España ha dado el paso decisivo en su estrategia contra la corrupción y en la consolidación de la cultura del cumplimiento normativo. Ayer, 1 de septiembre, comenzó a operar oficialmente la Autoridad Independiente de Protección al Informante (A.A.I.), tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden PJC/908/2025.
Este organismo tiene como objetivo garantizar la protección de quienes denuncien irregularidades contempladas en la Ley 2/2023, también conocida como Ley de Protección al Informante, y que adaptó al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/1937 sobre la materia.
La nueva autoridad, presidida por Manuel Villoria Mendieta, no solo se ocupará de velar por la seguridad de los denunciantes frente a posibles represalias, sino que también ejercerá un papel central como pilar institucional en la lucha contra la corrupción, actuando en coordinación con organismos nacionales e internacionales de control y supervisión.
Manuel Villoria Mendieta es un destacado catedrático de Ciencia Política y de la Administración Pública en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). Cofundador y antiguo miembro de la junta directiva de Transparency International en España, y ha colaborado como consultor para organizaciones como la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, y otras instituciones de América Latina.
Fue nombrado para este puesto en mayo de 2025. En su toma de posesión, el ministro Félix Bolaños destacó su amplia experiencia en buenas prácticas institucionales, ética y lucha contra la corrupción.
FUNCIONES Y ESTRUCTURA DE ESTA NUEVA AUTORIDAD
Entre las funciones de este organismo figuran la gestión del canal externo de denuncias —que permitirá presentar comunicaciones incluso de forma anónima—, la potestad sancionadora –las sanciones pueden alcanzar los 300.000 euros en el caso de las personas físicas, o 1.000.000 euros para personas jurídicas, dependiendo del tipo de infracción)–, labores de difusión, elaborando circulares y recomendaciones para el correcto funcionamiento de la institución, y colaboración institucional y con otras autoridades autonómicas, aunque se anima a las Comunidades Autónomas a crear sus propias autoridades autonómicas, en el caso de no ser posible, se podrán suscribir convenios específicos con la A.A.I. para que asuma sus funciones.
La A.A.I. está formada por su presidente, como máximo órgano de representación y gobierno, y una Comisión Consultiva de Protección. Una estructura que se cojmpleta con tres órganos: un Departamento de Protección del Informante, con competencias fundamentales como la gestión del canal externo de comunicaciones y de las medidas de apoyo y protección, un Departamento de Seguimiento y Régimen Sancionador y la Gerencia.
La entrada en funcionamiento de este organismo supone también el inicio de la supervisión directa sobre las organizaciones obligadas por la Ley de Protección al Informante.
Estas disponen hasta el 1 de noviembre de 2025 para designar y comunicar al responsable de su sistema interno de información, lo que obligará a muchas entidades a revisar de forma inmediata sus protocolos de denuncia y sus canales internos, después de más de un año sin supervisión efectiva desde la entrada en vigor de la normativa.
PLAN ESTATAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
A este avance se suma la aprobación, el pasado 26 de agosto, del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, acordado por el Consejo de Ministros mediante el Real Decreto 711/2025.
El plan, estructurado en cinco ejes y quince medidas, pretende reforzar el marco legal existente en materia de integridad pública.
Entre sus novedades se incluyen un mayor blindaje del anonimato en los canales de denuncia, sanciones más severas contra represalias, la obligatoriedad de que las organizaciones que contraten con la Administración cuenten con sistemas de cumplimiento anticorrupción y se sometan a auditorías externas de integridad, así como el endurecimiento de las penas recogidas en el Código Penal, que incorpora nuevos delitos contra la Administración Pública.
El plan también contempla la creación de una lista de inhabilitación que excluirá de la contratación pública y de la obtención de subvenciones o beneficios fiscales a las entidades condenadas en firme por corrupción.
Para el sector privado, estas medidas representan un desafío inmediato que pasa por adaptar sus políticas internas de cumplimiento, garantizar la eficacia de sus canales de denuncia y fortalecer sus sistemas de prevención, en un contexto donde la supervisión y las sanciones ya no serán una amenaza futura, sino una realidad tangible.
