El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha conseguido en pocos días lo que muchas iniciativas corporativas tardan meses en lograr: más de 1.000 adhesiones a su campaña «Transparencia sin sanciones».
No es casualidad. Detrás hay un problema real que afecta tanto a los letrados como a sus clientes.
La cuestión es técnica pero sus consecuencias son evidentes. La nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa (LODD) obliga a los colegios profesionales a publicar criterios orientativos sobre las costas, los honorarios profesionales que, en caso de perder, los clientes tendrían que abonar a la otra parte.
Es una medida que, en principio, beneficia a todos. A los ciudadanos porque conocen de antemano cuánto les costará litigar y a los abogados porque operan con reglas claras.
El problema surge con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que considera estas orientaciones como posibles prácticas restrictivas de la competencia.
El resultado es una paradoja jurídica: la ley exige transparencia pero el regulador de competencia amenaza con sanciones por cumplirla.
La encrucijada legal
En este sentido, el ICAM ha dirigido un escrito institucional a los Ministerios de Justicia y Consumo solicitando un dictamen del Consejo de Estado que aclare este marco jurídico contradictorio.
Es una jugada inteligente: buscar la máxima autoridad consultiva del Estado para resolver una antinomia que paraliza a los colegios profesionales.
«Cuantas más adhesiones logremos, más fuerza tendrá nuestra petición», explica el decano del ICAM, Eugenio Ribón, quien sitúa la cuestión más allá del corporativismo: «Este es un momento decisivo para defender el derecho de los ciudadanos a saber cuánto cuesta litigar antes de hacerlo».
La estrategia del ICAM combina presión institucional, movilización sectorial y campaña mediática bajo el hashtag #HonorariosTransparentes. Un enfoque que reconoce que en el actual ecosistema normativo, la legitimidad social es tan importante como la técnica jurídica.
Más allá del gremio
Lo relevante de esta iniciativa trasciende lo corporativo. Plantea una cuestión fundamental sobre cómo articular transparencia y competencia en las profesiones liberales.
Los ciudadanos necesitan información para tomar decisiones informadas, pero esa misma información puede generar efectos no deseados en el mercado.
La respuesta no puede ser la parálisis normativa. Mil adhesiones en pocos días demuestran que existe una demanda real de seguridad jurídica. Ahora corresponde a las instituciones resolver una contradicción que, de prolongarse, solo beneficiará a la opacidad.
