Los participantes en las XIX Jornadas de Documentos Jurídicos y Psiquiátricos, que cada año se celebra en Sevilla, han coincidido, a través de una encuesta realizada a lo largo de los dos días de celebración de estos relevantes encuentros, en que el modelo vigente español no ha sido eficaz para reducir el consumo y el tráfico de drogas.
Un 50 % de los psiquiatras, entre los que se encuentran los catedráticos, jefes de departamentos y médicos forenses más relevantes de nuestro país, opinaron rotúndamente que no; un 38,5 afirmaron que parcialmente y un 11,5 % aseguraron que sí.
La proporción de los juristas, entre los que se encontraban magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de juzgados de instrucción, Secciones de lo Penal y fiscales, que se pronunciaron de forma negativa fue de un 46,7 %. La misma proporción, un 46,7 %, subrayaron que parcialmente; un 6,6 % contestaron que sí.
El evento, organizado por la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental y por la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, bajo la dirección de Julio Antonio Guija y María José Moreno, tuvo lugar en el Hotel Sevilla Center y reunió a un total de 60 participantes –33 psiquiatras y 27 juristas– entre el viernes y el sábado para debatir sobre: «Las drogas y su legalización: Aspectos jurídicos y psiquiátricos».
Las jornadas fueron inauguradas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río. y por Marina Díaz, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría y Salud Mental, y estuvieron divididas en dos mesas.
En la primera tomaron parte Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal Constitucional, Ceciliio del Álamo, catedrático de Farmacología, Rosa Ana Morán, fiscal jefe Antidroga de la Audiencia Nacional y Rodrigo Oraa, psiquiatra y jefe del Servicio de Adicciones de la Red de Salud Mental Bizkaia. Una mesa que estuvo moderada por Marina Díaz.
De la segunda mesa, que tuvo lugar el sábado, formaron parte, Carlos Roncero, profesor titular de Psiquiatría de la Universidad de Salamanca, José Luis Ramírez, letrado del Tribunal Constitucional, Ana Gálvez, psiquiatra infantil y de la adolescencia del Centro de día terapéutico para adolescentes y jóvenes con adicciones del Instituto Madrid Salud/Proyecto Hombre, y María Ángeles Parra, magistrada de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. La moderación corrió a cargo de Manuel Martín, presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental.
De la encuesta realizada a los participantes emerge la fotografía de una acusada división entre los dos colectivos. Mientras unos observan el fenómeno desde el prisma de la salud mental y sus consecuencias clínicas, otros lo analizan desde la perspectiva del derecho, la libertad individual y la eficacia del sistema punitivo.
Esta divergencia no es meramente académica, sino que refleja dos filosofías distintas sobre cómo abordar uno de los problemas más complejos de nuestro tiempo.
El Mercado Negro: Optimismo Legal vs Escepticismo Clínico
Una de las diferencias más marcadas entre ambos colectivos surge al evaluar si la legalización podría desmantelar el mercado negro y debilitar las estructuras del narcotráfico.
Los juristas adoptan una postura considerablemente más optimista, confiando en que la regulación estatal podría erosionar los cimientos económicos del crimen organizado. Su razonamiento se apoya en la experiencia histórica: la prohibición del alcohol en Estados Unidos fortaleció mafias que colapsaron tras la legalización.
Sin embargo, los psiquiatras se muestran escépticos. Un contundente 48% no cree que la legalización logre reducir significativamente el mercado ilegal.
Esta desconfianza podría derivarse de su experiencia clínica directa con pacientes cuyas adicciones trascienden la disponibilidad legal o ilegal de las sustancias. Para el profesional de la salud mental, el problema radica menos en quién vende la droga y más en la vulnerabilidad psicológica del consumidor.
La gran controversia: ¿aumentaría el consumo?
La cuestión más divisiva entre ambos grupos es el posible impacto sobre los niveles de consumo. Aquí la brecha se ensancha drásticamente: mientras el 70% de los psiquiatras considera que la legalización incrementaría el consumo de sustancias tóxicas, solo el 33% de los juristas comparte esta preocupación.
Esta disparidad no es trivial. Los psiquiatras, testigos cotidianos del deterioro cognitivo, los trastornos psicóticos inducidos por sustancias y las comorbilidades asociadas al consumo crónico, interpretan la accesibilidad como un factor de riesgo directo.
Su pesimismo se alimenta de la evidencia clínica: cada paciente con esquizofrenia exacerbada por el cannabis, cada episodio depresivo profundizado por el alcohol, cada urgencia por sobredosis de opiáceos.
