Luis María Cazorla no se anduvo con rodeos. En su discurso de ingreso como nuevo consejero nato del Consejo de Estado, en su calidad de presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, lanzó una advertencia clara, sin eufemismos: el Derecho está siendo arrinconado, despreciado e instrumentalizado por sectores políticos y sociales que consideran que la legalidad estorba a sus fines.
«Llego al Consejo de Estado con una honda preocupación: el rampante desprecio al Derecho que va tomando cuerpo hoy en ciertos sectores de nuestra sociedad y de nuestro Estado», afirmó con gravedad.
Fue un diagnóstico severo pero argumentado, que retrató con nitidez una deriva preocupante: la erosión del Estado de Derecho a manos del populismo jurídico, la deslegitimación de la norma como garantía colectiva y la banalización del marco constitucional.
Cazorla no rehuyó ninguna de estas cuestiones.
«El Derecho, opinan algunos, es siempre un obstáculo, un impedimento en el camino para el logro de metas políticas avanzadas, por lo que es preciso relegar o reducir a su mínima expresión las exigencias jurídicas», denunció.
Frente a esa lógica, recordó que «el respeto al Derecho es la mejor garantía del buen fin de lo que se pretenda, con independencia de la naturaleza de esto».
El periodismo jurídico como amenaza real
El jurista alertó de que esta forma de pensar no solo se ha abierto paso en los márgenes, sino que ha contaminado parte del debate político e institucional. Habló de una «marejada del populismo en su vertiente jurídica», que alcanza ya la «playa de la seguridad jurídica con consecuencias deplorables».
«Cunde… el auge de opciones populistas, basadas en pulsiones emotivas y en pasiones difícilmente controlables», citó de forma explícita a Darío Villanueva, para subrayar que lo emocional está desplazando al razonamiento jurídico.
Se refirió a la difusión de ideas profundamente nocivas: que el Derecho es conservador por naturaleza, que las advertencias técnicas no importan, que la voluntad política lo justifica todo, incluso pasar por encima de las garantías y los procedimientos. Cazorla respondió con una afirmación rotunda: «Proclamo ante la selecta audiencia a la que me dirijo mi creencia radical en el respeto al Derecho como el más adecuado e imprescindible instrumento para la resolución pacífica y razonable de los conflictos de la vida pública y privada».
La Constitución no es plastilina
El nuevo consejero también dejó claro que no todo cambio es progreso. Rechazó tanto el inmovilismo como el oportunismo constitucional. En su defensa de la Carta Magna de 1978, denunció la tendencia a moldearla al antojo del poder político:
«Creo en la Constitución de 1978, pero no en su entendimiento pétreo; creo en el formidable potencial de los principios constitucionales, pero no en una Constitución-chicle», advirtió, con una expresión deliberadamente provocadora.
Citando a Miguel Herrero de Miñón y a Eric Vuillard, reivindicó el núcleo sustancial e intangible de la Constitución como límite infranqueable. «Una norma constitucional… cierra el camino tan poderosamente como un tronco de árbol o un cordón policial», recordó. «O, matizo yo, debería cerrarlo».
Una defensa sin fisuras del Estado de Derecho
El discurso de Cazorla no fue una intervención protocolaria ni un recorrido biográfico. Fue un posicionamiento firme en defensa del Derecho frente al relativismo, la arbitrariedad y el cortoplacismo político. Y lo hizo desde una institución —el Consejo de Estado— que definió como uno de los «baluartes del Derecho más caracterizados de nuestro Estado de Derecho».
A sus compañeros, les prometió rigor, escucha y servicio. Pero también dejó claro que su papel no será neutral en el fondo: tomará partido por el Estado de Derecho frente a quienes intentan vaciarlo de contenido.
Y añadió finalmente: «Pongo mi ilusión, mi trayectoria profesional e intelectual y mis conocimientos (…) al servicio incondicional del Consejo de Estado como pieza fundamental del Estado de Derecho en el que tanto creo y defiendo».
