Los empresarios Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, vinculados al conseguidor Víctor de Aldama, han negado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Koldo’, Ismael Moreno, haber pagado comisiones por los contratos de suministro de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia.
Ambos han declarado este viernes en calidad de investigados para negar que cometieran alguna actuación ilícita en los contratos para la adquisición de millones de mascarillas por parte de Transportes, cuando José Luis Ábalos era ministro.
Ábalos fue condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión por este caso. Por su parte, Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio de prisión en el mismo juicio, aunque su condena no se hará efectiva por su confesión.
Durante sus declaraciones, Cueto y Rotaeche han asegurado que desconocían las comisiones y los negocios ilícitos que se atribuyen a Aldama.
Cueto también se ha desvinculado de Soluciones de Gestión, la empresa que ejecutó la compra del material sanitario, y ha sostenido que sus compañías simplemente compartían sede con ella con el objetivo de reducir gastos.
La investigación sitúa, sin embargo, a Cueto como la persona que presuntamente controlaba Soluciones de Gestión, pese a que formalmente figuraba como propiedad de Rotaeche.
No son las primeras declaraciones de los empresarios de Aldama
No es la primera vez que Cueto defiende ante el juez la legalidad de su actuación. En su primera declaración como investigado, en febrero de 2024, al comienzo de la instrucción del ‘caso Koldo’, aseguró que había tratado de ayudar a los españoles con su actuación y que no había buscado aprovecharse de la venta de material sanitario.
En aquella comparecencia, el empresario se remitió a un informe elaborado por la consultora KPMG en 2021, que, según explicó, concluía que los precios de venta de las mascarillas se ajustaban a los precios de mercado.
Cueto añadió entonces que los márgenes de beneficio económico habían sido reducidos.
También explicó que la adquisición de las mascarillas había sido una operación «muy costosa», que implicó numerosos viajes a China. En esos desplazamientos habrían participado empresas certificadoras españolas para comprobar el material del producto.
La adquisición de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes comenzó siendo investigada en la Audiencia Nacional.
Sin embargo, la condición de diputado que ostentaba entonces el exministro José Luis Ábalos, y su consiguiente condición de aforado, provocó que una parte de la investigación fuera asumida y posteriormente juzgada por el Tribunal Supremo.
El alto tribunal declaró probadas irregularidades en esa operación.
