A un año y medio del cierre del programa Next Generation, expertos denuncian que el marco normativo impide una gestión eficiente de los fondos. La Ley de Contratos del Sector Público se ha convertido en un cuello de botella legal y administrativo.
España podría devolver más del 50 % de los fondos europeos asignados si no se produce un cambio urgente en el modelo de ejecución. Esta es la advertencia que hacen responsables de proyectos financiados con dinero comunitario, a la vista de la parálisis administrativa y legal que asfixia la gestión de los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El principal freno, según coinciden diversos actores implicados, es la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP).
Su diseño garantista y su estructura hiperformalista han generado un ecosistema donde la seguridad jurídica se antepone a la eficacia, incluso cuando hay miles de millones de euros en juego.
“Hicimos una ley para evitar la corrupción, pero no para ejecutar. El resultado es que hoy el sistema está diseñado para no fallar… y por tanto, para no hacer nada”, señala uno de ellos, Miguel Ángel Domínguez, CEO de la empresa Add4u Soluciones para Gestión y Desarrollo S.L. especializada en la digitalización y automatización de procesos administrativos para la administración pública.
Una ley pensada para otro contexto
La LCSP fue concebida en un contexto marcado por los escándalos de corrupción y la necesidad de alinearse con las directivas europeas.
Sin embargo, ocho años después, sus efectos colaterales son evidentes. La obligación de justificación exhaustiva, la complejidad procedimental y el temor a incurrir en irregularidades están bloqueando a los gestores públicos.
“En la práctica, la ley convierte cada contratación en una carrera de obstáculos. Los funcionarios no tienen capacidad ni medios para seguir el ritmo que exige Europa”, añade Domínguez.
Convenios bloqueados, innovación paralizada
Uno de los mecanismos que podrían haber permitido mayor agilidad en la ejecución —los convenios de colaboración público-privada— se han visto especialmente afectados.
“Muchos responsables políticos evitan firmarlos por miedo a que se les acuse de trato de favor. Aunque sean con asociaciones sin ánimo de lucro”, explica.
Esta desconfianza ha tenido efectos directos. En algunos casos, como el desarrollo de infraestructuras tecnológicas, los convenios han tardado más de dos años en firmarse. “Es como si para construir una casa, pasas dos años y medio haciendo los planos. Luego no queda tiempo para levantarla”, ironiza.
El coste de no ejecutar
España recibió más de 183.000 millones de euros, entre subvenciones y préstamos, en el marco del fondo Next Generation EU. Es uno de los países más beneficiados, pero también uno de los que peor ritmo de ejecución lleva.
“Nos dieron más de lo que nos correspondía por tamaño. En Europa algunos pensaban que no lo gastaríamos… y parece que les estamos dando la razón”, apunta Domínguez.
La paradoja es evidente: hay fondos, hay proyectos y hay necesidad, pero el marco legal impide que el dinero fluya. Según los cálculos aportados, más del 50% de los fondos asignados podrían acabar sin utilizarse.
¿Hacia una reforma urgente?
De acuerdo con Domínguez, la LCSP necesita una reforma inmediata, al menos en lo que respecta a la gestión de fondos europeos. Propone vías como procedimientos específicos para fondos NextGen, simplificación de trámites para proyectos de innovación y reconocimiento normativo de asociaciones sin ánimo de lucro como entidades de interés estratégico.
“El objetivo no debe ser solo evitar el fraude, sino hacer posible la ejecución legal y transparente de proyectos de alto impacto”, concluye.
Si no se actúa pronto, España no solo perderá una oportunidad histórica de transformación. También quedará en evidencia ante Europa por incapacidad estructural para gestionar su recuperación.
