En una profesión que vive de la verdad y de la prueba, no podemos tolerar la tergiversación interesada ni el uso de tribunas públicas para fines particulares. Por ello, me veo en la obligación de responder con claridad al artículo publicado en este mismo medio, firmado por la señora Murias García, titulado “La Asociación Profesional de Detectives Privados no puede arrogarse la representación de todo el colectivo”.
La pieza plantea acusaciones graves contra la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) y contra su Junta Directiva, pero carece de respaldo documental y se sustenta en datos tergiversados.
En una democracia, la crítica es legítima; lo que no lo es, es presentar como hechos lo que son opiniones interesadas.
Elecciones legítimas y sin incidencias
El pasado 24 de mayo de 2025, la APDPE celebró elecciones a su Junta Directiva con la concurrencia de dos candidaturas. La nuestra resultó vencedora. El proceso se desarrolló con normalidad, bajo una Mesa Electoral con representantes de ambas candidaturas, que levantó un acta de cierre sin incidencias.
No se registraron reclamaciones en el momento del voto y, a día de hoy, no existe notificación judicial alguna de impugnación. En consecuencia, conforme al artículo 40 de la Ley Orgánica 1/2002, las elecciones y la nueva Junta son plenamente válidas. Pretender lo contrario es sembrar dudas sin base legal.
Transparencia en censo y actas
Se nos acusa de manipular el censo y de ocultar actas. Nada más lejos de la realidad:
• El proceso electoral se desarrolló conforme a derecho, con regularidad y transparencia, sin que conste incidencia alguna.
• Las actas están firmadas y archivadas; cualquier asociado que lo desee puede consultarlas.
• No hubo objeciones formales en la jornada electoral, lo que invalida alegaciones posteriores.
Las insinuaciones de manipulación carecen de prueba y buscan solo generar ruido.
Votos delegados y cuentas aprobadas
Se nos reprocha un supuesto uso irregular de votos delegados y la existencia de un saldo negativo.
• El voto delegado está expresamente previsto en los Estatutos y se aplicó con absoluta corrección.
• El saldo negativo histórico de la Asociación ha sido aprobado reiteradamente en Asamblea, incluso con el voto de la propia autora del artículo.
Hablar ahora de “ilegitimidad” es, sencillamente, descontextualizar la realidad.
Un Estatuto debatido y legítimo
El 25 de febrero de 2025, la APDPE presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta de Estatuto del Detective Privado. Fue fruto de debates internos desde 2021, en Asambleas en las que participó la Sra. Murias sin expresar oposición alguna.
Se trata de una propuesta de reflexión, no de un texto normativo. Ejercimos el derecho de petición y participación ciudadana reconocido por la Constitución.
La APDPE no se arroga representación exclusiva del colectivo, sino que actúa en nombre de sus asociados, fomentando el diálogo con Colegios y otras asociaciones.
Representación compartida
El artículo sostiene que solo los Colegios tienen capacidad de representación. El art. 5.g de la Ley 2/1974 dice que representan “en su ámbito”. Eso no impide que una asociación profesional, como la APDPE, represente a sus miembros y actúe como interlocutor ante las instituciones. Así lo recogen también nuestros Estatutos, que nos encomiendan promover, defender e informar sobre los intereses de la profesión.
La representación en democracia no es monopolio: es plural y complementaria.
Las cifras reales de la profesión
Se nos acusa de ser “menos del 5 %” de 7.000 TIP. Esa cifra es falsa o, al menos, profundamente inexacta:
• Los 7.000 TIP son el total de tarjetas expedidas en la historia, incluyendo bajas, jubilados y fallecidos.
• El número de detectives ejercientes hoy no supera los 1.600.
En ese contexto, la APDPE integra el mayor número de asociados activos y reconocidos.
La legitimidad no se mide solo en cantidad, sino en trayectoria, actividad y reconocimiento.
La autora y su interés particular
La autora del artículo es CEO de una empresa del sector y ha mostrado públicamente su apoyo a la otra candidatura en las elecciones. Ese conflicto de interés tiñe su columna de parcialidad.
Se presenta como crítica jurídica, pero en realidad es un intento de desprestigio contra la APDPE. Y lo hace desde una tribuna pública que merece respeto, pero también exige responsabilidad.
Conclusión
La APDPE seguirá cumpliendo su misión: defender a sus asociados, promover la profesión y participar en el debate público.
No vamos a tolerar campañas de desinformación que busquen debilitar la unidad del sector.
Nuestra respuesta será siempre la misma: datos, transparencia y legalidad.
Con todo respeto, pero con firmeza, reitero que la APDPE está abierta al diálogo con todos los actores de la profesión. Lo que no aceptaremos es que se use la opinión como arma para erosionar una institución que lleva décadas trabajando por la dignidad del detective privado en España.
