El último «Plan de Choque» anticorrupción de Pedro Sánchez promete quince medidas para limpiar la Administración. Pero algunos expertos advierten: el remedio podría ser peor que la enfermedad.
España suspende en transparencia. Con 60 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparency International, nuestro país se sitúa por debajo de la media europea. Los datos no mienten: necesitamos actuar.
El Gobierno ha respondido con un paquete ambicioso: juzgados especializados, refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción y, sobre todo, el endurecimiento radical de las sanciones empresariales.
Las multas ya no se calcularán sobre beneficios, sino sobre ingresos anuales completos. Las empresas sancionadas podrán ser excluidas de la contratación pública mediante listas negras.
«El gran damnificado vuelve a ser el empresario»
Felipe García Hernández, socio director de Círculo Legal y vocal de la Junta Directiva Internacional de la World Compliance Association, no se muestra entusiasta. «Es una nueva vuelta de tuerca contra el empresario», advierte.
Su argumento: mientras la corrupción nace en los despachos públicos, las medidas se ceban en el sector privado.
Los números le dan parcialmente la razón. El plan incrementa obligaciones, multiplica sanciones y añade capas regulatorias.
«Esto incrementa el riesgo de deslocalización, como ya ocurrió con Ferrovial», recuerda García Hernández. La constructora abandonó España alegando, precisamente, exceso de burocracia e inseguridad jurídica.
Luces y sombras del modelo fiscal
La medida más controvertida: atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal, quitándosela a los jueces. En teoría, acelera procesos y especializa la persecución. En la práctica, genera dudas.
«La Fiscalía atraviesa una crisis reputacional importante», señala García Hernández. El cambio llega en mal momento: cuando la institución debe recuperar credibilidad, no asumir más responsabilidades.
Los juzgados especializados, por contra, representan un acierto técnico. Concentrar la experiencia anticorrupción en órganos específicos ha demostrado eficacia en otros países europeos.
Los agujeros del sistema
El plan presenta carencias evidentes. La Autoridad Independiente de Protección al Informante sigue sin desarrollo efectivo. Los controles en contratación pública brillan por su ausencia. Y el relanzamiento del Portal de Transparencia suena a maquillaje digital.
«Es otra oportunidad perdida para implantar controles internos efectivos en la Administración», lamenta el experto de Círculo Legal. Su propuesta: que la Administración lidere con el ejemplo, incorporando compliance officers propios antes de exigírselos al sector privado.
El riesgo del «Compliance cosmético»
Los controles patrimoniales reforzados a altos cargos y partidos políticos completan el paquete. Medidas necesarias, pero que García Hernández teme se queden en «Compliance cosmético»: mucho ruido mediático, poca aplicación real.
La ecuación resulta preocupante: España necesita combatir la corrupción, pero las herramientas elegidas podrían agravar otros problemas estructurales. Como el propio García Hernández resume: «Estamos ante medidas que suenan bien sobre el papel, pero que refuerzan la sensación de que se penaliza al empresariado mientras la raíz del problema permanece intacta».
El desafío no es menor: diseñar un marco anticorrupción eficaz sin ahuyentar la inversión empresarial. El equilibrio, por ahora, sigue pendiente.
