La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una herramienta operativa en el corazón de la Administración de Justicia española. Así lo aseguró Aitor Cubo, director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, durante su intervención en el II Congreso de Inteligencia Artificial, Derecho y Empresa, organizado por Lefebvre en Madrid.
Cubo inauguró la jornada con una ponencia contundente y reveladora en la que abordó el profundo cambio estructural que vive el sistema judicial español, subrayando que la digitalización es condición necesaria para una justicia accesible, eficiente y equitativa.
“Estamos viviendo la mayor transformación de la Justicia en décadas. Y no es un eslogan: es una transformación real, estructural y tecnológica”, afirmó.
Una unidad singular con impacto estatal
El director general destacó el carácter único de su dirección, que no solo presta servicios tecnológicos al Ministerio de Justicia, sino que gestiona directamente la digitalización en cinco comunidades autónomas cuyas competencias no han sido trasfereridas (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Baleares), así como en Ceuta, Melilla, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. “Somos, por volumen de gestión, el mayor operador de servicios de Justicia del país”, apuntó.
Cubo subrayó también que su dirección ha impulsado —con un presupuesto ordinario de más de 140 millones de euros al año y 410 millones procedentes de fondos europeos— proyectos de interoperabilidad y robotización esenciales para avanzar hacia el expediente judicial electrónico y hacia una administración más coherente y eficiente.
Del documento al dato: la transformación real
Uno de los ejes fundamentales de su intervención fue el cambio de paradigma: pasar de una justicia orientada al documento (PDF) a una justicia orientada al dato, lo que permite aplicar tecnologías como la IA y la robotización con seguridad jurídica. “El dato es ahora un bien público. Y este principio, recogido en el Manifiesto del Dato firmado por todas las instituciones implicadas, nos permite avanzar con garantías”, afirmó.
Cubo explicó que España cuenta ya con un marco normativo robusto —gracias a la Ley 1/2025, el Manifiesto del Dato y la Política de Uso de la IA en Justicia— que habilita el uso de la inteligencia artificial sin renunciar a los estándares éticos, humanistas y de derechos fundamentales.
Uno de los ejemplos más ilustrativos que expuso Aitor Cubo fue el proyecto de robotización de las operaciones entre los sistemas de gestión procesal y la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que gestiona el Banco Santander desde hace más de 20 años. A quien quiso «agradecer especialmente en este proyecto de transformación digital.”
“No sobra nadie. Las personas que antes hacían tareas repetitivas ahora pueden dedicarse a mejorar el servicio público”, sentenció.
Recordó que tradicionalmente, los funcionarios judiciales debían realizar estas operaciones —ingresos, pagos y transferencias entre cuentas vinculadas a procedimientos judiciales— de forma manual, copiando y pegando datos entre dos sistemas informáticos distintos, a menudo incluso en ordenadores separados. Una tarea repetitiva, propensa a errores y que ocupaba hasta ocho horas diarias por persona.
“Gracias a la colaboración con el Banco Santander, hoy ese trabajo lo hacen robots. Con precisión, sin errores, con trazabilidad total y en tiempo real”, destacó Cubo.
Una automatización permite liberar a los funcionarios de tareas mecánicas y destinar sus capacidades a funciones de mayor valor añadido, como la atención al ciudadano o la supervisión de procesos complejos. Pero además, reduce los errores humanos, incrementa la seguridad jurídica y acelera el cumplimiento de las resoluciones judiciales que implican movimientos de fondos.
Como incidió, se trata de un caso que no solo evidencia la utilidad real y presente de la IA y la robotización en el ámbito judicial, sino también la importancia de una colaboración estrecha entre el sector público y privado basada en la confianza, la transparencia y un objetivo común: modernizar la Justicia al servicio de los ciudadanos.
Realidades, no futuribles
“Venimos a hablar de realidades, no de futuribles”, enfatizó Aitor Cubo, quien subrayó que “La robotización elimina errores, garantiza la trazabilidad y mejora la seguridad jurídica. Es como usar una calculadora: ¿confiaríamos más en un cálculo mental o en el resultado que da el dispositivo?”.
El director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia demostró su propuesta con ejemplos concretos ya en funcionamiento en Justicia como la gestión automatizada de procesos monitorios, que permite su tramitación en menos de 24 horas en comunidades como Murcia o la cancelación automática de antecedentes penales, que se realiza de oficio gracias a algoritmos que detectan el cumplimiento de los requisitos legales, eliminando así desigualdades en el acceso a este derecho.
“Antes, para que se cancelaran tus antecedentes penales, tenías que saber que tenías ese derecho. Ahora, te llega una notificación que te informa de que la cancelación se ha hecho automáticamente”, explicó.
Cubo dejó claro que estos sistemas no sustituyen al juez, pero sí liberan recursos humanos que pueden destinarse a tareas de mayor valor añadido, como la atención al ciudadano o la mejora del servicio público.
Mirando al futuro inmediato
El director general avanzó que el gran reto inmediato será la hiperautomatización de procedimientos como el monitorio, con técnicas mixtas de IA y robotización, así como la implantación completa de los tribunales de instancia, cuya eficacia depende directamente del uso de tecnologías digitales
“No sobra nadie. Las personas que antes hacían tareas repetitivas ahora pueden dedicarse a mejorar el servicio público”, sentenció.
La ponencia de Aitor Cubo evidenció que la transformación digital de la Justicia española no solo está en marcha, sino que ya ofrece resultados tangibles. Un modelo que, si logra consolidarse, puede servir de referencia para otros países europeos y para todo el ecosistema jurídico.
