, del cual tampoco ofrecieron detalles.
«Va a mejorar», aseguró Olmedo, sin precisar ni cómo ni cuándo.
EL REAL DECRETO
Dicho Real Decreto reorganizará la planta judicial sin contar con quienes más conocen la realidad de estos órganos: ellos.
«No se ha creado grupo de trabajo alguno, no se nos ha consultado y no conocemos el contenido del borrador, pese a que se prevé su aprobación urgente en abril, según informaron los representantes ministeriales», explicaron.
«Habría sido sido suficiente con crear tres grupos de trabajo específicos, en función de las distintas realidades del territorio. Por una parte, juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer, con funciones de guardia, que están ubicados en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga, donde el volumen de detenidos y la presión asistencial es altísima», añadieron.
«Por otra parte, juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer sin guardia, cuya carga de trabajo es distinta, pero también significativa. Y, por último, juzgados mixtos, que compaginan competencias civiles y penales con casos de violencia y cuyas necesidades son particulares», precisaron.
Esta clasificación habría permitido adaptar las medidas a las condiciones de cada juzgado, en lugar de imponer una reestructuración uniforme sin diagnóstico previo. “No han contado con los que estamos sobre el terreno”, denuncian.
LA VISIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA ES OTRA
«El proyecto de Real Decreto que hemos elaborado implica un aumento histórico del 50 % de plazas en Juzgados de Violencia sobre la mujer de toda España. Esto requiere compromiso y presupuesto y hay que tenerlo muy presente», explica Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia, a Confilegal.
«Reconocemos que los jueces de violencia sobre la mujer están sobrecargados de trabajo y que la nueva modificación normativa les añade competencias, lo que, por lógica, genera inquietud. Por eso accedimos a reunirnos con ellos, de forma excepcional. Normalmente estos temas se canalizan a través de las asociaciones de jueces», añade.
Olmedo recuerda que las previsiones de aumento de carga de trabajo del Ministerio son mayores que las del CGPJ (entre 15 y 20 % frente al 12,9 % del órgano de gobierno de los jueces). «El proyecto de Real Decreto contempla todas las dudas que se nos plantearon. Lo vamos a enviar entre hoy y mañana al Consejo General del Poder Judicial para que informen sobre ello. No nos pareció lógico ni prudente revelar su contenido en la reunión que mantuvimos ayer. Sabemos lo que tenemos entre manos», revela Olmedo.
El secretario de Estado de Justicia subraya que ayer hubo diálogo: «Las juezas propusieron que en los partidos donde haya varios juzgados de violencia sobre la mujer algunos se dediquen solo a violencia sexual y otros a violencia sobre la mujer. Nos pareció muy bien, pero les dijimos que esa decisión corresponde a la junta de jueces de cada órgano judicial y, en última instancia, al CGPJ».
Por último, recuerda que ayer no prosperó en el Congreso de los Diputados la propuesta del Partido Popular que pretendía devolver los delitos sexuales a los juzgados de instrucción. «Eso hubiera supuesto desandar lo avanzado en la especialización en violencia de género», concluye.
UNIDAD Y DECEPCIÓN GENERALIZADA
Las magistradas asistentes representaban a las tres principales asociaciones judiciales (Juezas y Jueces para la Democracia, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Asociación Profesional de la Magistratura), lo que refleja una unidad poco habitual en la carrera judicial.
Precisamente esa transversalidad ha sido una de las claves del malestar ministerial expresado por su advertencia pública de que se corría un evidente peligro de colapso. “Lo que más les molestó es que somos 136 jueces de toda España actuando al margen de asociaciones y de forma unida”, explicaron las mismas fuentes.
El malestar también afloró después ayer en el grupo de trabajo que estos jueces comparten, donde abundaron los mensajes que alertan del impacto que esta situación tendrá en la salud de los operadores jurídicos. La sensación de abandono es generalizada.
Y la promesa del Ministerio —“vais a estar mejor que antes”— les suena más a eslogan que a certeza.
Ahora solo les queda esperar a conocer el contenido del Real Decreto. Pero las expectativas son bajas; la indignación, por el contrario, es alta.
Una vez que lo hayan leído y lo hayan metabolizado, una vez que vea la luz, será el momento de tomar decisiones.
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