La Abogacía ha pedido este martes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se acuerde la suspensión automática de las vistas ante situaciones de emergencia como la alerta roja por lluvias de este lunes en Valencia, según ha informado en un comunicado.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia acordó ayer la dispensa de acudir a actuaciones jurisdiccionales por razones de fuerza mayor, algo que la Abogacía considera «insuficiente» y así se lo ha trasladado al Poder Judicial en la reunión que su presidente, Salvador González, mantuvo con la Comisión de Asuntos Institucionales del CGPJ.
«En situaciones como la de ayer, con alerta roja decretada, la regla general tendría que ser la suspensión automática de vistas y, subsidiariamente, que las vistas estén suspendidas salvo que los letrados de ambas partes soliciten su celebración por no estar afectados, es decir justo el sistema contrario que el propuesto por el TSJ de Valencia», ha afirmado González.
Según ha informado la Abogacía, la Comisión de Asuntos Institucionales del CGPJ se ha mostrado favorable a las propuestas trasladadas por la Abogacía, incluida la necesidad de contar en situaciones de emergencia con un marco legal «que genere seguridad jurídica y confianza en los profesionales y la ciudadanía». En este sentido, ha manifestado que abordará la cuestión nuevamente en su próximo Pleno.
El presidente de la Abogacía también ha informado al CGPJ sobre la creación de una comisión especial en el seno de Unión Profesional para abordar la actuación ante desastres naturales, y concretamente, sobre el grupo de trabajo jurídico coordinado por la Abogacía que va a solicitar la regulación de la suspensión de plazos procesales en situaciones de emergencia.
Más allá de la alerta roja de Valencia
En la reunión también se ha abordado la implantación de la Ley Eficiencia, tanto en lo relacionado con el uso de los MASC como de los Tribunales de Instancia.
La Abogacía ha transmitido que está detectando problemas con la aplicación de los MASC como requisito de procedibilidad en determinados procedimientos. Por ello ha pedido al CGPJ que le trasmita la información estadística que disponga sobre su aplicación, que los boletines estadísticos tengan en cuenta el número de demandas inadmitidas por incumplimiento de ese requisito de procedibilidad y que se realice un estudio específico sobre las medidas provisionales en los procedimientos de familia.
Del mismo modo, el CGPJ ha trasladado a la Abogacía su «preocupación» por la implantación de la Ley de Eficiencia. Según ha asegurado la Abogacía, el CGPJ se ha comprometido a estudiar las diferentes propuestas realizadas y, como medida inmediata, la creación del repositorio común de acuerdos dictados en los diferentes juzgados y tribunales para la unificación de criterios sobre los MASC como requisito de procedibilidad, como propuso la Abogacía.
Este encuentro forma parte de las reuniones periódicas que mantiene la Abogacía con el CGPJ. Fruto de esta colaboración institucional fueron las dos ediciones del curso sobre la nueva Ley de Eficiencia, que se celebraron la pasada primavera y que fueron seguidos por cerca de 20.000 profesionales de la abogacía.
En la reunión también se ha tratado la renovación del Poder Judicial y la Abogacía trasladó la importancia de que sea una reforma de consenso. «La Justicia no debe ser objeto de enfrentamiento entre los grandes partidos», ha señalado el presidente, que también reclamó que el futuro CGPJ cuente de forma obligatoria entre sus miembros con representantes de la abogacía.
«La presencia de la abogacía en este poder del Estado refuerza su independencia de la política y contribuye a generar un órgano más plural, enfocado siempre al servicio a la sociedad», ha asegurado.
