Ley de Contratos del Sector Público

¿Es legal fraccionar la contratación en contratos menores para saltarse las exigencias impuestas a la contratación pública?

A diferencia de lo que ocurre en el sector privado, no existe la obligación expresa para las Administraciones Públicas de implementar estos programas.

La Directiva sobre morosidad obliga a las autoridades públicas a pagar sus facturas en un plazo de treinta días.

José Luis Villar Ezcurra, profesor titular de Derecho Administrativo y socio director del despacho Ariño y Villar Abogados, analiza este asunto.

La sanción deriva de una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del TFUE.

Este fallo del TC podría generar en el futuro una batalla judicial entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas en materia de contratación pública.

Dos años después los expertos reconocen que la LCSP es una ley compleja, con más de 347 artículos lo que la hace algo reglamentista.

Javier Junceda explica en su columna que los licitadores públicos deben cumplir con las cláusulas sociales de los contratos que asuman.

Impulsar  la integridad en el sector público y hacer los procesos de contratación transparentes son dos de las causas de la puesta en marcha del Grupo de Trabajo de Integridad en la Contratación Pública que coordina la jurista Concepción Campos en la Red de Transparencia y Participación Ciudadana de las  Entidades Locales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Desde que entrara en vigor en marzo pasado, mucho se ha escrito sobre cuáles son las claves de la nueva Ley de Contratos del Sector Público que viene a dotar de mayor transparencia y seguridad jurídica a la adjudicación de contratos, protagonista en los últimos años de prácticas irregulares y copada en su mayoría por grandes corporaciones