La Comisión Europea ha cerrado su propuesta de presupuesto comunitario para 2028-2034 con una decisión que habla por sí sola: multiplicar por más de dos la inversión en programas de Justicia, elevándola hasta los 798 millones de euros.
Una cifra que refleja las prioridades de una Unión Europea empeñada en fortalecer sus cimientos democráticos.
De 305 a 798 millones €
Los números son elocuentes. Mientras el marco financiero plurianual (MFP) actual destinó 305 millones de euros a Justicia entre 2021 y 2027, Bruselas propone ahora una partida que supera el 160% de incremento para los próximos siete años.
«Con casi 800 millones de euros, el presupuesto propuesto para el nuevo programa es más del doble del disponible en el actual MFP, lo que, en mi opinión, da fe de su impacto», ha subrayado el comisario europeo de Justicia, el irlandés Michael McGrath, durante la presentación de este miércoles.
Esta inversión tiene un objetivo claro: desarrollar sistemas judiciales «eficientes, inclusivos y digitalizados» en toda Europa, cimentados sobre tres pilares fundamentales: el Estado de derecho, el reconocimiento mutuo y la confianza entre Estados miembros.
La propuesta de Justicia forma parte de un marco financiero global que asciende a casi 2 billones de euros a precios actuales. Pero hay un escollo procedimental de peso: los 27 deben aprobar el paquete por unanimidad, además de contar con el consentimiento del Parlamento Europeo.
Esta exigencia convierte cada partida presupuestaria en una negociación compleja, donde cada Estado miembro puede ejercer su derecho de veto.
Mercado Único: 6.200 millones € para la integración comercial
Paralelamente, Bruselas ha diseñado una arquitectura financiera que agrupa bajo un mismo programa de Mercado Único y Aduanas una dotación de 6.200 millones de euros, también duplicando la financiación actual.
La distribución revela las prioridades comunitarias: aduanas: 2.722 millones; mercado único, 2.678 millones; cooperación fiscal, 474 millones; y medidas antifraude, 363 millones
Esta reagrupación busca una «cooperación integral» entre administraciones nacionales en ámbitos tan sensibles como la lucha contra el fraude y la armonización fiscal.
