Un sistema fraudulento de compra-venta de diferentes objetos llevaba a Carolina (nombre ficticio) ante los tribunales, siendo acusada de una presunta estafa. Sin embargo, la mujer resultó ser una víctima más del delincuente, que le había hecho creer que se trataba de un trabajo legal remunerado. Una cuestión que, dándose cuenta del engaño, ella misma llevaba ante la Policía Nacional.
Una cuestión que, dándose cuenta del engaño, ella misma llevaba ante la Policía Nacional.
La necesidad de encontrar un trabajo llevaba a Carolina a poner un anuncio buscando empleo en la conocida web Milanuncios. Poco después, recibía un mensaje en su teléfono, ofreciéndole un puesto de trabajo como gestora de cuentas.
Un puesto que, aparentemente, era muy sencillo, tal y como le explicaba su supuesto empleador a través de WhatsApp.
«Se dedica a la compraventa de coches y otros productos, y que ella tiene que recibir los pagos, y subir de vez en cuando anuncios a las plataformas». Transferencias de las que ella se llevaba 50 euros en forma de «comisión» de cada una de estas transacciones, llevando a cabo diez de ellas. Entre ellas, una de 440 euros por la supuesta venta de una piscina.
Un momento en el que, a las sospechas iniciales de Carolina, se une una llamada de la Guardia Civil.
Llamada en la que los agentes de la Benemérita le explican «la existencia de denuncias por estafa en la venta de piscinas». Ello, siendo Carolina como la receptora de estas presuntas estafas realizadas por su superior, al ser su cuenta bancaria en la que se recibía el dinero. Algo que provocó que las denuncias fueron contra ella por los pedidos realizados, pero no recibidos.
La trabajadora, una víctima más de la estafa
«Nuestra clienta creyó estar aceptando un trabajo como gestora de cuentas, pero en realidad fue utilizada por una red criminal», explica a Confilegal la defensa de la mujer, gestionada por Ignacio Palomar Ruiz, socio director de Servilegal Abogados.
Situación ante la que la mujer presentaba una denuncia ante la Policía Nacional, explicando todos los hechos que habían sucedido. Y estableciendo que ella no había sido responsable de esta estafa, que ahora llegaba ante los tribunales.
«Lo más importante ha sido demostrar que ella también fue una víctima», explican ahora sus letrados.
Una cuestión que llegaba ante diversos juzgados. Entre ellos, y el más reciente, el Juzgado de Instrucción nº2 de Móstoles, bajo la magistratura de María Dolores Amalia Anega González.
Magistrada que, en su auto 569/52025, decretaba el sobreseimiento y archivo de la causa contra Carolina. Una decisión que también tomaba en febrero de este mismo año el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Chiclana de la Frontera, de la mano de la jueza Azahara Tristancho Gómez.
“Hemos conseguido lo que parecía imposible: limpiar su nombre. Cada paso ha sido una lucha legal, pero la justicia ha prevalecido», celebra Palomar Ruiz en conversaciones con este diario. «Este caso es un ejemplo de cómo cualquiera puede ser víctima de un engaño digital».
Situación en la que Carolina finalmente pudo evitar ser relacionada con múltiples estafas. Ello, mientras que únicamente buscaba conseguir un trabajo gracias a las nuevas tecnologías.
