España sigue encabezando el ranking europeo en siniestralidad laboral, y la situación, lejos de mejorar, se agrava en un escenario jurídico que penaliza duramente al empresario, especialmente al pequeño.
Así lo pusieron de manifiesto el fiscal de Sala (equivalente a un magistrado del Tribunal Supremo en categoría) coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángel Javier Muñoz Marín, y los abogados Diego Cabezuela y Felipe García, socios del despacho Círculo Legal, en un desayuno celebrado en Madrid.
Durante el encuentro, se abordaron los factores que multiplican el impacto penal y económico de los accidentes laborales en las empresas.
La conclusión fue clara: el entorno normativo y judicial no está adaptado al tejido productivo español, dominado por pymes, que representan más del 90 % de los siniestros.
“El 80 % de los empresarios que llegan a juicio acaban condenados”
“El número de accidentes laborales ha crecido en los últimos tres años, y en Europa estamos en los primeros puestos”, advirtió Diego Cabezuela, socio de Círculo Legal. Pero su análisis no se detuvo ahí.
“Nos enfrentamos a una justicia que actúa con excesiva severidad hacia el empresario. El 80 % de los procesos penales por accidentes terminan en condena”, explicó. Y matizó que el 20 % de absoluciones suelen corresponder a casos antiguos que se resuelven por dilaciones indebidas o falta de pruebas.
Cabezuela denunció también la “lentitud desesperante” de los procedimientos: “Hay casos que tardan más de diez años en llegar a juicio”. Pero uno de los puntos más críticos fue el papel de la Inspección de Trabajo.
“La inspección emite juicios de valor que luego se trasladan al proceso penal como si fueran hechos indiscutibles. Y eso condiciona todo el procedimiento”, afirmó.
Muñoz Marín: “La ley actual no está pensada para las pymes”
El fiscal de Sala, Ángel Javier Muñoz, fue directo al identificar dónde se producen los accidentes más graves: “No ocurren en grandes empresas. Más del 90 % suceden en pymes, muchas veces con tres o cuatro trabajadores, donde el propio empresario hace las mismas funciones que sus empleados”.
Aunque elogió el contenido técnico de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lamentó que “no está diseñada para la realidad empresarial española”.
Propuso reformarla para que contemple estructuras más reducidas y apostó por implantar figuras como la del delegado de seguridad independiente, con funciones reales de control: “Debe tener autonomía y estar sujeto a mecanismos periódicos de evaluación”.
Muñoz insistió en que el objetivo no debe ser endurecer las penas: “Cuando un caso llega a la Fiscalía, el daño ya está hecho. No se trata de castigar más, sino de prevenir mejor”.
“No tener recursos no exime de responsabilidad”
Uno de los puntos más delicados fue el análisis de la responsabilidad penal empresarial. El fiscal fue tajante: “La falta de recursos no exime ni atenúa la responsabilidad. La empresa está obligada a invertir en la seguridad de sus trabajadores”.
A su juicio, no se trata de flexibilizar esa exigencia, sino de acompañarla con incentivos fiscales o ayudas que permitan a las pequeñas empresas cumplir con la normativa.
Sobre las causas de los accidentes, subrayó que la clave está en distinguir si hubo un comportamiento temerario por parte del trabajador o si la empresa consintió o no impidió esa imprudencia.
“Las grandes empresas tienen más capacidad de defensa”
El socio de Círculo Legal Felipe García aportó una visión técnica sobre las diferencias entre grandes y pequeñas empresas ante un proceso penal. “Es lógico que las grandes compañías tengan una tasa de absoluciones más alta. Tienen capacidad para presentar documentación, KPIs y medidas preventivas que las pymes ni siquiera han tenido oportunidad de implantar”, explicó.
García también advirtió sobre el riesgo de considerar como “objetiva” una inspección de trabajo realizada tras un accidente: “Para nosotros, como abogados defensores, una actuación tendenciosa de la Inspección, tras el accidente, puede obligarnos a reconstruir el caso desde cero, contrastando con informes de peritos, atestados policiales y evidencias técnicas”.
Como cierre, Ángel Javier Muñoz subrayó que la salud mental en el entorno laboral es una cuestión pendiente. “Todavía no está llegando al ámbito penal, salvo en casos muy claros de maltrato o acoso. Pero deberíamos empezar a mirarlo con mayor detenimiento”.
Un sistema que necesita repensarse
El desayuno jurídico dejó claro que el modelo actual de prevención y responsabilidad en accidentes laborales está tensionado por una doble asimetría: la que existe entre grandes y pequeñas empresas en su capacidad de cumplimiento y defensa, y la que genera una legislación pensada para estructuras que no representan la mayoría del tejido empresarial español.
En palabras de Diego Cabezuela, “urge repensar el sistema para que no sea un castigo automático al empresario, sino un instrumento real de mejora de la seguridad laboral. Si no lo hacemos, seguiremos liderando un ranking que nadie quiere encabezar”.
