Nuria González no sabe de dónde viene su faceta de lucha por los derechos fundamentales de las personas, pero sí tiene claro hacia dónde la quiso orientar desde adolescente: a la protección de la mujer y las niñas.
Su fuerte compromiso con el activismo le llevó a continuar esa labor cuando se mudó a México a través de la Asociación L’Escola A.C. A su regreso a España no quiso dejar atrás el proyecto y en 2017 fundó la sede central en Granada. Un año más tarde, abrieron un segundo espacio en Tarragona.
Desde entonces, la organización se ha enfrentado a toda aquella situación que consideraban un atropello contra la dignidad y los derechos de la mujer: desde la creación del sindicato de prostitutas hasta los temas de alquiler de vientres o tratas de menores. Su último frente ha sido personarse como acusación y liderar la causa contra la deportación de 55 menores en Ceuta que se produjo en agosto de 2021 sin procedimiento legal alguno.
Una batalla que se inclinó a favor de L’Ascola A.C. y que contribuyó a la condena de María Isabel Deu y Salvadora Mateos, exvicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta y exdelegada del Gobierno, respectivamente, a 9 años de inhabilitación para ejercer un puesto público por un delito de prevaricación administrativa por ese hecho. Una sentencia que se conoció la pasada semana.
¿Qué le supone haber conseguido el objetivo por el que estaba luchando, en este caso, la salvaguarda de los derechos fundamentales de los niños?
Ejerzo como abogada especialista en Derechos Humanos desde hace 20 años, cualquier acción que sea avanzar hacia esa dirección me parece un triunfo. Y cualquier sentencia, sobre todo en España, que es un Estado muy reacio a aplicar convenios internacionales en sus fallos, y en esta se refleja el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la Convención del Derecho del Niño.
Para mí como abogada es una gran satisfacción. Cierto es que quien ha llevado el mayor peso del procedimiento ha sido la Fiscalía. Pero la denuncia inicial en la que se invocan los derechos fundamentales del niño, que se estaban violando, es nuestra.
¿Cree que en España se está haciendo lo suficiente por entender la situación de los menores no acompañados?
No. Porque todo está politizado de una forma utilitarista y electoralista… Para empezar, el término MENA (Menor No Acompañado) es un error. Porque lo que consigue es deshumanizar a los chavales.
Dentro de eso, hay de todo: no es lo mismo los chavales que ya casi rozan la mayoría de edad que niños de 14-15 años. Una cosa en la que estoy trabajando para darle visibilidad es que nadie se pregunta dónde están las niñas no acompañadas.
Porque ellas también salen de sus casas. Y estas acaban inmersas en delitos de trata o en burdeles. Sobre todo teniendo en cuenta que España figura como uno de los países donde más se consume prostitución.
El mercado de la trata y de la prostitución se nutre en gran medida de las niñas menores que emigran y nadie pone ninguna atención.
«Si no llegamos a poner nosotros la denuncia no se abre la causa. Nadie había denunciado la situación», cuenta Nuria González.
Como ha comentado antes, desde la asociación lideraron la demanda y le trasladaron los hechos a la Fiscalía de Menores de Granada. Más tarde, la Fiscalía se adhirió como acusación.
Si no llegamos a poner nosotros la denuncia no se abre la causa. Nadie había denunciado la situación.
Nosotros pusimos la denuncia en Granada porque, al ser un tema de menores, entendimos que se podía presentar la demanda ante cualquier Fiscalía. Al principio, la Fiscalía de Granada se mostró reticente a conocer del caso. Nos pusimos serios y al final la asumieron, porque debían hacerlo.
Este órgano dio traslado a la Fiscalía de Cádiz.
La sede en Granada fue clave, porque las asociaciones que se dedicaban a la tutela de menores no acompañados fueron los que nos comentaron el caso gracias a colaboraciones previas. Nos dieron traslado de esta situación porque conocían que teníamos medio jurídicos para seguir adelante. No todas las asociaciones tienen abogados en sus Juntas Directivas [risas].
Ahora que la inmigración está muy metida en el debate social, ¿cree que hay alguna herramienta para calmar las aguas de un debate tan agitado?
El problema que tenemos con la inmigración es que nadie quiere gestionarla. La inmigración tiene su parte buena, pero hay que saber gestionarla. Es inevitable el hecho de que hay un choque cultural. Y lo que no podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora: dejar que pasen las cosas sin ningún tipo de control.
La inmigración es un fenómeno que tiene muchas aristas, pero no se puede optar por el inmovilismo. Esto genera rechazo, situaciones de convivencia muy complicadas… Cuando digo gestionar me refiero incidir, no solo ordenar administrativamente.
¿Puede sentar un procedente esta resolución?
Yo creo que sí. Cualquiera que ahora quiera hacer un procedimiento no ajustado al Derecho se lo va a pensar mucho. Es raro que a un funcionario le caiga una condena por un delito que no sea económico, y aquí no hay ninguno y hay una condena muy importante.
¿Cuál es el origen de la asociación L’Ascola?
La Asociación nace en México en 2015, donde empezamos a trabajar con las feministas mexicanas en temas de derechos humanos, desaparición forzada, feminicidio… y en 2017 abrimos sede en España, con sede en Granada. En 2018 expandimos la asociación y la llevamos a Tarragona, que desde este punto es donde solemos movilizarnos.
Esta asociación está enfocada en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, y, por extensión, de los niños. Por eso nos metimos en el caso de la devolución ilegal de los 55 menores en Ceuta.
Pero nuestro principal foco está en el activismo. Y nos hemos metido en las batallas más grandes: abolicionismo de los sindicatos de prostitutas, vientres de alquiler..
«Yo soy la fundadora de la Asociación. Nuestros recursos son escasos, pues no contamos con subvenciones ni otro tipo de ayudas, así que aprovechamos los recursos que tenemos. En este caso, yo soy abogada. Cuando hacemos procesos judiciales los llevo yo».
¿Cuál es su papel en la Asociación?
Yo soy la fundadora de la Asociación. Nuestros recursos son escasos, pues no contamos con subvenciones ni otro tipo de ayudas, así que aprovechamos los recursos que tenemos. En este caso, yo soy abogada. Cuando hacemos procesos judiciales los llevo yo.
¿Siempre ha sido una activista en la lucha del feminismo?
Soy mujer, y soy muy consciente de que por ello hay determinadas discriminaciones que siempre van a estar ahí. Yo he militado en el feminismo desde adolescente. Viví en México durante cinco años y seguí adelante con mi activismo.
Los acontecimientos hicieron que las mujeres pudiera trabajar incluso dentro de las prisiones de México. Y al volver a España seguimos con los sindicatos, y de ahí nació la asociación a Granada en agosto de 2017. Y desde entonces hemos estado en algunas batallas de gran peso como la lucha contra el vientre de alquiler.
Somos fundadores de la plataforma Cataluña Abolicionista, Fuerza e las Mujeres y Internacional de Mujeres Feminista. Trabajamos a todos los niveles
¿Siempre ha tenido esa faceta tan luchadora ?
Así he sido siempre. Nunca pensé a dedicarme otra cosa, aunque de esto no vivo. Esta faceta de abogada de Derechos Humanos no me da ingresos, de esto no se vive… Esto lo hago porque yo, vocacionalmente, puedo utilizar los conocimientos que me da mi profesión para mi activismo.
