Obra del pintor Samuel Scott que ilustra el final del galeón San José durante la Batalla de Barú.
El caso del galeón español San José, hundido frente a Colombia: patrimonio, derecho internacional y conflicto de intereses
El galeón San José, hundido frente a Cartagena de Indias en 1708 durante la Guerra de Sucesión Española, en la llamada batalla de Barú, en la que fue mandado a pique por una flota británica, vuelve a estar en el centro de la agenda jurídica internacional.
Con un cargamento estimado en 18.000 millones de euros —200 toneladas de oro, plata, esmeraldas y porcelana— su hallazgo, en 2015, mediante tecnología submarina no intrusiva, ahora se ha confirmado tras la identificación de monedas españolas de aquel tiempo a 600 metros de profundidad, junto al pecio, ha reactivado un complejo conflicto legal y diplomático que enfrenta a España, Colombia y la empresa estadounidense Sea Search Armada.
España: inmunidad soberana
España basa su posición en el artículo 3 de la Convención de la UNESCO de 2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001, que establece que los buques de guerra conservan su inmunidad soberana, independientemente del lugar donde se encuentren. El galeón San José, como navío de Estado y buque militar, estaría amparado por este principio.
Según José Montero, jurista experto en derecho internacional y CEO de Montero de Cisneros Abogados, “España no solo cuenta con argumentos jurídicos sólidos, sino con la doctrina internacional consolidada que respalda el estatus especial de los buques de Estado hundidos”.
Una referencia clara y directa a un precedente reciente: el del barco de estado Nuestra Señora de Las Mercedes, hundido la mañana del 5 de octubre de 1804 a pocas millas náuticas de Cádiz, por cuatro fragatas británicas.
La empresa cazatesoros estadounidense Odyssey recuperó casi 600.000 monedas, reales de a ocho y escudos con la efigie de Carlos IV, la mayor parte de plata. Total, 17 toneladas. Y se llevó el cargamento a Estados Unidos.
Allí España pleiteó hasta conseguir la recuperación del tesoro apelando a la mencionada Convención de la UNESCO. Nuestro país demostró que el Nuestra Señora de las Mercedes era una fragata de la Armada española y que sus restos materiales, su carga y los restos humanos eran patrimonio de España.
Colombia: jurisdicción exclusiva y protección patrimonial
En el caso de Colombia se produce una variante. Y es que no ha ratificado la citada Convención, por lo que afirma ejercer jurisdicción plena sobre el pecio, al encontrarse en su Zona Económica Exclusiva (ZEE) conforme al Derecho del Mar (Convención de Montego Bay, 1982).
En 2020, el galeón fue declarado Bien de Interés Cultural Inembargable, y la zona, Área Arqueológica Protegida. Bajo este marco, Colombia prohíbe cualquier forma de explotación comercial.
La postura colombiana se basa en una interpretación estricta de su soberanía territorial, reforzada por medidas legislativas internas y principios de protección del patrimonio cultural.
Una disputa sin solución sencilla
La empresa estadounidense Sea Search Armada, por su parte, reclama el 50 % del tesoro, alegando haber identificado el lugar décadas antes y amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Colombia.
Colombia, sin embargo, sostiene que nunca existió un derecho de propiedad ni una inversión protegida, y ha rechazado la demanda presentada ante el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, por considerar que carece de fundamento jurídico bajo el derecho internacional aplicable.
Montero subraya que la respuesta sobre la titularidad del San José no es sencilla, pues implica la interpretación de la ley internacional, intereses nacionales y reclamos privados.
“El caso del galeón San José ilustra la complejidad del derecho internacional en materia de patrimonio subacuático, donde confluyen intereses nacionales y privados; sin embargo, España cuenta con sólidos argumentos jurídicos para reclamar la titularidad del pecio como navío de Estado protegido por la inmunidad soberana y la Convención de la UNESCO», explica.
«La solución pasa por el reconocimiento de estos derechos por parte de Colombia y la creación de una comisión bilateral que, bajo la observación de la UNESCO, garantice la preservación, investigación y difusión conjunta de este patrimonio universal, excluyendo cualquier explotación comercial y priorizando su valor cultural y científico», añade.
Un naufragio con futuro incierto
Mientras tanto, el galeón San José permanece a 600 metros de profundidad, intacto. Su valor histórico y simbólico supera el económico. Representa no solo el legado material de un imperio, sino también los límites —y las tensiones— del derecho internacional frente a intereses estatales, económicos y patrimoniales en permanente colisión.
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