Los juristas, en cambio, confían más en los mecanismos de regulación, educación y control estatal. Su perspectiva se nutre de experiencias internacionales como la de Portugal, donde la despenalización no disparó el consumo, o los estados estadounidenses que han regulado el cannabis sin observar aumentos descontrolados. Para ellos, la prohibición no ha demostrado ser eficaz como mecanismo disuasorio.
El fantasma de la normalización social
Otro punto de fricción importante reside en el riesgo de normalización. Los psiquiatras perciben un peligro elevado: temen que la legalización envíe un mensaje implícito de inocuidad, especialmente a las poblaciones más vulnerables como adolescentes y jóvenes adultos.
En las consultas psiquiátricas, la banalización del consumo de cannabis ya es un fenómeno observable, y la legalización podría intensificar esta tendencia.
Aunque más del 50% de los juristas también reconoce este riesgo, su preocupación es menos uniforme.
Entre ellos, la opción «no necesariamente» gana más peso. Argumentan que la regulación puede acompañarse de campañas educativas robustas, restricciones publicitarias estrictas y políticas de salud pública que contextualicen el riesgo sin criminalizar al usuario.
Liderazgo político: ¿salud pública o enfoque multidisciplinar?
Las diferencias también emergen al considerar quién debería liderar las políticas sobre drogas. Los psiquiatras defienden claramente que estas políticas deben enmarcarse dentro de la salud pública, bajo la tutela de profesionales sanitarios que comprendan las implicaciones neurobiológicas y psicológicas del consumo.
Los juristas, en cambio, abogan por un enfoque más plural. Valoran la colaboración interdisciplinar que integre la reducción de la oferta y la demanda, así como el ámbito educativo como pilar fundamental. Desconfían de medicalizar excesivamente un problema que tiene raíces sociales, económicas y culturales profundas.
La evidencia científica: un peso desigual
Un matiz revelador es cómo cada grupo pondera la evidencia científica sobre los efectos de las drogas en la salud mental: psicosis, ansiedad, depresión, suicidio. Para los psiquiatras, esta evidencia es decisiva y central en cualquier deliberación sobre política de drogas. Los datos sobre neurotoxicidad, adicción y patología dual no son abstracciones académicas, sino realidades clínicas diarias.
Los juristas, aunque no ignoran esta evidencia, no la sitúan en el mismo pedestal. Consideran que debe equilibrarse con otros factores: la libertad individual, la proporcionalidad de las penas, la sobrecarga del sistema penal, el fracaso histórico de la prohibición y los costes sociales del mercado negro.
Consensos en medio del desacuerdo
A pesar de las divergencias, existen puntos de encuentro significativos. Tanto psiquiatras como juristas coinciden categóricamente en que ni la cocaína, ni las drogas de síntesis, ni los opiáceos deberían legalizarse. El acuerdo es completo para estas sustancias, evidenciando que ambos grupos reconocen umbrales de riesgo inaceptables.
Además, si España decidiera avanzar de manera escalonada hacia alguna forma de regulación, existe consenso en que el cannabis debería ser la primera sustancia a considerar.
Este acuerdo refleja un pragmatismo compartido: el cannabis, pese a sus riesgos, es la droga ilegal más consumida, la que genera mayor actividad del mercado negro y la que, en experiencias internacionales, ha mostrado ser regulable sin colapsos sociales.
Dos lógicas, una realidad compleja
Esta divergencia entre psiquiatras y juristas no debe interpretarse como un enfrentamiento estéril, sino como el reflejo de la complejidad inherente al problema de las drogas. Los primeros priorizan la prevención del daño individual y la salud mental; los segundos enfatizan la justicia, la proporcionalidad y la eficacia sistémica.
Ambas perspectivas son necesarias. Una política de drogas exclusivamente sanitaria podría pecar de paternalista e ignorar dimensiones sociales cruciales. Una política exclusivamente jurídica podría subestimar las consecuencias devastadoras del consumo problemático en la salud pública.
El desafío de España, como el de cualquier sociedad que afronte este debate, consiste en integrar ambas visiones: construir un modelo que proteja la salud mental sin criminalizar innecesariamente, que reduzca el poder del narcotráfico sin banalizar los riesgos, que eduque sin moralizar y que regule sin normalizar.
El debate entre psiquiatras y juristas no es un obstáculo, sino el síntoma de una democracia madura que delibera sobre cuestiones difíciles desde múltiples saberes. La pregunta no es quién tiene razón, sino cómo construir una síntesis que recoja lo mejor de cada mirada.
