Comprar una casa está dejando de ser una opción para muchos ciudadanos. Y es que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) los hogares en régimen de arrendamiento han pasado de suponer el 13,5% del total en 2011 al 15,9% en 2021.
Desde que entró en vigor la Ley de Vivienda el 26 de mayo de 2023, esta fórmula de acceso a la vivienda ha llevado a los caseros a elevar los requisitos para asegurar que el futuro inquilino dispone de la solvencia suficiente para pagarle todos los meses como. Por ejemplo, pedir los movimientos bancarios a los potenciales inquilinos con el objetivo de evitar malas experiencias.
Solicitud que está causando un gran descontento entre los inquilinos que han compartido sus opiniones en redes sociales al considerar que esta práctica viola su intimidad.
Para la abogada Arantxa Goenaga, socia de Círculo Legal Barcelona, esta exigencia de ver los movimientos bancarios incluso antes de enseñar la vivienda en alquiler se está llevando a cabo porque se están produciendo falsificaciones de nóminas y contratos de trabajo.
En cambio, la experta ha explicado que esta práctica no es ilegal «siempre y cuando se cuente con el consentimiento expreso del inquilino, que deberá firmar una autorización». Sin embargo, “el mercado está tan tensionado que muchos acaban accediendo porque no pueden permitirse dejar pasar la oportunidad de alquilar un piso, dada la elevada competencia que existe: si ellos no lo hacen, otros lo harán”.
También consultan si los inquilinos están en la lista de morosos
Y esto no acaba aquí, sino que, a veces, además de pedir el contrato laboral, las nóminas y los movimientos bancarios o la declaración de la renta, también se suma el consultar si esa persona se encuentra inmersa en el fichero de morosos. Pero para ello también se necesita la autorización del inquilino, ha comentado Goenaga.
Este exceso de celo ha llegado hasta tal punto que “las garantías que se piden actualmente para alquilar casi se equiparan a las que el banco pide por conceder una hipoteca».
Para la experta, la Ley de Vivienda es la responsable de haber cambiado las reglas del juego porque la alarma social respecto a la inquiokupación -inquilinos con contrato que no pagan sus rentas- hace que los propietarios traten de blindarse ante un posible impago.
De modo que ha admitido que “el proceso de desahucio puede alargarse más allá de los dos años y la vivienda, una vez recuperada, puede estar en unas condiciones pésimas, por lo que habrá que invertir en una reforma”.
