Habló sin rodeos, con la serenidad de quien ha visto demasiado. Rosa Ana Morán, fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, no utiliza eufemismos: “Podemos detener cargamentos, pero si no confiscamos sus fortunas, el negocio sigue en marcha. El dinero es el corazón del narcotráfico. Si no lo paramos, late de nuevo. Es la única forma».
Lo dice después de años siguiendo la pista de organizaciones que introducen toneladas de cocaína por los puertos españoles y exportan marihuana a media Europa.
En su opinión, el problema ya no es solo sanitario o social. Es, sobre todo, económico y estructural. “El narcotráfico es un negocio colosal. Mientras siga siendo rentable, seguirá creciendo”, advirtió durante su intervención en las XIX Jornadas de Documentos Jurídicos y Psiquiátricos, celebradas el pasado fin de semana en Sevilla.
El evento, organizado por la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental y por la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, bajo la dirección de Julio Antonio Guija y María José Moreno, tuvo lugar en el Hotel Sevilla Center y reunió a un total de 60 participantes –33 psiquiatras y 27 juristas– entre el viernes y el sábado para debatir sobre: «Las drogas y su legalización: Aspectos jurídicos y psiquiátricos».
El dinero como arma de guerra
Morán explicó a los asistentes que el dinero es el corazón del crimen organizado. Las redes no viven de la droga sino del flujo constante de beneficios que blanquean en negocios aparentemente legales: inmobiliarias, empresas pantalla, compraventa de vehículos, criptomonedas.
“España es el tercer país en cantidad de entrada de cocaína, y podríamos ser pronto el primero”, alertó. “El tráfico de drogas ya no es una amenaza silenciosa, se está consolidando como una amenaza real que deteriora la seguridad y la confianza en las instituciones”.
Según explicó, las mafias internacionales operan con sofisticación tecnológica, violencia y corrupción, y están infiltrando sus ganancias en la economía legal: “Cada año se blanquea entre el 2% y el 5% del PIB mundial; en España eso equivale a más de 1,5 billones de euros. Y no estamos recuperando ni una mínima parte de ese dinero”.
El resultado es devastador. Ese dinero ilícito compra voluntades, financia abogados de lujo y penetra en la economía legal, distorsionando la competencia y erosionando las instituciones. “No solo trafican con drogas —resume—, trafican con poder y con impunidad».
Desigualdad de medios
Mientras las mafias manejan fortunas, la Fiscalía Especial Antidroga, el órgano cuyo cometido es el de perseguir los delitos más graves de narcotráfico y crimen organizado trabaja con recursos limitados porque solo cuenta con 17 fiscales.
Morán subraya un dato ilustrativo: “En algunos juicios somos dos fiscales frente a 54 abogados defensores, todos pagados con dinero del narco».
El contraste, dijo, es brutal. La capacidad del Estado para investigar y perseguir el patrimonio criminal no está a la altura del desafío. “Tenemos leyes adecuadas, pero faltan medios humanos y tecnológicos. La investigación patrimonial no es un lujo, es una necesidad».
La fiscal jefe Antidroga reclamó una revisión urgente del reparto del Fondo de Bienes Decomisados, instrumento creado por el Plan Nacional sobre Drogas para reinvertir los activos confiscados en prevención y tratamiento.
“Es fundamental mantener la ayuda social, pero también debemos destinar una parte significativa a fortalecer la investigación patrimonial y la persecución financiera», opinó.
Seguir la pista del dinero
La estrategia que defiende Morán, la primera mujer en la historia de la Fiscalía en ocupar la jefatura de una de las tres Fiscalías Especiales (Audiencia Nacional, Antidroga y Anticorrupción), es clara y técnica.
Primero, rastrear los flujos financieros desde el primer indicio de delito; segundo, embargar y congelar activos de forma preventiva para impedir que se diluyan en estructuras complejas; tercero, impulsar la cooperación internacional, especialmente en la Unión Europea, para facilitar decomisos transfronterizos; y cuarto, reforzar la formación de fiscales, jueces y policías en auditoría forense, análisis financiero y trazado de criptomonedas.
Estas medidas, explicó, no solo asfixiarían estas redes sino que tendrían un efecto disuasorio: “Cuando se toca el dinero, se toca el nervio del negocio. Sin dinero, las organizaciones se desmoronan».
La corrupción, la otra cara
Morán no eludió tampoco un tema incómodo: la corrupción. El narcotráfico necesita cómplices. “Hay puertos y aduanas donde los narcos compran silencio. No siempre se trata de policías o guardias civiles; también hay funcionarios, estibadores y trabajadores de empresas privadas», reveló.
Recordó la reciente operación en el puerto de Valencia, donde fueron detenidas 84 personas implicadas en el tráfico de cocaína. “Ninguna pertenecía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero demuestra cómo se infiltran en la estructura económica y laboral».
También rindió homenaje a los dos guardias civiles asesinados en Barbate, aludiendo al aumento de la violencia vinculada a las narcolanchas en el Estrecho: “La droga está costando vidas, y está desestabilizando zonas enteras del país”.
Para Morán, cada caso de corrupción es una puerta abierta al crimen organizado. “Si no se persigue con firmeza, socava la confianza en las instituciones y debilita el Estado de derecho».
El narcotráfico, hizo hincapié la fiscal jefe antidroga, no conoce fronteras. España, por su posición geográfica, es la puerta de entrada a Europa para la cocaína latinoamericana y el hachís marroquí. “Somos el tercer país europeo en llegada de cocaína y el primer productor de cannabis de la Unión Europea”, indicó.
La situación, añadió, “ya no es un problema local, sino global”. Por eso insistió en la necesidad de cooperación internacional: compartir inteligencia, coordinar decomisos y unificar criterios para impedir que los delincuentes se aprovechen de las diferencias jurídicas entre países.
Ni resignación ni derrotismo
Pese a la magnitud del desafío, Morán rechazó el pesimismo. “No creo que el sistema represivo haya fracasado. Ningún Código Penal acaba con el delito, pero sin él no hay justicia. Lo importante es mejorar nuestras herramientas».
Por eso reclamó un pacto institucional que combine tres frentes: represión eficaz, prevención sólida y atención humana a los adictos. “Los consumidores son personas vulnerables. A ellos hay que ayudarles; a los narcotraficantes, hay que quitarles el dinero.”
Contra la legalización y a favor de la cooperación
Frente a las voces que abogan por legalizar el cannabis, la fiscal jw Antidroga fue tajante: “No estamos preparados ni informados para debatir una legalización responsable. Los países que lo han hecho no han conseguido reducir el mercado ilegal”.
Morán citó el caso de Nueva York, donde el cannabis recreativo ha incrementado la oferta ilegal y degradado el espacio público: “Toda la ciudad huele a cannabis, y el mercado ilegal no ha desaparecido; solo ha cambiado de manos”.
En su intervención final, Rosa Ana Morán resumió su mensaje con una advertencia clara: “El tráfico de drogas no es solo un problema de delincuencia. Es un problema de Estado, global y sistémico. Si no lo abordamos con decisión y cooperación, la droga seguirá destruyendo vidas, instituciones y entornos naturales”.
