No era letrado de la Administración de Justicia de carrera. Era un sustituto. Y eso, para el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) –la asociación mayoritaria de lo que antes era el cuerpo de secretarios judiciales – lo cambia todo.
La detención en Marbella de un LAJ sustituto por la presunta apropiación indebida de 17 millones de euros en criptomonedas procedentes de causas judiciales ha encendido todas las alarmas, pero sobre todo ha sacado a la luz una realidad que, desde hace años, viene denunciando el CNLAJ: más de 700 juzgados en España están cubiertos por sustitutos sin la formación específica ni el acceso garantista que exige la oposición al cuerpo de Letrados de Justicia.
“No se trata de un Letrado de la Administración de Justicia. Se trata de un sustituto que debía ser la excepción y que se ha convertido en la regla en muchos órganos judiciales”, denuncian desde el CNLAJ, que ha reaccionado con contundencia tras conocerse la noticia.
A juicio de este colectivo, lo ocurrido no solo es motivo de sonrojo, sino también de indignación institucional, ya que pone en cuestión la seriedad con la que se está gestionando una pieza clave del engranaje judicial.
La bolsa de sustituciones, un parche con grietas
Para ser LAJ sustituto basta con ser licenciado o graduado en Derecho. A diferencia de los miembros de la carrera —que acceden por oposición tras un proceso selectivo altamente exigente—, los sustitutos provienen de una bolsa que no garantiza una formación mínima específica ni exige experiencia previa en labores jurisdiccionales.
Desde el CNLAJ insisten en que este modelo es “una puerta abierta al deterioro de la calidad de la Justicia” y apuntan al bloqueo del Real Decreto de sustituciones, una norma que permitiría que las ausencias se cubrieran con LAJ titulares mediante mecanismos de sustitución interna y que supondría, además, un ahorro público de entre 12 y 14 millones de euros anuales, prácticamente la misma cantidad que el presunto autor del fraude habría desviado.
En la actualidad, y según el escalafón de 2022 –el último publicado por el Boletín Oficial del Estado–, este cuerpo nacional, que depende directamente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, está formado por 3.760 funcionarios. 98 de primera categoría (lo que sería el equivalente a magistrado del Supremo o fiscal de Sala), 2.571 de segunda categoría (equivalentes a magistrados o fiscales) y 1091 de tercera categoría (equivalentes a jueces o abogados fiscales).
Las 700 vacantes mencionadas por el CNLAJ supondrían el 18,62 % del total de la plantilla, establecida en 4.460 LAJ.
Falta de oposiciones, interinidad crónica
El problema, sin embargo, no es nuevo. El CNLAJ lleva años alertando de que la ausencia de una planificación ordenada y regular de convocatorias de oposición está provocando un tapón en el acceso a la carrera y una dependencia creciente de interinos.
“El resultado es que la ciudadanía recibe una Justicia de peor calidad de forma crónica y que los principios constitucionales de mérito y capacidad quedan relegados”, explican.
Pero hay más. Los letrados de la Administración de Justicia no solo gestionan depósitos judiciales. También son garantes del proceso, custodios de los derechos fundamentales de las partes y responsables del buen curso del procedimiento en todas sus fases.
Su papel es esencial, y por eso el CNLAJ considera “inadmisible” que se sigan confiando esas funciones a personas que no han superado un proceso selectivo riguroso ni cuentan con una formación específica habilitante.
La solución
“Hay ovejas negras en todas las profesiones”, reconocen desde la asociación, “pero lo que esta noticia revela no es un fallo puntual, sino una vulnerabilidad estructural que pone en riesgo la confianza en el sistema judicial”. La detención del LAJ sustituto de Marbella, lejos de ser un simple caso aislado, debería servir como catalizador de un cambio urgente en la política de personal del Ministerio de Justicia.
La solución, concluyen, pasa por lo que vienen pidiendo desde hace años: convocatorias anuales, previsibles y adecuadas al volumen de vacantes; aprobación del decreto de sustituciones; y un compromiso real con la profesionalización del cuerpo. “Solo así —afirman— se podrá garantizar que hechos como este no se repitan. Y que la Justicia, en todos los rincones de España, esté en manos de profesionales que hayan demostrado su preparación, su ética y su compromiso con la legalidad”.
