«En una profesión que vive de la verdad, no podemos tolerar la mentira organizada desde dentro».
Durante años, la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) fue un referente. Nació bajo la presidencia del Sr. D. Hugo Sanmartín, fruto de la fusión de las asociaciones más importantes del sector.
Entonces sí representaba al colectivo: alcanzó un número significativo de asociados, fue reconocida por la Administración y se convirtió en la voz legítima de los detectives privados en España, y con sus sucesivas juntas directivas y la participación de grandes detectives.
Esa historia no debe olvidarse. La APDPE merece respeto por lo que fue y por lo que puede volver a ser. La crítica no va dirigida contra la Asociación como institución, sino contra su actual Junta Directiva (idéntica en lo esencial a la anterior), que ha traicionado ese legado, vaciando de legitimidad y credibilidad a una organización que costó años construir.
Elecciones bajo sospecha: de la manipulación al continuismo
Las elecciones de mayo de 2025 han sido impugnadas judicialmente por varios asociados –incluido yo misma–. Y no es casual: A mi juicio, el censo electoral fue manipulado, se excluyó a socios con derecho a voto, la mesa electoral fue presidida por un miembro de la Junta sin designación válida y las actas nunca fueron entregadas ni permitida su consulta en la asamblea general.
El resultado no podía ser otro que el continuismo disfrazado: Francisca Cáceres pasa a vicepresidenta y el Sr. Antonio Labrador, antiguo vicepresidente, se convierte en presidente. Una alternancia de sillones que insulta a la democracia interna.
A ello se suma el uso de debates públicos como escenario de descalificación de asociados, donde la crítica se responde con ataques personales en lugar de argumentos.
Cuentas opacas y censura interna
Las cuentas anuales no fueron simplemente “aprobadas sin debate”: el esperpento fue aún mayor. Se presentaron, en mi opinión, con irregularidades tan evidentes como una caja en negativo, algo que en cualquier entidad seria sería motivo inmediato de alarma.
La mayoría de los asociados presentes en la Asamblea General votaron en contra de su aprobación, pero el vicepresidente en funciones y el resto de la Junta Directiva decidieron que la voluntad de la sala era irrelevante.
¿La solución mágica? Recurrieron a un arsenal de votos delegados en manos de la propia Junta para salvar la papeleta, incluso reconociendo públicamente la irregularidad. Una transparencia de orfebrería, digna de manual.
En cuanto a la censura, no hubo lugar para sutilezas. En el canal oficial de WhatsApp, la presidenta, Francisca Cáceres, llegó a justificar la expulsión de un miembro crítico con una sentencia digna de enmarcar: “no están permitidas las opiniones personales”.
Una frase que resume con exactitud el nivel de deriva autoritaria alcanzado, donde la crítica se convierte en delito y la obediencia en único valor estatutario.
El Estatuto de la improvisación: cuatro deciden por todos
Lo más grave, sin embargo, ha sido la presentación unilateral de una propuesta de Estatuto Profesional del Detective Privado ante el Congreso de los Diputados.
Un texto redactado por apenas cuatro miembros de la Junta Directiva, sin participación, sin expertos, sin debate abierto y sin visión estratégica de futuro.
En nuestro colectivo —pequeño pero extraordinariamente preparado— contamos con analistas de inteligencia, doctores en Derecho, expertos en ciberseguridad, especialistas en inteligencia artificial y OSINT, detectives con décadas de experiencia.
¿Por qué no se les consultó?
¿Por qué no se abrió un proceso participativo?
¿Por qué no se expuso de forma pública y transparente un texto que afectaría a toda la profesión?
La respuesta es simple: porque no buscan consenso, buscan control.
La ley es clara: la representación corresponde a los Colegios
La Junta Directiva olvida deliberadamente lo que dice la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, en su artículo 5. g): “Corresponde a los Colegios Profesionales… Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares».
Es decir, la representación institucional de los detectives privados corresponde exclusivamente a los Colegios Oficiales y, en su momento, al futuro Consejo General de Colegios Oficiales de Detectives Privados.
Actualmente, ya existen colegios en Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana; el de Andalucía está en fase avanzada de constitución.
La APDPE, como asociación privada, tiene derecho a opinar y a proponer, pero no tiene ni legitimidad ni capacidad jurídica para arrogarse la representación colectiva ni para modificar normas profesionales.
Es un hecho que todos los Colegios Profesionales existentes han confirmado no haber sido informados en ningún momento. La Junta Directiva de la APDPE no contó con ellos ni para la elaboración del texto ni para la acción, tan impulsiva como irresponsable, de presentarlo en el Congreso de los Diputados.
La exclusión deliberada de los Colegios no es un simple descuido: es la evidencia de que la Junta actuó de espaldas al marco institucional legítimo y a quienes sí ostentan, por ley, la representación de la profesión.
Lo ilegítimo tiene consecuencias
Una Junta Directiva que, desde mi punto de vista, manipula censos, blinda cuentas con votos delegados, censura la crítica y presenta estatutos improvisados sin contar con el colectivo, ha cruzado todas las líneas rojas.
No tienen capacidad técnica para imponer una norma en nombre de todos. No tienen legitimidad para hablar por el sector. Y si insisten en seguir adelante, habrá consecuencias legales.
La actual APDPE no llega ni al 5% de la totalidad de las aproximadamente 7000 tarjetas de identificación profesional de detectives de España. Por lo tanto, no pueden arrogarse la representación de nuestro colectivo.
Porque la representación no se roba, se conquista. Porque la democracia no se simula, se ejerce. Porque la voz de todos no puede ser sustituida por la voz de cuatro.
Representa solo al 5 % de los detectives privados españoles
La APDPE fue una institución grande, respetada y necesaria. Puede volver a serlo, pero no mientras siga en manos de una Junta Directiva que ha secuestrado su esencia para perpetuarse en el poder.
Hoy lo que tenemos no es representación, sino ventriloquía asociativa: una minoría que habla como si fuera la totalidad.
Y lo más grave: lo hace contra la ley, contra la legitimidad y contra el colectivo.
Somos detectives privados. Vivimos de la verdad, de la prueba y de la transparencia. Y no vamos a aceptar que nos impongan desde la sombra un Estatuto improvisado, ilegítimo y sin consenso.
La Junta Directiva de la APDPE haría bien en recordar que no se puede jugar a ser Parlamento cuando apenas representa menos de un 5% del sector.
Seguir actuando de manera unilateral, de espaldas a los Colegios y al propio colectivo, no es liderazgo: es un espejismo de poder. Y como todo espejismo, se desvanece cuando se le mira de frente.
Si de verdad quieren hablar en nombre de todos, que empiecen por escuchar a todos. Y si no, lo más honesto sería dejar de fingirlo.
La actual Junta Directiva de la APDPE, debe cesar en suplantar la representación colectiva.
