La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha acudido este miércoles al acto de conciliación fijado por el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Madrid a petición del presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, por llamarle «presunto delincuente» y mostrarse «convencida» de que «va a volver a la cárcel».
El acto de conciliación entre ambos ha quedado sin efecto toda vez que ni la dirigente socialista ni su abogado se han presentado en la sede judicial de la calle Rosario Pino, en Madrid.
Fue el pasado mayo cuando De Aldama presentó una demanda de conciliación en la que reclamaba 250.000 euros a la vicepresidenta del Gobierno. El empresario investigado también pedía a la ministra que se retractase públicamente por las declaraciones «injuriosas» realizadas durante una entrevista en el programa ‘Lo de Évole’ el pasado 16 de marzo.
De Aldama avisó de que si no llegaban a un acuerdo en un acto de conciliación, presentaría una querella contra Montero «por la presunta comisión de un delito de injurias con publicidad».
Aldama afea sus palabras a Montero
En la demanda de conciliación, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, De Aldama afeaba a la ministra que le atribuyese «de manera directa» la condición de «delincuente», aunque lo matizase «irónicamente» con la palabra «presunto».
También criticaba que dijese estar convencida de que volvería a la cárcel, «precisamente en el marco del procedimiento judicial donde el Ministerio de Hacienda a su cargo ostenta la condición de parte interesada, en la medida en que manifestó que el mismo tuvo su origen en una investigación realizada por la Agencia Tributaria».
Se refería al caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre un presunto fraude de IVA con hidrocarburos en el que De Aldama figura como principal investigado y por el que fue detenido el pasado octubre y luego puesto en libertad en noviembre, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, después de que declarara como investigado en otro procedimiento, el denominado ‘caso Koldo‘, en el que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de material sanitario y de obra pública.
De Aldama considera que Montero «ha incumplido abiertamente sus deberes institucionales como alto cargo del Estado», que tiene la «obligación» de «respetar» el derecho a la presunción de inocencia, al trasladar «a la opinión pública a través de un medio de difusión masiva claros prejuicios de culpabilidad» en su contra.
En el marco del escrito, a cargo de su abogado, el letrado José Antonio Choclán, recordaba que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado que «cuando la vulneración de la presunción de inocencia en su dimensión social proviene de los poderes públicos, como aquí ocurre, se lesiona el honor y la reputación de la persona investigada/acusada».
