Los funcionarios de justicia catalanes estrenarán en 2026 un sistema de incentivos económicos que incluye, entre sus objetivos, el fomento del catalán en la documentación judicial.
El acuerdo, firmado este viernes entre la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática, representada por el consejero Ramón Espadaler, y los sindicatos STAJ, CSIF, CC.OO. y UGT, establece un modelo de evaluación que combina rendimiento profesional y cumplimiento de objetivos específicos.
Pionera en incentivos lingüísticos
La inclusión del uso del catalán como criterio de productividad convierte a Cataluña en pionera en vincular incentivos económicos al empleo de la lengua autonómica en el ámbito judicial.
El complemento de productividad se estructura en dos bloques claramente diferenciados. El primero, que representa el 30% de la puntuación final, valora competencias profesionales y personales: rendimiento especial, iniciativa y actividad extraordinaria. El segundo bloque, con un peso del 70%, se centra en la consecución de objetivos específicos tanto del centro de trabajo como del puesto individual.
Entre los objetivos fijados para 2025 destaca la correcta implementación de los nuevos centros derivados de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia al servicio público de justicia, el dominio de las nuevas herramientas informáticas y la mejora cuantificable de la actividad judicial.
La mejora de la actividad judicial se medirá a través de parámetros específicos: expedientes terminados, trámites registrados, certificados emitidos e informes elaborados con plantillas en catalán. Para obtener el complemento, los funcionarios deberán demostrar incrementos en al menos dos de estos indicadores.
Supervisión y calendario
El acuerdo establece una comisión paritaria de seguimiento, integrada por representantes sindicales y administrativos, que supervisará la aplicación del modelo, resolverá incidencias y propondrá mejoras.
El período de evaluación coincidirá con el año natural, y la liquidación del complemento se realizará como máximo en abril del año siguiente, estableciendo un calendario preciso para la gestión de estos incentivos.
Esta medida supone un cambio significativo en la política retributiva de la justicia catalana, que por primera vez vincula parte del salario de sus funcionarios a objetivos que incluyen criterios lingüísticos.
