Las cinco asociaciones de jueces y fiscales superan con éxito la convocatoria de esta concentración lo que les da confianza de cara a la huelga que han convocado para los días 1, 2 y 3 de julio próximos en toda España. Sus principales representantes portando una pancarta ante la puerta principal del Tribunal Supremo. Foto: Confilegal.
«El Estado de Derecho no es derechas ni de izquierdas, es de todos»: los jueces y fiscales reúnen a miles de personas en su concentración ante el Supremo
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28/6/2025 15:39
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Actualizado: 28/6/2025 16:52
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La frase fue pronunciada por Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), durante su intervención pública. Pero era una frase que comparten los cinco líderes de las asociaciones convocantes. Desde María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) y Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).
Porque resume la esencia de sus reivindicaciones. Su oposición a dos leyes en curso que el Gobierno impulsa por la vía de urgencia: el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal y el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 (Poder Judicial) y de la Ley 50/1981 (Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal).
Dos iniciativas legislativas que las cinco asociaciones convocantes ven como una seria amenaza para el Estado de Derecho, la independencia judicial y fiscal y la democracia, en suma.
METER LA POLÍTICA DENTRO DEL PODER JUDICIAL
Sobre el primer proyecto de ley, los representantes de las cinco asociaciones han recordado, en su manifiesto, que «va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación, a la vez que introduce pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración. Así mismo, pretende meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces».
Y porque se pretende» «crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno, esto es, el poder ejecutivo interviniendo en la selección de los miembros del poder judicial, con el consiguiente riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales del país».
«Para finalizar, y sin que Europa lo exija, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a mil jueces y fiscales sustitutos, o peor, a quienes simplemente acumulen cinco años de experiencia profesional en lo que sea, mediante la realización de un simple dictamen práctico y, consecuentemente, yendo contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, perjudicando a las promociones más jóvenes y a los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal», han añadido.
Creando así diferentes vías para ser fiscal o juez. Una, la difícil, de mucho estudio, y otra más sencilla para que entren a «quienes les interese en cada momento al poder político».
UN FISCAL CON MÁS PODER QUE EL DE AHORA
Sobre el segundo Anteproyecto se busca «aumentar el poder del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo. A la vez se pretenden eliminar las garantías de autonomía de los fiscales, reduciendo las posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes».
Bajo un sol de justicia y una temperatura que superaba los 35 grados centígrados, entre 3.000 –según la Delegación del Gobierno–, y 5.000 personas, de acuerdo con apreciaciones independientes, muchos de ellos jueces y fiscales, llegados de los cuatro puntos cardinales de España, se han concentrado hoy a partir de las 12.30 en la Plaza de la Villa de París, frente al Tribunal Supremo, para mostrar su desacuerdo con los proyectos de ley.
El colectivo de jueces está formado por una plantilla de 5.500 personas y el de fiscales por 2.450, por lo que mirado de forma proporcional la concentración puede ser calificada bien de éxito. Entre el público, jueces y fiscales venidos de Canarias, de Cataluña, Galicia, País Vasco, Valencia, Andalucía, Castilla-León, Extremadura; de todo tipos de órganos, incluyendo juzgados de primera instancia, de violencia sobre la mujer, audiencias provinciales, audiencia nacional, algún magistrado del Supremo, incluso.
Las intervenciones de los cinco portavoces se han visto interrumpidas por el público que repetía consignas como «justicia independiente», «no estáis solos», «independencia judicial» y «autonomía para la fiscalía».
En esta ocasión ni Juezas y Jueces para la Democracia ni la Unión Progresista de Fiscales, en línea con los planes del Gobierno, han participado en la concentración. Como tampoco van a secundar la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio próximos.
LA DIVISIÓN DE PODERES, AFECTADA
«Sin independencia judicial los ciudadanos están perdidos. Por eso no pueden salir las reformas legales contra las que estamos reaccionando hoy. Sin separación de poderes, los ciudadanos no tienen derechos», declaró después Del Barco, de la APM.
En esa misma línea se pronuncio Sergio Oliva, de la AJFV, «las cinco asociaciones estamos muy emocionadas por el respaldo tan increíble que hemos sentido hoy de la ciudadanía. Las reformas que se pretenden van en perjuicio del derecho de los ciudadanos a tener una justicia profesional, independiente e imparcial».
Fernando Portillo, de FJI recordó a todos que «aquí no estamos reclamando ni mejoras salariales ni una mejores condiciones de trabajo. Aquí estamos defendiendo los derechos y las libertades de los ciudadanos que se verán disminuidos si los dos proyectos de ley ven la luz. Porque socavarán el Estado de Derecho. Esperamos y deseamos que los políticos paralicen el trámite parlamentario de estos proyectos tan nocivos».
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales subrayó que el Anteproyecto «que se avecina» da «más poder al Fiscal General del Estado, al que no separa ni del Ministerio de Justicia ni del Gobierno que lo nombra. No refuerza la autonomía de la institución ni garantiza su independencia. En esas condiciones no es posible que el Ministerio Fiscal asuma la instrucción penal que se pretende».
El presidente de la APIF, Miguel Pallarés, en la misma línea que Dexeus, recordó que «la reforma del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal es un mero maquillaje de cara a Europa. Lo único que ha modificado es que ha prolongado el mandato del fiscal General del Estado a cinco años, lo desvincula del Gobierno y ha quitado competencias al Consejo Fiscal y se las da al Fiscal General».
La concentración de asistentes fue vigilada muy estrechamente desde el Supremo por un pequeño destacamento de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que no tuvieron que intervenir. Al final del acto de lectura del manifiesto, gracias «a órdenes de arriba», permitieron que los manifestantes pudieran fotografiarse frente a la puerta del Supremo. Un área que protege una valla de metal.
BOLAÑOS: TEMORES INFUNDADOS
De forma paralela al acto, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, realizó una rueda de prensa en la que ha asegurado que «ni una sola línea» de la reforma judicial que impulsa el Gobierno afecta a la independencia de jueces y fiscales. Y ha considerado que los temores de jueces y fiscales son «infundados».
«Pueden estar tranquilos, porque ni una sola línea de la reforma de la Justicia afecta ni a la independencia judicial, ni al Estado de Derecho», ha remachado.
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