La fiscal jefe Antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán Martínez, lanzó este martes un mensaje sin rodeos: España debe asumir que tiene “un problema de delincuencia organizada” y afrontar reformas estructurales para combatirlo.
Propone especializar juzgados, revisar las competencias de la Audiencia Nacional y tipificar con claridad la tenencia y transporte de gasolina vinculados al tráfico de drogas.
Morán hizo estas declaraciones en el marco del II Congreso de Legislación Antinarcotráfico, celebrado en A Estrada (Pontevedra), donde expuso la estrategia de la Fiscalía Antidroga que ella dirige.
Agradeció el trabajo de la Fundación Galega contra o Narcotráfico y advirtió contra el “desánimo social” cuando los resultados tardan en llegar. “No podemos abandonar esta batalla”, dijo.
Su primera propuesta apunta a la Audiencia Nacional: “Es necesario modificar y revisar sus competencias con una visión estratégica”. A su juicio, el diseño actual “no responde a las necesidades de la sociedad española”.
Corrupción en los cuerpos de seguridad
Morán abordó de forma directa la “corrupción en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en funcionarios de Aduanas”. No cree que exista un problema sistémico, pero sí reconoce que “algunos casos hacen mucho daño”.
Recordó el arresto del exjefe de la UDEF por narcotráfico como ejemplo y subrayó que la intervención de la Audiencia Nacional fue clave para destapar la organización que operaba detrás.
Abogó también por la especialización de juzgados en delincuencia organizada, una posibilidad contemplada en la Ley de Eficiencia Procesal. La calificó como “una ley de esperanza”, pero advirtió: “No puede ser a coste cero”.
La fiscal insistió en que la especialización exige un paso previo: reconocer la dimensión real del fenómeno. “España tiene un problema de delincuencia organizada en general, no solo de narcotráfico”, señaló.
Y añadió: “No termina hasta que hay sentencia y se recuperan los bienes. La operación policial no es el final”.
Transporte de gasolina y nuevas sustancias
Morán defendió tipificar la tenencia y transporte de gasolina cuando se destina a operaciones de narcotráfico, evitando que siga siendo solo una infracción administrativa.
Reclamó además que la Ley de Estupefacientes permita responder con rapidez a las nuevas sustancias psicoactivas. Recordó que basta una mínima alteración molecular para eludir su fiscalización y pidió seguir modelos de países que regulan por grupos químicos, no solo por sustancias concretas.
Sobre el cannabis con altos niveles de THC, reclamó un estudio específico. Las últimas incautaciones en Barcelona mostraron concentraciones “más del 50% superiores a las habituales”, con un “grave riesgo para la salud”.
Planteó, asimismo, considerar como agravante la defraudación de fluido eléctrico ligada al cultivo de drogas y valorar cuándo estos hechos pueden constituir un delito contra el medio ambiente.
Un nuevo modelo criminal
Morán alertó de que las organizaciones actuales ya no actúan como estructuras cerradas: subcontratan servicios —transporte, narcolanchas, blanqueo— a empresas y especialistas.
Propuso revisar la figura de colaboración con organización criminal para facilitar la práctica de la prueba en juicio y poder considerar “organización” ese tipo de vínculos directos.
Cerró su intervención con un aviso: “Las drogas no son solo un problema de salud pública. Traen inseguridad, alimentan la delincuencia organizada y están detrás de violencia de género, delitos contra menores, explotación y formas modernas de esclavitud”.
