El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han acordado este lunes el nuevo sistema de financiación autonómica, que se basará en los ingresos de las comunidades autónomas y no en el gasto como hasta ahora, aunque no estipula ni cifras ni fechas exactas.
Lo han presentado en rueda de prensa el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, tras una reunión en la que también ha estado presente la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero.
Torres, ha supeditado la aprobación del nuevo sistema de financiación catalana acordado con la Generalitat este lunes a «tener los apoyos pertinentes» en el Congreso de los Diputados.
«Hay acuerdos que exigen modificación de leyes orgánicas y también hay acuerdos que exigen, lógicamente, la manifestación expresa, bien del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como de las Cortes Generales», ha dicho.
Torres ha explicado que «la voluntad del Gobierno es que el acuerdo se termine materializando» y tener un nuevo sistema de financiación, pero que depende, textualmente, de quienes tienen la mayoría y que se pueda conseguir un consenso máximo.
TODOS LOS IMPUESTOS SERÁN RECAUDADOS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Fuentes del Govern han explicado que el nuevo acuerdo ve a las comunidades autónomas «desde un punto de vista mucho más maduro», es decir, que ya no reciben el dinero que necesita gastar, sino que generan ingresos y los usan para hacer el gasto que considere.
El modelo pactado prevé que Cataluña –y las comunidades autónomas que lo quieran adoptar– recaudará todos los impuestos, que irán destinados a una cesta de tributos de la que saldrá la cifra que se quedará el Estado para financiar sus gastos en Cataluña y el resto será para la Generalitat.
En este punto se deberá definir qué tributos y qué porcentaje de estos tributos se queda cada una de las dos Administraciones
Tras este paso, Cataluña realizará una aportación a la solidaridad, que deberá mantener el principio de ordinalidad, y luego el Gobierno deberá traspasar a la Generalitat los gastos de las competencias que tiene traspasadas –como lengua o seguridad, entre otras–.
AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUÑA
El acuerdo también contempla que, en el futuro, sea la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) la que recaude todos los impuestos generados en Cataluña.
La ATC trabajará de forma independiente de la Agencia Tributaria y no será tutelada de ninguna forma, aunque las mismas han señalado que colaborarán porque «la hacienda catalana no puede estar desconectada» del resto.
En todo caso, las mismas fuentes han avisado que actualmente la ATC no tiene la capacidad para recaudar todos los impuestos: «No tenemos ni la plataforma tecnológica, ni el personal ni el conocimiento para gestionarlo».
Está previsto que la próxima semana Indra entregue a la Generalitat el plan director que ha trabajado junto a la Generalitat para establecer las fases y el crecimiento futuro de la ATC.
García-Page carga contra el pacto fiscal con Cataluña: «No pagaremos favores ni chantajes»
Como era de esperar, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rechazado con contundencia el modelo pactado, que permitirá a Cataluña —y a las comunidades que lo adopten— recaudar la totalidad de sus impuestos y transferir posteriormente una cantidad al Estado para sufragar sus competencias en territorio catalán.
“Este sistema está pensado para pagar favores, chantajes, o lo que es peor, avanzar en la ruptura de la igualdad entre españoles”, ha denunciado García-Page.
El dirigente socialista ha calificado el acuerdo como una amenaza directa al principio de equidad territorial: “Que no nos tomen por tontos. Lo que todos queremos es igualdad de oportunidades, vivamos donde vivamos”.
El modelo supone un giro sustancial respecto al actual sistema de financiación, basado en los niveles de gasto. Aunque por ahora no se han dado a conocer cifras concretas ni calendario de aplicación, el principio rector es claro: las comunidades que se acojan al sistema gestionarán íntegramente la recaudación fiscal, invirtiendo en su territorio lo que no se transfiera al Estado.
Lambán: «Rompe la Hacienda común»
El expresidente de Aragón, Javier Lambán, ha ido aún más lejos en su crítica. A su juicio, el acuerdo es “un paso gigante hacia la soberanía plena de Cataluña” y dinamita los pilares de cohesión fiscal del Estado.
“Es el precio de la investidura de Salvador Illa y de la debilidad extrema de Pedro Sánchez. Los españoles no podemos permitirlo”, ha sentenciado.
Otras regiones exigen trato equivalente
Lejos de quedarse en la crítica, otras federaciones socialistas han reclamado un trato similar para sus comunidades. Desde Castilla y León, Fran Díaz —secretario de Política Municipal del PSOE regional— ha defendido una financiación adaptada a las características de su territorio: envejecimiento, dispersión geográfica y necesidades específicas en servicios públicos.
“Si Cataluña obtiene una financiación singular, Castilla y León debe exigir lo mismo”, ha instado Díaz, señalando al PP como responsable de negociar un acuerdo bilateral con el Estado.
En la misma línea, el PSIB-PSOE ha pedido al Govern balear de Marga Prohens que explore una vía similar. Consideran que un modelo singular sería “beneficioso” para las islas, cuya insularidad condiciona el acceso a servicios y el coste de vida.
Un sistema en entredicho
Este movimiento del Gobierno reabre el debate sobre el modelo de financiación autonómica, que lleva años sin actualizarse. La posibilidad de acuerdos bilaterales amenaza con erosionar el principio de solidaridad interterritorial recogido en el artículo 138 de la Constitución.
La equidad entre comunidades, apuntan los críticos, no puede depender del poder de negociación política de cada una.
EMPRESARIOS CATALANES CREEN QUE LA NUEVA FINANCIACIÓN AUMENTARÁ LOS COSTES A LAS EMPRESAS
Por otro lado, la organización empresarial Empresaris de Cataluña ha advertido que la nueva propuesta de financiación, acordada tras la comisión bilateral Gobierno-Generalitat de este lunes, provocará un incremento de costes y una «mayor conflictividad» entre las empresas y la Administración.
La organización considera que esto tendrá como consecuencia que las filiales de empresas catalanas opten por ubicar su sede en otros lugares de España para no tener que afrontar relaciones con dos entes tributarios.
Su presidente, Josep Bou, ha afirmado que el problema en Cataluña no es de quien recauda, sino de su gestión, y añade que la Generalitat debe reducir su deuda, adelgazar su Administración y centrarse en administrar sus ingentes recursos, textualmente.
